El pedido de la fiscal Adriana Umpiérrez de procesar (someter a juicio) con prisión por "torturas" a 17 de 26 funcionarios involucrados en un episodio de agresiones a jóvenes internados en un centro de reclusión para menores, fue aceptado este viernes por el juez del caso, Gustavo Iribarren, informó a la prensa el abogado de uno de los acusados.
Aníbal Martínez Chader, quien representa a uno de los funcionarios ahora detenidos, acotó en declaraciones al local Canal 4 que hubo nueve procesados que tendrán su juicio en libertad, entre los cuales figura el vicepresidente de la central obrera única PIT-CNT, José Lorenzo López.
El video del episodio durante el cual un numeroso grupo de funcionarios del centro de reclusión voltean, esposan y golpean a varios internos que habían roto una tapa de drenaje pero que no opusieron resistencia al procedimiento, generaron conmoción en Uruguay.
Del total de funcionarios del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) para infractores juveniles que serán sometidos a juicio, 17 lo serán bajo cargo de torturas y 9 son considerados cómplices.
La fiscal Umpiérrez había pedido el jueves que todos los acusados permanecieran en prisión durante el juicio.
"Lo que fiscalía entendió es que (el hecho) se ajustaba al marco legal de tortura" y que existió "trato cruel, inhumano y degradante para con los internos", explicó la fiscal en rueda de prensa.
La abogada Verónica Carneiro, defensora de los internos afectados, calificó la decisión de la Justicia de "histórica" y "positiva", en declaraciones a una radio local. La letrada dijo que este tipo de acciones deben "terminar" y que se debe proceder a una reforma del sistema correccional de menores que "garantice los derechos humanos" de los internos.
Según las leyes uruguayas, la decisión de un juez de procesar (enjuiciar) a una persona significa que el magistrado tiene "convicción" de que el individuo participó de algún hecho delicitivo. A partir del procesamiento, se inicia el juicio y los abogados de los acusados pueden apelar tanto el procesamiento como la decisión del juez de mantenerlos en prisión durante el juicio.
El caso generó una tormenta política en las últimas horas, con una interpelación a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y acusaciones cruzadas de los sindicatos del sector contra el gobierno de Tabaré Vázquez.
Uno de los princiapales dirigentes del sindicato de trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), en cuya órbita funciona el centro en el que ocurrió la golpiza, calificó de "disparate" el fallo judicial y acusó al gobierno de montar una "operación política" para terminar con el gremio.
"Hay una operación política para destruir la organización sindical y en particular al presidente de nuestro sindicato", expresó Carlos Salaberry en declaraciones radiales.
"Se toma de rehenes a 16 trabajadores" a los cuales "es un disparate aplicarle el delito de tortura", señaló, acusando a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, de la cual dependen los fiscales, por ese resultado en los tribunales.
La ministra había señalado que el líder del sindicato, José Lorenzo López, quien aparece en las imágenes presenciando los hechos sin intervenir, debería dejar sus funciones.
Las penas para los acusados pueden ir de 20 meses de prisión hasta ocho años de penitenciaría. En el pedido de la fiscalía se consideró que se trataba de un delito no excarcelable.
El polémico video provino de una cámara de seguridad y fue divulgado de forma anónima.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, había reaccionado condenando el incidente y pidiendo al gobierno uruguayo tomar cartas en el asunto, pues la tortura es un delito que se enmarca en las disposiciones del tratado de Roma sobre violaciones a los derechos humanos.
mr/cd
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