Valencia pide a gallardón cambios en el sistema de financiación de la justicia

El conseller valenciano de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, defendió este lunes la necesidad de cambiar el sistema actual de financiación “por otro más igualitario, solidario y objetivo, que termine con las desigualdades”, y se mostró convencido de que la mejora de la actual financiación de la Justicia es un problema que debe ser resuelto a nivel nacional, y con todos los intervinientes: Ministerio de Justicia, CGPJ y Comunidades Autónomas, entre otras instituciones.
Cabré, que mantuvo en Madrid una primera toma de contacto con el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, subrayó que la Generalitat ha puesto en funcionamiento 71 nuevas unidades judiciales en la última legislatura (2007-2011), lo que ha supuesto una inversión de más de 28 millones de euros.
“Sin embargo, este esfuerzo presupuestario no tuvo su correlativa respuesta por parte del Gobierno socialista: nuestra región se encuentra en el penúltimo lugar entre las comunidades autónomas en cuanto a financiación por habitante”, se lamentó.
El conseller apostó por otras vías de financiación provenientes de la gestión de la administración de Justicia en la comunidad valenciana y propuso la reversión a la Generalitat del importe de los gastos mobiliarios e inmobiliarios ocasionados por la apertura de nuevos órganos judiciales y la actualización de su coste de funcionamiento, así como los rendimientos que generan las cuentas de depósitos y consignaciones de los juzgados y tribunales de la región (que en cuatro años habría supuesto unos 25 millones de euros).
Igualmente pidió la reversión del importe recaudado por la tasa por litigar en los asuntos civiles y contencioso-administrativos presentados en los juzgados valencianos (solo en 2010, casi 19 millones de euros); el importe de las multas que se impongan en procedimientos tramitados en la Comunitat, el producto de la subasta de las piezas de convicción y bienes decomisados en los asuntos que conozcan los juzgados de la Comunitat, o la adjudicación de las cantidades depositadas que no pueden devolverse a los particulares, o que éstos renuncian a recoger.