Villarejo niega "algún tipo de encargo" para destruir documentos en el Windsor

  • El excomisario asegura que ninguna "entidad" o "persona" le contrató para "sustraer o destruir" documentos albergados en el edificio.
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El excomisario de policía José Manuel Villarejo se desmarca de su implicación en el incendio del Windsor. "Es rotundamente falso que hubiese a mi persona algún tipo de encargo, de entidad alguna o de persona alguna, para sustraer o destruir físicamente documentos albergados en el edificio Windsor", asegura a través de un comunicado.

En las últimas horas, el diario moncloa.com ha publicado informaciones que vinculan el incendio en el inmueble, que entonces era sede de Deloitte, con la destrucción de documentación que podría comprometer al expresidente de BBVA, Francisco González.

Villarejo, a través del citado comunicado, asegura que "el documento filtrado a un medio de comunicación sobre esta presunta operación, y que acreditaría su razón de ser y su sentido, es simplemente una falsificación". En este mismo sentido, el excomisario afirma que ese documento "nunca fue realizado ni por mí personalmente ni por una persona bajo mi encargo o conocimiento. Se trata, en esencia, de una fábula", resume. 

Según el excomisario, atribuirle a él la autoría de tan "rocambolescas y fraudulentas filtraciones" sobre el Windsor sería la "prueba viva, clamorosa y actualizada del despropósito por parte del juez, que no hacen sino provocar daños morales y de salud" a su familia y a él mismo, ahondando en los que lleva padeciendo un año y medio.

Irónicamente, Villarejo señala que cuando murió John Kennedy él tenía dos años, en clara referencia a un crimen del que sigue sin aclararse la autoría y que, según él, también le podrían adjudicar llegados a este punto. Aunque no descarta que en otras circunstancias se le pudiera culpar.

Por último, anima a los periodistas e historiadores a revisar si en los últimos años se ha llevado a cabo "un juicio paralelo más descarnado y cruel contra alguna persona pública en este país". En este caso, señala a funcionarios públicos como contaminadores "presuntamente perpetrando delitos graves al suministrar de forma diaria a la opinión pública" información sobre él. Según Villarejo, hay que identificar a estos individuos "para la salvaguarda de las garantías del Estado de Derecho en España".

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