Manila, 28 may.- El proceso de destitución del presidente del Tribunal Supremo de Filipinas, Renato Corona, acusado de corrupción y dejación de sus funciones, quedó hoy listo para que el Senado emita un fallo mañana.
Los fiscales y la defensas centraron su última intervención en las cuentas bancarias con millones de dólares y pesos que Corona había omitido en su declaración de bienes.
El presidente del Supremo, en su última intervención, sucedida el viernes pasado ante los 23 senadores que decidirán si sigue en el cargo, admitió la existencia de varios depósitos con 2,4 millones de dólares y más de 80 millones de pesos (1,83 millones de dólares o 1,36 millones de euros).
Su defensa insistió hoy, en los argumentos finales, que los dólares no fueron declarados porque los depósitos con divisas extranjeras son confidenciales, según la actual legislación.
En cuanto a los pesos, explicó que provienen de una propiedad de la familia de su esposa, Cristina, vendida al Ayuntamiento de Manila por 34 millones de pesos a través de la empresa familiar, Basa Guidote Enterprises Inc.
El portavoz de la Fiscalía, el senador Niel Tupas, acusó a Corona de mentir en la declaración de sus bienes.
"El presidente del Supremo debe responder ante la gente por sus errores. Nuestra búsqueda de la verdad nos ha revelado que mintió en su declaración para ocultar su enorme fortuna", afirmó Tupas.
En la misma línea, la portavoz gubernamental Abigail Valte señaló en una declaración ante la prensa que existen "razones de peso" para destituir al presidente del Supremo.
Corona atribuye su proceso de destitución al deseo de venganza del presidente del país, Benigno Aquino, porque el Supremo le expropió a su familia el latifundio Hacienda Luisita.
Corona fue nombrado en el cargo en mayo de 2010 por la entonces presidenta del país, Gloria Macapagal Arroyo, un mes antes de que venciese su mandato.
Desde que Aquino fue investido el 30 de junio de 2010, se han sucedido sus enfrentamientos con el Supremo, a la que acusa de ser próxima a Arroyo.
El primero choque se produjo cuando la alta magistratura invalidó la Comisión de la Verdad creada por Aquino para investigar las acusaciones de fraude del Ejecutivo anterior.
El pasado noviembre, el actual presidente filipino acusó al Supremo de obstaculizar su campaña contra la corrupción y de proteger a Arroyo ante la Justicia.
La expresidenta Arroyo fue detenida el año pasado acusada de corrupción y también se han abierto procesos judiciales contra su esposo, José Miguel, y miembros de su Gobierno.
Esta es la primera vez que el presidente del Supremo de Filipinas afronta un proceso de destitución.
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