España, ante
el abismo
de la pobreza


CRISTINA ALONSO


Nerea de Bilbao
Diseño e infografía

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España se asoma con pavor al abismo de la pobreza. La emergencia social sin precedentes que ha provocado la pandemia del coronavirus ha encontrado respuesta en una red de despensas solidarias que se reparten a lo largo y ancho del territorio y que han dado lugar a escenas que nadie sospechaba presenciar en este país en pleno siglo XXI. Son las ‘colas del hambre’ y allí se agolpan a diario decenas de miles de personas. Ana es una de ellas. A su pesar, esta madre soltera ha tenido que recurrir a la caridad para poder dar de comer a su hija por primera vez en su vida. No es un caso aislado. La Cruz Roja ha atendido a más de 2,26 millones de ciudadanos desde el pasado mes de marzo y asisten con preocupación al auge de un nuevo perfil entre los demandantes de auxilio: extranjeros, pero también españoles que nunca antes habían llamado a su puerta y que ahora se han visto obligados a hacerlo tras quedarse sin trabajo o sufrir ajustes salariales y no poder hacer frente a sus necesidades básicas. No poder pagar el alquiler se convierte en el menor de sus problemas cuando a duras penas pueden comer.

El sistema de protección social ya estaba roto antes de la pandemia. Lo constató el Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos en su visita a España entre los días 27 de enero y 7 de febrero, cuando las autoridades sanitarias aún no preveían la hecatombe. En su demoledor informe, Philip Alston dejó constancia de “aterradores niveles de pobreza y exclusión social”, una desigualdad “escandalosamente elevada” y unas políticas públicas insuficientemente financiadas, que no llegan a las personas que realmente necesitan ayuda. Los pobres ya estaban ahí, pero fueron invisibles hasta que se acumularon en las ‘colas del hambre’. Ahora la sociedad camina hacia la nueva normalidad, en un tránsito solo interrumpido por las alarmas que saltan cada vez que se detecta un rebrote en el mapa. Pero la realidad es que este país no volverá a ser el que era, al menos no a corto ni a medio plazo, pues cada vez más voces advierten de que la pobreza va a crecer por encima del nivel estructural y el Gobierno corre el riesgo de caer en la trampa de “zombificar” a familias y empresas con un esquema permanente de sostenimiento de rentas y avales públicos.

El diagnóstico es asolador. El indicador AROPE muestra que 12.188.288 personas, que suponen el 26,1% de la población española, están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Con datos de 2018, los últimos disponibles, este índice de referencia sitúa a España como el séptimo país de la UE con la tasa más elevada. La media comunitaria es del 21,8%. Un análisis pormenorizado revela que el 55,3% de los ciudadanos tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 10,7% de los menores de 60 años viven en hogares con baja intensidad de trabajo. En consecuencia, el 34,1% de los españoles no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año y el 35,9% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Son porcentajes, hay que insistir, anteriores a la irrupción de la crisis sanitaria, y por tanto todavía no recogen sus devastadoras consecuencias económicas, que se han cebado precisamente con estos colectivos más vulnerables.

La llegada de la pandemia el pasado mes de marzo no hizo más que agravar esta crudeza social. Pese a que el Gobierno se volcó en activar un amplio escudo de protección económica, las ayudas no siempre llegaron a tiempo. Prestaciones públicas como los ERTE o la medida estrella puesta en marcha por el Ejecutivo durante esta crisis sanitaria, el Ingreso Mínimo Vital, se han demorado por meses. Un colapso administrativo que ha provocado que miles de personas hayan tenido que acudir al auxilio social. La subdirectora de Intervención Social de Cruz Roja, Olga Díaz, asegura que el 83% de las demandas de ayuda que han recibido desde el estado de alarma han procedido de ciudadanos que nunca antes habían recurrido a esta institución humanitaria. Durante una primera fase de la pandemia estuvieron centrados en cubrir necesidades básicas, sobre todo de alimentación, pero ahora se han desencadenado los problemas para hacer frente a suministros básicos o al pago del alquiler. El futuro no es nada halagüeño: “Nos hemos enfrentado a una avalancha de peticiones de auxilio única en la historia y todavía quedan meses muy difíciles por delante”, presagia Díaz.

“Escenario de elevada incertidumbre”. Un enunciado que se repite como un mantra en las páginas de los informes de previsiones emitidos en las últimas semanas por organismos nacionales e internacionales. El punto de coincidencia es un hundimiento de la economía española superior al 10% este año y un incremento de la tasa de paro que en caso de rebrote del virus en otoño llegaría a desbordar el 25%. Una de cada cuarto personas activas estaría sin trabajo, una proporción que recuerda a los peores años de la crisis financiera del euro. De nuevo, España se adentra en una larga travesía en el desierto que dejará más vencidos que vencedores, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Oxfam Intermon ha alertado de que si la reconstrucción no tiene como pilares la protección de las rentas salariales y de los derechos laborales se enviará a la pobreza a 700.000 personas. Save the Children teme que la pobreza severa infantil aumentará un 15% este año y uno de cada tres niños estará en riesgo de exclusión social si no se actúa para atajar sus carencias.

En el ámbito académico han saltado todas las alarmas. Los expertos insisten en que la incertidumbre complica cualquier proyección, pero eso no impide identificar a los colectivos con más riesgo de quedarse atrás en esta crisis. El economista José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y profesor de la Universidad Complutense, pone el foco en los trabajadores menos cualificados. Serán estos los que, a su juicio, sufrirán más en esta recesión. No así la población activa con un nivel de cualificación más elevado, que tiene una mayor probabilidad de teletrabajar y acogerse a los ERTE. Al contrario, los que tienen una menor formación y especialmente los jóvenes, que alcanzan niveles de temporalidad y precariedad por encima de la media, “serán los grandes perdedores”. Conde-Ruiz recuerda que “estos trabajadores ya han sido despedidos en marzo o no van a ser contratados en la campaña turística del verano ante la caída de la demanda de turistas, principalmente internacionales”. Esto, advierte, “va a generar un aumento de la pobreza por encima del nivel estructural, que en España ya era excesivamente alto, y el consiguiente aumento de la desigualdad”.

Se da por descontado, como indica Conde-Ruiz, que el impacto de esta crisis va a ser asimétrico, no solo por países y por sectores, sino también por individuos. La Comisión Europea ha advertido de efectos “desproporcionados” sobre el empleo para una economía como la española, esencialmente basada en el sector servicios. La distancia social que rige en la nueva normalidad y los cambios en el comportamiento de los consumidores tendrán un “impacto duradero” en actividades que requieren de interacción personal, como la hostelería o el entretenimiento. Un fenómeno que lastrará el crecimiento potencial a futuro en tanto no se apliquen las reformas estructurales que el país tiene pendientes en ámbitos como el laboral, las pensiones o la unidad de mercado, según ha señalado el Banco de España. El Gobierno, de momento, centra todos sus esfuerzos en conseguir las ayudas europeas, mientras la OCDE sitúa a España como el país que de forma más intensa tendrá que recurrir al endeudamiento para salir de este socavón.

En la práctica, todo esto implica un enorme impacto sobre la renta disponible de los ciudadanos, tanto por la vía salarial, por el efecto del incremento del desempleo y de los ERTE, como por la vía de las rentas, por los recortes en dividendos y el desplome de ingresos como los procedentes de los alquileres. Es el pronóstico del economista Javier Santacruz, quien aporta una interesante aproximación sobre la crisis que viene: “Será más de cuenta de resultados, ya que los ingresos caen, pero los gastos se han desplomado con motivo del confinamiento, que de balance, puesto que el valor de los activos financieros y el de la vivienda están estables o subiendo”. A juicio de este analista, “esto supone una cierta tranquilidad a la hora de abordar una crisis macro profunda, pero que en el tiempo puede no extenderse demasiado”.

Por eso, para Santacruz lo prioritario “no es tanto que se necesite una política masiva de rentas sino de creación masiva de empleo o, al menos, de amortiguar el desempleo”. Advierte de que “esto es fundamental para no caer en la trampa de ‘zombificar’ a las familias, al igual que puede suceder con las empresas a través de los avales estatales, ya que éstas lo que necesitan es empleo (puesto que el desempleo es el principal factor determinante de la pobreza y la desigualdad) y no un sostenimiento de rentas permanente”. En este sentido, la OCDE ha alertado esta misma semana de que los sistemas de protección del empleo, que han servido para salvar millones de puestos de trabajo, deben tener fecha de caducidad, pues se corre el riesgo de sostener empleos que son inviables y nunca se recuperarán. En otras palabras, las ayudas públicas no deben suponer un obstáculo para que el mercado se reajuste y la economía se adapte a la nueva realidad.

El Gobierno sostiene que las políticas de protección de los trabajadores han sido enormemente efectivas para paliar los efectos de esta crisis, dejando el mercado laboral en una especie de coma inducido durante tres meses. También defienden que las líneas de avales y moratorias han ayudado a mantener vivo el tejido productivo. Así lo respaldan, en efecto, los principales organismos e instituciones de alcance internacional. Y es que el propio FMI ha recomendado a los gobiernos y bancos centrales que pongan en marcha todos los mecanismos posibles para contener los estragos de la pandemia. En definitiva, que gasten todo lo que puedan. Eso sí, también les ha pedido que guarden los recibos de cara a la rendición de cuentas. Lo que el Fondo aconseja al Ejecutivo español es que vaya replegando progresivamente el arsenal de medidas puestas en marcha para apuntalar la liquidez de las empresas y sostener las rentas de las familias, porque a medio y largo plazo, inevitablemente, tocará hacer ajustes para reducir el abultado endeudamiento público.

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