La escalada del precio de la luz iniciada este verano y la irrupción de una ley de vivienda escorada a las concesiones de los socios de la izquierda más populista del Gobierno han colocado a Pedro Sánchez en una situación que nadie esperaba hace apenas un año y que va camino de etiquetarle como el presidente más intervencionista en más de cuatro décadas de democracia. A partir de ahora, va a ser complicado que las clases medias del país, que pagan la luz sin subvenciones y disfrutan de las rentas de los pisos que han podido comprar tras una vida de esfuerzo y trabajo, no vean una mano invisible detrás de lo que decida el Ejecutivo, sobre todo si en el juego entra la ministra Teresa Ribera y su afán de apuntalar la transición ecológica a cualquier precio, o si hay que hacer concesiones a Unidas Podemos tamizadas por la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.
Desde el punto de vista empresarial y jurídico, el problema estriba ahora en saber hasta qué punto este intervencionismo sin ambages de Sánchez responde a una verdadera necesidad de paliar los llamados “fallos del mercado”, o es reflejo de un fracaso “palmario” en la gestión de dos áreas básicas de las necesidades de los ciudadanos, la luz y la vivienda, en las que no se han sabido conjugar derechos económicos y sociales, como la propiedad privada o el uso de una vivienda digna, con pilares económicos básicos en un estado de Derecho, como la libre competencia o la libertad de empresa.
“No se entiende muy bien dentro de lo que debe ser la función social de la propiedad privada que señala la Constitución, la obligación de que un promotor tenga que dedicar por fuerza la tercera parte de su inversión a vivienda pública a precio tasado, casi de coste”, señalan algunos de los expertos constitucionalistas consultados. De la misma manera, “si con la obsesión por la transición verde no se ha sabido limpiar al recibo de la luz de las adherencias del pasado que lo lastran, no se puede venir ahora de la noche a la mañana con un hachazo de casi 3.000 millones a la caja de las eléctricas”, advierte un líder del Ibex 35 vinculado al sector, que prefiere mantener el anonimato ante la guerra que se libra con el Gobierno en este momento.
Guerra eléctrica a golpe de decreto
Con la incógnita permanente de no saber quién es la mano invisible que ‘mece la cuna’ de las decisiones que se toman en Moncloa, las principales energéticas afectadas por el segundo ‘decretazo’ millonario de septiembre de Teresa Ribera -Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy- han optado por una confrontación total con el Gobierno donde más le duele: en los bolsillos de los particulares y en los energéticos de las empresas. Los equipos comerciales han empezado a renegociar contratos a medio y largo plazo con todos sus clientes con la excusa extendida de que les obliga a ello el intervencionismo oficial del Ejecutivo, que en lugar de pelear por un cambio en toda Europa que permita mitigar la dependencia del gas internacional, prefiere castigar sus cuentas de resultados.
Desde la patronal y la industria intensiva en el uso de energía recuerdan que en España nunca ha habido una adaptación regulatoria clara del sector energético a las necesidades del país, cuestión que queda en evidencia por la dependencia ahora del sistema marginalista europeo de formación de precios, “pero que se ha sufrido siempre por la necesidad de las grandes compañías de buscar una seguridad en el precio de la energía con sistemas de aseguramiento a nivel internacional que en otros países no son tan costosos como aquí”, advierten.
“Nunca hemos tenido estabilidad ni seguridad en el precio de la energía, pero lo de ahora, con la ministra sacando decretos de dudosa legalidad, que apuntan a una batalla jurídica larga y costosa para todos, es un verdadero caos”, señala un empresario vasco del metal marcado siempre por este tipo de costes. Las informaciones que apunta a que el Ministerio de Transición Ecológica puede dar marcha atrás al decreto de septiembre, por más alentadoras que sean para las eléctricas y su valor en bolsa, no resultan tranquilizadoras para muchos industriales que ven cómo el Gobierno interviene por decreto en decisiones básicas para ello, “si no es de una manera, de otra”.
A ningún empresario se le escapa que la transición ecológica y las energías verdes son más que necesarias, pero algunos, sobre todo del ámbito industrial se quejan de que su fomento se haga de forma especulativa y justificando todas las actuaciones de la Administración con el principio de que ‘quien contamina paga’. “Está bien bonificar el uso del coche eléctrico -señalan-, pero no demonicemos al resto, porque también se contamina a la hora de fabricarlos o en las minas que extraen el cobalto en el centro de África para hacer sus baterías”.
La pugna de la vivienda con dos derechos
Del lado de la vivienda, la pelea se ha situado, por el momento en el ámbito jurídico, sobre todo a la vista de que quedan semanas para que la ley salga adelante, hay muchas dudas técnicas que tendrán que dirimirse en su redacción y, lo que es más preocupante para algunos juristas expertos en urbanismo, no se sabe bien si es una ley para cumplir con el mandato constitucional de que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna, como dice el artículo 47 de la Carta Magna, o simplemente un recurso político para sacar adelante unos Presupuestos que garantizan, de alguna manera, que el Gobierno podrá agotar la legislatura si así lo desea.
El anuncio del Gobierno de coalición de poner ‘topes’ a los precios del alquiler a grandes tenedores hizo que acto y seguido el principal partido de la oposición anunciara su intención de llevar la norma ante el Constitucional al entender que supone un “ataque a la propiedad privada”, protegida por el artículo 33: la función social de la propiedad privada para justificar la intervención publica en el negocio de la vivienda, frente a la libre competencia y la libertad de empresa. Por un lado, expertos en Derecho Constitucional, como Rafael de Agapito (Universidad de Salamanca) o Carlos Vidal (UNED), aseguran que ningún derecho es “absoluto”, ni siquiera el de la propiedad privada, que “tiene un sentido histórico”.
Pero de la misma manera, y con todas las precauciones que tiene el no conocer aún un texto que analizar, admiten que algunas de las propuestas que se han lanzado por parte de miembros de Gobierno, como la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de obligar a los promotores a reservar un 30% de todas las nuevas promociones para vivienda protegida -posibilidad que no parece contemplarse en la nueva ley- puede chocar con el derecho a la libertad de empresa, lo que puede suponer que “jurídicamente tenga problemas no solo en España, sino también en los tribunales europeos”.
Según recuerda De Agapito, el elevado precio del alquiler es un problema que ha surgido en distintos países de Europa. Es más, y para comparar la situación con la española, recuerda que recientemente el Tribunal Constitucional alemán anuló el pasado mes de abril una ley del gobierno de Berlín regulando el mercado del alquiler al entender que ninguno de los 16 estados federados puede establecer esas limitaciones, sino que es competencia directa de los diputados del Bundestag, algo que no ha evitado que durante su vigencia, la oferta de pisos en alquiler en la capital alemana se haya reducido más de un 40%.
Hasta conocer más datos, la división de opiniones se impone en los juristas consultados por este diario sobre la posibilidad de intervenir o controlar el mercado inmobiliario a través de leyes, pues algunos consideran que ello se podría llevar a cabo mediante restricciones o beneficios fiscales, sin tener que atentar contra derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Del lado empresarial y entre los propietarios de pisos en alquiler, en pleno despegue del ‘built to rent’ en España, las cosas están más claras: la opción de intervenir en su negocio, que estaba ofreciendo rentabilidades por encima del 5% poco habituales en otros mercados, no es más que el reflejo del fracaso de una política de vivienda que no ha sabido congeniar los derechos de las personas con las normas básicas de convivencia. “Hablar de vivienda siempre en términos expropiatorios, como ahora, no es más que la incapacidad política de hacer una estrategia de vivienda responsable en el sector público”, afirma un jurista experto en urbanismo con más de cuatro décadas de experiencia. A su juicio, lo de esta ley, si al final sale, no es ni siquiera intervencionismo del Estado, sino mera estrategia política en un ámbito cedido al ámbito local y autonómico, que nadie sabe cómo acabará.
