El consenso es un concepto más sencillo de aspirar que de lograr y más cuando se unen hasta 18 expertos en derecho tributario, economía y finanzas públicas con carreras extensas y opiniones distintas. El comité de expertos para la reforma fiscal nació con 17 miembros y llegó a tener 18, tras la incorporación de Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Tras las salidas de Zubiri y Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, quedan 16 miembros que deberán entregar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Libro Blanco para la reforma fiscal. Un documento que deberá servir de base para que el Gobierno lleve a cabo una "modernización" del sistema tributario.
La situación del comité "sigue siendo complicada", apuntan las fuentes consultadas por La Información. Los motivos son variados. Desde el "carácter" de algunos miembros hasta las experiencias profesionales de cada uno de ellos o las injerencias del Ministerio de Hacienda, cambiando el que parecía ser el objetivo del comité: analizar cada uno de los impuestos vigentes en España por garantizar que el Gobierno cumpla con las promesas del Plan de Recuperación. Las expectativas sobre el documento son altas, sobre todo, teniendo en cuenta que la reforma fiscal es una de las prioridades de Montero desde que asumió la cartera. Sin embargo, fuentes del comité advierten de que "no hay nada cerrado" y que las propuestas de los expertos se limitarán a dar opciones al Gobierno, sin fijar una subida de impuestos o una modificación concreta.
Las mismas fuentes apuntan que el hecho de que el comité esté formado por carreras profesionales distintas, fundamentalmente catedráticos de Derecho Tributario y economistas, "dificulta el ritmo de los trabajos". Los primeros defienden los matices que se pueden interpretar en materia impositiva; los segundos apuestan por una redacción mucho más directa y tal como publicó este periódico, el departamento de Montero quiere garantizarse vía libre para una reforma fiscal a su gusto. Además, la pandemia ha forzado a que los catedráticos se hayan reunido fundamentalmente a través de videollamadas por Zoom. El aspecto tecnológico también habría dificultado el consenso entre los expertos.
El primero en abandonar el comité fue Ignacio Zubiri, que ha rechazado hablar con este medio. Según ha podido saber La Información, el catedrático apostaba por una redacción "muy directa" en materia de fraude fiscal que no logró convencer al resto del comité y decidió abandonarlo. "Lo de Zubiri fue una pataleta", critican. Los conocimientos sobre financiación autonómica del experto se encontraron con la negativa del secretario del comité, Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y vinculado al PSOE.
En el caso de Monasterio, que tampoco ha accedido a hablar con este periódico, puso sobre la mesa cuestiones relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e incluso elaboró un texto en relación a este impuesto. Sin embargo, de nuevo Cuenca, según las fuentes consultadas, insistió en que "esto no toca" y pidió que el comité de expertos se centrase en la hoja de ruta del Gobierno en materia fiscal y se trabajase "sobre lo que se ha comprometido con Bruselas", haciendo de nuevo referencia al Plan de Recuperación y a la Agenda 2030.
"No siempre se ha tenido claro el encargo", resumen fuentes del comité. Así, tanto Zubiri como Monasterio se habrían sentido decepcionados con el que esperaban que sería su papel en el comité y el margen que han tenido para trabajar una vez se ha entrado en materia. Las mismas fuentes valoran positivamente el papel de Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del comité. Destacan que Ruiz-Huerta ejerce su papel de director de orquesta. Además de catedrático, Ruiz-Huerta es el director de la Fundación Alternativas, un think tank vinculado al PSOE.
En definitiva, las voluntades de algunos de los catedráticos no han podido aplicarse por las injerencias del Gobierno. El consenso ha sido complicado, según apuntan las fuentes consultadas, no solo por las ambiciones personales sino también por algo tan simple como la personalidad de casi una veintena de profesionales que no había trabajado de forma conjunta con anterioridad y que ha tenido que hacerlo con un plazo marcado en el calendario y con cambios en el que debía ser el objetivo de su trabajo. El comité tiene previsto entregar a finales de este mes un primer borrador al departamento de Montero, "para que tengan tiempo de revisarlo antes de que cumpla el plazo y se puedan hacer aclaraciones". No obstante, las fuentes advierten de que ciertas clarificaciones del texto pueden ir en contra de lo que pretende el Ejecutivo que es obtener un documento lo suficientemente amplio como para adaptarlo a la política fiscal que ha defendido durante la legislatura.
Aunque el texto "no está cerrado", no se esperan grandes cambios en impuestos como Sociedades, Patrimonio o Sucesiones. Los expertos apuntarán a la "armonización fiscal" pero dejarán en manos del Ejecutivo el acuerdo con las comunidades, algo que supone un conflicto con CCAA como la de Madrid, donde Sucesiones y Patrimonio tienen bonificaciones muy generosas. El comité será más extenso en cuanto a los impuestos vinculados a la transición ecológica y a la digitalización, tal como le ha encomendado Moncloa.
