Madrid, 16 sep.- La crisis económica influye en la seguridad vial mediante un uso "menor y más responsable del vehículo por parte de todos", según se refleja en la Memoria de la Fiscalía referida a 2012.
La Memoria, dada a conocer hoy, destaca como novedad más significativa que, por primera vez desde 2007, el número de procedimientos abiertos ha disminuido "sensiblemente" respecto al año anterior, siendo mayor el descenso en los delitos por conducir bajo los efectos del alcohol y en los que el conductor circula sin permiso.
El número de procedimientos incoados fue de 118.186 frente a los 140.650 de 2011.
Las principales causas de del descenso, "con matices y con toda la cautela", según matiza la Fiscalía, son la mayor concienciación de los ciudadanos con respecto de los riesgos asociados a la conducción, o de la necesidad de respetar y cumplir las normas de tráfico.
"A lo anterior debemos sumar las inevitables consecuencias de la grave crisis económica que atravesamos, cuyas ramificaciones se extienden al ámbito de la seguridad vial, expresadas en esta caso en un uso menor y más responsable del vehículo por parte de todos", añade.
La Fiscalía explica que la situación económica en 2012 conllevó una reducción del número de vehículos asegurados, una caída en el consumo de hidrocarburos (del 15 por ciento desde 2007), así como una reducción de los accidentes de tráfico.
Subraya que, según la DGT, el promedio de víctimas mortales pasó de 4,1 en 2011 a 3,6 en 2012, una cifra similar a la de 1960.
La Fiscalía sostiene que los costes directos e indirectos asociados a los accidentes se estiman en torno al 1,04 por ciento del PIB de España, "de manera que cualquier intervención administrativa o de política criminal que prevenga o favorezca la reducción de las cifras de siniestralidad vial permitirá no solo proteger la vida e integridad de los usuarios (...), sino también liberar recursos económicos y poder destinarlos a la cobertura de otros servicios públicos esenciales".
En su Memoria de 2012, la Fiscalía propone modificar la Ley de Seguridad Vial para que los médicos comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico si alguno de sus pacientes con carné de conducir sufre una enfermedad o deficiencia que afecta a la conducción.
Así, propone añadir un nuevo apartado al artículo 63 del Real Decreto por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.
El nuevo apartado establecería que los médicos de la sanidad pública o privada comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico si alguno de sus pacientes que tiene carné de conducir padece alguna enfermedad o deficiencia incluida en el anexo IV del Reglamento General de Conductores.
En este anexo se especifican las aptitudes psicofísicas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o de la licencia de conducción.
El motivo, según la Memoria de la Fiscalía, es que es posible que durante la vigencia del carné de conducir el titular haya perdido las aptitudes psicofísicas necesarias para la conducción.
La Fiscalía destaca que "un porcentaje de la siniestralidad se debe, sin duda,a personas con enfermedades mentales o deficiencias que asumen elevados riesgos para sí y para los demás usuarios, conocidas por los médicos que los tratan".
"Estos dudan acerca de las actuaciones preventidas 'ad extra' que deben poner práctica, en concreto la puesta en conocimiento de las autoridades de tráfico a los efectos descritos", añade.
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