Viernes, 06.12.2019 - 01:18 h
"El Estado hizo lo que tenía que hacer" 

Foment sale en defensa del decreto del PP que facilitó a las firmas 'huir' de Cataluña

En cuanto a la situación política, ha asegurado que España no se puede "permitir el lujo de unas terceras elecciones". 

El presidente de Foment del Treball, Sánchez Llibre
El presidente de Foment del Treball, Sánchez Llibre / Europa Press

El presidente de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que el Estado "hizo lo que tenía que hacer" en octubre de 2017 cuando aprobó un decreto para facilitar a las empresas el cambio de sede social y trasladarla fuera de Cataluña.

En una entrevista en 'La Vanguardia' este lunes recogida por Europa Press, Sánchez Llibre ha opinado que, con aquel decreto, las empresas que "se marcharon también pueden volver ahora", y no cree que el Rey Felipe VI interviniera en esta operación.

Se ha mostrado optimista con que las empresas volverán a Cataluña cuando se den las condiciones: "Volverán, pero la decisión es muy personal de los dueños de las empresas. Cuando vean que en Catalunya hay la estabilidad que creen que es necesario que haya".

En cuanto a la situación política, ha asegurado que España no se puede "permitir el lujo de unas terceras elecciones", ha pedido gobiernos estables y que los partidos políticos se entiendan, y ha señalado que sin una complicidad entre PSOE y PP no habrá nunca una solución acordada para Cataluña.

En ese sentido, ha reclamado una aprobación de presupuestos tanto de la Generalitat como del Estado: "Si los empresarios no tenemos gobiernos estables ni en Cataluña ni en España, ni tenemos presupuestos, estamos en una situación mucho más negativa que la de otros países".

Modelo de financiación 

Para Sánchez Llibre, el nuevo modelo de financiación debe revisar los efectos positivos o negativos de la capitalidad de Madrid: "Yo pienso que son mucho más positivos que negativos. Esto tampoco es normal y lo tenemos que racionalizar".

Ha asegurado que Seat y Nissan están preparadas para hacer una transición energética pero que no será en cinco años, sino en diez, quince o veinte, y que ello no supondría la pérdida de puestos de trabajo, siempre que la administración y la industria automovilística lleguen a un acuerdo y "haya complicidad entre ambas partes".

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