Banco Santander abre la puerta a un refuerzo de sus colchones contra los préstamos fallidos y un impacto en sus cuentas por la guerra. "La acción militar de Rusia contra Ucrania y la severas sanciones impuestas pueden tener importantes consecuencias negativas no solo para la economía rusa sino también para la europea y podrían reducir la capacidad del grupo para generar ingresos y resultados, así como requerir incrementos de las provisiones para insolvencias", según expone en el apartado de riesgo del Documento de Registro Universal que el banco ha remitido a la CNMV.
La entidad que preside Ana Botín alerta también de los efectos que la escalada de la inflación puede tener sobre la política monetaria en Europa. "El conflicto podría conducir a un mayor incremento de los precios de la energía (particularmente del gas, si se interrumpe el suministro a Europa) y de las tensiones inflacionistas que a su vez podrían derivar en subidas de tipos de interés", añade. Además, Santander cita a las sanciones de algunos países, como Estados Unidos, los Estados miembro de la Unión Europea (UE) o el Reino Unido, como respuesta a la agresión rusa contra Ucrania, que aumentan el riesgo operativo de la entidad.
"Además, está exacerbando los problemas de la cadena de suministro, en especial de los clientes más sensibles al aumento de los precios de la energía. El conflicto y sus efectos podrían provocar una desaceleración significativa en la economía global y afectar negativamente la capacidad de pago de algunos de los clientes del grupo, especialmente aquellos con más exposición al mercado ruso o ucraniano", advierte el banco.
En concreto, se han impuesto sanciones a Rusia y Bielorrusia como la congelación o bloqueo de activos, sanciones a los principales bancos rusos, al Banco Central Ruso, a determinadas empresas, a miembros del parlamento ruso y a ciertos miembros de la élite rusa y sus familias.
También se ha realizado la desconexión de determinados bancos rusos del sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). "Este escenario de sanciones no tiene precedentes, evoluciona de forma rápida y aumenta la complejidad y el riesgo operativo del grupo", afirma Santander. El mayor banco española alerta también sobre el posible incremento del riesgo de ciberataques a empresas e instituciones como consecuencia del conflicto armado y en respuesta a las sanciones impuestas. "Aunque el Grupo no ha observado hasta el momento un cambio significativo en la actividad de ciberataques fuera de Rusia y Ucrania, monitoriza la situación activamente", asegura.
Cabe destacar que, a finales de 2021, Santander tenía un fondo para insolvencias de 23.698 millones de euros, un 4% menos que en 2020, que representaba una cobertura total de activos deteriorados del 71%, cinco puntos porcentuales menos que el año anterior. Durante el último trimestre del pasado ejercicio, había realizado unas dotaciones por insolvencias de 1.463 millones de euros, un 33% menos que en el trimestre anterior.
Sin embargo, el banco reconoce que el impacto que la guerra en Ucrania pueda tener en la situación financiera del grupo "depende de una serie de factores que están fuera de su control", en especial, la duración del conflicto. Por último, afirma que no tiene presencia ni en Rusia ni en Ucrania y que su exposición directa a estos mercados "no es material".
A 31 de diciembre de 2021, Santander contaba con 4.423 millones de euros en concepto de provisiones. De ellos, 564 millones se debían a litigios de naturaleza fiscal, 328 millones para procesos laborales en Brasil, 1.104 millones para otros procesos de naturaleza legal y 745 millones para compensación a clientes por la venta de seguros de impago en Reino Unido, las hipotecas multidivisa en francos suizos en Polonia y las cláusulas suelo del Banco Popular, cuya cartera asumió en 2017.
El banco también contabiliza una provisión de 749 millones para gastos derivados de procesos de reestructuración efectuados por las distintas entidades del grupo y 897 millones para otros conceptos. No obstante, la entidad afirma que "la incertidumbre" de estas demandas y procedimientos, impide que se garanticen que las pérdidas derivadas de su resolución "no excedan las provisiones que el grupo tiene constituidas".
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