El mundo de los criptoactivos está cada vez más cerca de tener una regulación por parte de las instituciones generaría algunas dudas en el corto plazo con algunas dosis de volatilidad añadidas. El ecosistema de activos digitales ha atraído una atención significativa y ha acelerado la inversión, pero esa tormenta regulatoria que está por llegar a nivel mundial probablemente afecte a todas las partes del ecosistema, impactando el crecimiento y a las valoraciones.
Con un valor de mercado de más de 2 billones de dólares y más de 200 millones de usuarios, el universo de activos digitales es demasiado grande para ignorarlo. Los expertos de Bank of America resaltan en un informe que creen que los activos digitales basados en criptografía podrían formar “una clase de activos completamente nueva”.
El Bitcoin es la referencia clara con una capitalización de 900.000 millones de dólares, pero el ecosistema de activos digitales es mucho más robusto: tokens que actúan como sistemas operativos, aplicaciones descentralizadas (DApps) sin intermediarios, monedas estables vinculadas a divisas fiduciarias, activos digitales del banco central (CBDC) que están llamados a reemplazar a las monedas nacionales, y tokens no fungibles (NFT) que permiten conexiones entre creadores y fanáticos.
Las inversiones en activos digitales y blockchain del capital riesgo fueron de más de 17.000 millones de dólares en el primer semestre de 2021, eclipsando los 5.500 millones del año pasado. “Esto crea una nueva generación de empresas para el comercio de activos digitales, ofertas y nuevas aplicaciones en todas las industrias, incluidas las finanzas, la cadena de suministro, los juegos y las redes sociales”, concretan los analistas de la entidad bancaria estadounidense.
El Bitcoin se diseñó con una utilización monetaria, pero se ve cada vez más como una especie de “oro digital”. Ethereum creó una plataforma generalizada impulsada por contratos inteligentes, lo que permite el desarrollo de cientos de aplicaciones que podrían transformar las finanzas, seguros, legal, inmobiliario y muchas otras industrias.
En este sentido, los activos digitales que permiten crear aplicaciones, como lo hizo el iPhone de Apple con su App Store, están ganando el mayor valor. Pero, más allá de todo esto, la presión en el ecosistema de los criptoactivos viene de la mano de la regulación que está en ciernes.
Algunos gobiernos, como el de China e India, han prohibido el comercio de bitcoins. Las administraciones están trabajando para desarrollar políticas y, como expuso recientemente la SEC, el futuro de la industria de activos digitales está “en el marco de políticas públicas”. “Las CBDC parecen inevitables, pero los activos digitales fiduciarios, como el Bitcoin, pueden ser un objetivo si los bancos centrales ven un riesgo para el sistema de pagos o una interrupción del flujo de crédito”, dicen los analistas de Bank of America.
Las aplicaciones DeFi con características similares a la seguridad pueden llamar la atención de la SEC, probablemente presionando el uso a corto plazo. “La incertidumbre regulatoria es el mayor riesgo a corto plazo en nuestra opinión”, dicen estos expertos.
Las preocupaciones del Banco de España
Pero a este lado del Atlántico, el debate sobre su adopción también es un tema candente. Un reciente informe del Banco de España titulado El papel de los criptoactivos como moneda de curso legal: el ejemplo de El Salvador, firmado por Sergio Gorjón, se muestra contrario a la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal.
“La adopción del bitcoin como moneda de curso legal es una propuesta rupturista rodeada de polémica”, expone Gorjón. Y es que, a pesar de que el país no es el primer país en contemplar esta medida, sí que ha resultado ser pionero en cuanto a su implantación. “Ha servido, en opinión de muchos, de campo de pruebas para jurisdicciones con monedas débiles o plenamente dolarizadas que aspiran a independizarse del dólar norteamericano”, añade.
Tal como ha sido concebido, el proyecto está rodeado de numerosas incertidumbres prácticas que ofrecen dudas acerca de la evolución de la iniciativa a medio plazo. Así, por ejemplo, no es fácil dilucidar quién asume en realidad el riesgo de tipo de cambio derivado de las fluctuaciones del bitcoin en el mercado. No es evidente que el fideicomiso sea suficiente, con los recursos asignados, para absorber las fluctuaciones, como no lo es qué ocurriría en tal caso. En última instancia, podría resultar necesario repercutir un eventual quebranto sobre la ciudadanía en forma de impuestos.
El experto financiero señala que ha despertado expectación y escepticismo en partes iguales. “La iniciativa abre las puertas a que otros países puedan seguir su ejemplo y sirve como campo de pruebas para jurisdicciones con monedas débiles o plenamente dolarizadas que aspiran a independizarse del dólar norteamericano”, comenta.
Con todo, un factor positivo que resalta Gorjón de la implantación de El Salvador es el destacable esfuerzo normativo para evitar que bitcoin se utilice delictivamente. “Entre ellos, menciona el lavado de dinero o la financiación de terrorismo, a pesar de que ello recae sobre la banca y sus supervisores, dos agentes que ciernen numerosos interrogantes”, termina.
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