El gobierno de Bolsonaro se desentiende del problema de drogadicción que tiene Brasil. "Necesitamos ayuda internacional", es el llamamiento de León de Souza Lobo con que alerta sobre el retroceso en materia de derechos que sufre el país gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha tumbado las políticas de reducción de daños sobre drogas y apuesta por la abstinencia para atajar un problema que afecta a millones de brasileños.
"Necesitamos ayuda internacional para decir que las evidencias científicas demuestran que la reducción de daños debe ser un principio en el tratamiento de las drogas", insiste De Souza, miembro del departamento de psiquiatría de la Universidad de São Paulo, en una entrevista con Efe en Oporto, donde hoy concluye la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños (HRI).
El experto denuncia que el gobierno de Bolsonaro ha suspendido las políticas sociales y de reducción de daños -basadas en tratamientos sustitutivos y atención sanitaria para limitar el impacto del consumo de drogas en el individuo y la sociedad- para apostar por la abstinencia. "Hay una tentativa de colocar la responsabilidad del crecimiento de la violencia en el país en los usuarios de drogas, y eso no es verdad", advierte. La violencia "no sólo responde al tráfico de drogas, sino al tráfico de armas, que vienen de otros países, como Estados Unidos".
En el caso de las drogas, el mayor problema en Brasil no es la heroína, a diferencia de lo que ocurre en otros países, sino el crack, "muy asociado a pobreza y discriminación". Los consumidores de crack en Brasil "tienen un perfil de exclusión social, una mezcla de miseria y droga, y el consumo, a su vez, torna a los usuarios más pobres y estigmatizados". "Por eso las políticas de drogas deben estar combinadas con las políticas sociales. Solo podemos cambiar este ciclo con políticas sociales", insiste.
Brasil consiguió durante los gobiernos de izquierda importantes conquistas, con la articulación de un movimiento social en reclamo de políticas de reducción de daños y no en base al castigo ni la criminalización. Experiencias, repasa, como las que se han vivido en el estado de Pernambuco, o la que se puso en práctica en São Paulo, con atención a usuarios de crack sin techo. "Existen modelos a seguir y que pueden crecer, pero es necesaria voluntad política para eso", lamenta el especialista, convencido de que una de las claves del retroceso que vive Brasil es la intención del Gobierno de Bolsonaro de evitar que la población acceda a las cifras reales de consumo.
"No tenemos un crecimiento significativo del consumo de drogas ilícitas en Brasil. Las pesquisas del propio gobierno federal muestran que el crecimiento del consumo se registra en el alcohol", sostiene. Una tendencia que la mayoría de los brasileños desconoce porque, denuncia De Souza, el gobierno "censuró" la última gran encuesta nacional sobre adicciones.
Según la encuesta, elaborada por la Fundación Oswaldo Cruz y divulgada por algunos medios brasileños, el 0,9% de la población consumió crack alguna vez en su vida, el 0,3% lo hizo en el último año y apenas el 0,1% en los últimos 30 días. En el mismo periodo, la marihuana, la droga ilícita más consumida, fue usada por el 1,5% de la población y la cocaína por el 0,3%. En cuanto a las drogas lícitas, el 66,4% de la población consumió alcohol alguna vez en la vida, el 43,1% en el último año y un tercio de los brasileños en los últimos 30 días.
En Brasil, ahora, "la droga mas consumida es el alcohol, es la que causa más dependencia y más problemas, incluida la violencia doméstica" y el consumo aumenta en especial, advierte el experto, entre jóvenes y mujeres. En la raíz del problema, apunta, está la reglamentación del consumo y la venta de alcohol: "Permitimos la propaganda de cerveza y no hay regulación de los puntos de venta. Si no invertimos en esto, con el poder que la industria del alcohol tiene en el país, vamos a asistir a un aumento aún mayor del consumo".
La llamada de socorro de León de Souza impactó en la Conferencia, que concluye este miércoles en Oporto y donde más de 1.200 expertos han debatido durante esta semana sobre alternativas para frenar los daños del consumo de drogas. "Estamos muy preocupados por el cambio en la política del Gobierno de Brasil", admitió la directora de HRI en una entrevista con Efe.
"En el pasado fue un país muy proactivo, manteniendo a la población segura y saludable, tenía un programa de reducción de daños". "Ahora, la política esta enfocada en la abstinencia y sabemos por décadas de investigación que estos programas no funcionan para reducir los riesgos", alertó.
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