La ministra de Trabajo de Francia, Muriel Pénicaud, ha anunciado que el Gobierno galo quiere imponer cuotas para los ciudadanos de fuera de la Unión Europea que lleguen por motivos económicos, de tal forma que cada año se elabore una lista "en función de las necesidades de recursos humanos".
"Hoy, tenemos una lista que autoriza la inmigración profesional que tiene diez años. Vamos a revisar esta lista cada año, hablaremos con el Parlamento cada año", ha explicado Pénicaud, en una entrevista con la cadena BFMTV en la que ha matizado que los posibles recortes no afectarán a personas necesitadas de protección.
La ministra, que también ha aclarado que no planteará ninguna exigencia a los países de origen -alega que "no tendría ningún sentido"-, prevé que la lista de sectores donde pueda haber discrepancias y las futuras cuotas serán publicadas en verano de 2020.
Pénicaud ha confirmado de esta forma una iniciativa que ya dejó caer en octubre el primer ministro, Edouard Philippe. De esta forma, el Gobierno aspira a contener cualquier posible uso de la inmigración laboral como arma política por parte de la ultraderecha, que sigue fuerte en los sondeos.
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