El Tribunal Superior de Londres ha rechazado el recurso en contra de la suspensión parlamentaria solicitada por el primer ministro, Boris Johnson, aunque el dictamen no es definitivo y cabe recurso ante el Supremo, donde podría ser examinado el 17 de septiembre.
Johnson solicitó a finales de agosto el fin de la sesión del Parlamento y un periodo de cese de actividades que comprende de mediados de septiembre y mediados de octubre. Los diputados volverían al trabajo poco antes de la fecha del Brexit, fijada por ahora para el 31 de octubre.
El Tribunal Superior londinense se ha pronunciado este viernes a raíz de un recurso presentado por la activista y empresaria Gina Miller, que ha recibido entre otros apoyos el del ex primer ministro John Major. La demandante atribuía a Johnson un "abuso ilegal de poder", según la radiotelevisión pública BBC.
Al término de la vista, Miller dijo estar "decepcionada" por la decisión de la corte, aunque celebró la posibilidad de recurrirla e insistió en que "es crucial que el Parlamento esté abierto" en estos momentos críticos para el país.
Junto con el ex primer ministro conservador John Major, la activista alega que es inconstitucional la inusual suspensión del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre decretada por Johnson, en su intento por ejecutar el Brexit sin oposición en la fecha prevista del 31 de octubre.
Los magistrados del Superior indicaron que la semana próxima precisarán las razones de su negativa a aceptar la demanda a trámite.
Este no es el único contencioso planteado en el Reino Unido contra la polémica decisión del jefe del Gobierno, que llegó al cargo sin pasar por las urnas el pasado julio con el principal objetivo de sacar al país de la Unión Europea (UE).
El pasado miércoles, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo (Escocia) concluyó que la decisión gubernamental se ajusta a la ley, si bien los diputados que impulsaron la demanda allí han anunciado que recurrirán el fallo.
El juez Raymond Doherty de la corte escocesa explicó al emitir su dictamen que la acción del Gobierno "no contraviene la ley" porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes "es un poder reservado al Ejecutivo".
Hay en marcha además un proceso en Irlanda del Norte, promovido por el activista Raymond McCord, que cuestiona la legalidad del cierre del Parlamento así como la posibilidad de una salida brusca del bloque europeo el 31 del mes próximo.
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