Los medios alemanes atardecían conmocionados este miércoles por el ataque perpetrado en las inmediaciones de una sinagoga en la localidad de Halle, al este de Alemania, en el que murieron dos personas y el cual fue llevado a cabo por solo un hombre alemán de 27 años, que actuó por motivos antisemitas o ultraderechistas. De hecho, el atacante trató de irrumpir en el templo judío fuertemente armado y, al no conseguirlo, disparó indiscrimidamente en la calle y en un local de comida rápida turca, donde mató a un hombre y una mujer. Un ataque que disparado las alarmas en Alemania, donde la ultraderecha ha pasado de llamar a la 'caza' de inmigrantes a atacar sinagogas.
Esta creciente preocupación arrancó en agosto de 2018, cuando centenares de manifestantes de extrema derecha hicieron un llamamiento público a "cazar" inmigrantes y personas de aspecto extranjero durante un concentración en Chemnitz. Allí, un ciudadano alemán había muerto apuñalado días antes a manos de un ciudadano sirio que este verano fue condenado por el crimen, que por aquel entonces causó una semana entera de protestas por parte de grupos neonazis y que terminó derivando en persecuciones a personas de aspecto extranjero por las calles de la ciudad.
El principal medio utilizado por los manifestantes para propagar su mensaje de odio fueron las redes sociales, que atrajeron a miembros de la extrema derecha procedentes de toda Alemania a Chemnitz para participar en protestas contra los inmigrantes. Al menos, eso es lo que concluyó un informe policial elaborado este verano y que determinó que la palabra que utilizaban los manifestantes contra los inmigrantes era "cazar" ("Jagd"). Durante esa semana, se registraron varios ataques violentos a personas de origen inmigrante.
En aquel momento, la violencia de la extrema derecha en Chemnitz desató un debate nacional sobre si los inmigrantes y las personas de aspecto extranjero habían sido atacados y perseguidos específicamente por su origen. Hasta el punto de que el entonces presidente de la agencia de inteligencia nacional de Alemania, Hans-Georg Maassen, llegó a cuestionar la idea de que tal cacería hubiera tenido lugar y dudar abiertamente la autenticidad de los vídeos que mostraban a individuos de aspecto extranjero siendo perseguidos.
Aquellas dudas expresadas por Maassen, miembro de los conservadores demócratas cristianos (CDU) liderado por Merkel -así como su cercanía al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD)-, desencadenaron una crisis que estuvo a punto de acabar con la coalición de Gobierno en Alemania, ya que los socialdemócratas (SPD) exigieron su destitución inmediata. Tras un período de tensión en la coalición, Maassen finalmente se vio obligado a dimitir. Desde entonces, la inteligencia alemana ha terminado por reconocer la creciente amenaza de la ultraderecha.
Las barreras a la ilegalización de la ultraderecha
La pregunta es: ¿por qué no se ilegalizan este tipo de movimientos para frenar casos como el del ataque a la sinagoga en Halle? Quizás porque el caso de la ultraderecha en Alemania siempre es especial: tras la Segunda Guerra Mundial, los movimientos fascistas y neonazis han estado especialmente bajo la lupa de políticos y tribunales pero, aunque parezca mentira, ilegalizar a un partido es realmente complicado. De hecho, el último al que ilegalizó la Corte Constitucional Federal (el tribunal Constitucional de Alemania Occidental) fue el Partido Comunista de Alemania (KPD) en 1956, a raíz de las presiones de sus socios de Occidente para erradicar toda ideología comunista, pero no porque representase una amenaza real para el Estado: el KPD solo tenía unos 78.000 militantes en el momento de su disolución.
Por su parte, el Partido Nazi es ilegal en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial, así como muchas formaciones de extrema derecha que surgieron a principios de los 90 tras la reunificación alemana. Sin embargo, en aquel momento fue el Ministerio del Interior el que actuó como censor de oficio, mientras el recién creado país definía el organigrama de su judicatura y afrontaba una crisis de legitimidad constitucional, ya que los estados federales orientales adheridos a la RDA reclamaban un referéndum en todo el país para modificar Ley Fundamental para la República Federal de Alemania (la Constitución).
En este sentido, cuando el Tribunal Constitucional Federal Alemán se empezó a enfrentar a recursos de inconstitucionalidad sobre partidos de ultraderecha o neonazis, pasó a ajustarse estrictamente a la norma, que señala que no basta con probar que la ideología en la que se basa el programa de un partido concreto atenta contra la Constitución; también es necesario demostrar que se trata de una formación peligrosa para el Estado. Así, el historial de ilegalizaciones de partido de extrema derecha en el nuevo siglo es una hoja en blanco: en 2003, un juicio de inconstitucionalidad contra el Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD) fracasó por cuestiones formales, mientras que en 2017 fracasó otro intento de ilegalizar al partido.
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