Una nueva ley amenaza de muerte a la democracia en Sudáfrica

Muchos sudafricanos están diciendo que el nuevo y confidencial proyecto de ley marca la “muerte de la democracia” en Sudáfrica. 

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara Baja del Sur de África en el Parlamento, no ha matado a la democracia en Sudáfrica. Al menos de momento.

Sin embargo, la nueva legislación que reprime la presentación de informes sobre la corrupción, podría ser fatal para la constitución de Sudáfrica y para su democracia.

El partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (CNA) forzó a presentar en la legislatura la controvertida “Ley de Protección de la Información del Estado”, aprobada por 229 votos a 107, a pesar de la fuerte oposición del arzobispo Desmond Tutu, los partidos de oposición, periodistas e incluso desde dentro del propio CNA.

Con la nueva legislación, la condena por la divulgación de secretos de Estado conlleva una pena de cárcel de hasta 25 años.

La aprobación de la ley fue “un día negro para nuestra democracia”, dice Lindiwe Mazibuko, que lidera el grupo parlamentario de la Alianza Democrática, principal partido de oposición de Sudáfrica. “El CNA ha abandonado los valores de sus fundadores”.

Otros opositores de la medida incluyen al ganador del Premio Nobel de la Paz el arzobispo Desmond Tutu, quien considera que la ley es "un insulto para todos los sudafricanos a los que se le pregunte si toleran una legislación que podría ser utilizada para prohibir la denuncia de irregularidades y el periodismo de investigación... y eso hace que el Estado sólo sea responsable ante el Estado."

Nelson Mandela, es un fiel miembro del CNA, el primer presidente de Sudáfrica de la era post-apartheid y también Premio Nobel de la Paz; sin embargo, su oficina también ha expresado sus reservas sobre el proyecto de ley.

Los críticos denuncian que la nueva normativa evitará que la prensa pueda publicar revelaciones de corrupción en el gobierno y socavará 17 años de democracia y de constitución liberal de Sudáfrica.

Por su parte, el CNA dice que Sudáfrica tiene que actualizar la legislación de la era apartheid que define los secretos y establece sanciones por su divulgación y que no tiene intención de pisotear la libertad de expresión y la prensa sensacionalista.

Se espera que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado y ratificado como ley por el presidente Jacob Zuma muy probablemente antes de finales de año.

Ya hay planes para impugnar la medida ante el Tribunal Constitucional.

Una de las críticas más fuertes contra la ley es que no tiene una disposición que permita a los periodistas evitar la cárcel, alegando que estaban actuando en pro del interés público.

Los activistas temen que la adopción de la medida en el Sudáfrica, conocida por tener una de las constituciones más libre y más abiertas del continente, pueda influir en los gobiernos de la región.

Si se implementa el proyecto de ley “reducirá de manera inaceptable tanto el derecho de acceso a la información como a la libertad de expresión, que son el fundamento de una sociedad democrática”, dice Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. "La forma en que el gobierno impulsó este proyecto de ley en el Parlamento, en lugar de proceder a las consultas como se había prometido, así como el secreto impuesto en esta legislación, envían señales muy preocupantes sobre el compromiso del gobierno con la transparencia”.

Destacados miembros del CNA también se han opuesto al proyecto de ley, entre ellos el ex ministro de seguridad del Estado Ronnie Kasrils.

El proyecto de ley hace que sea un delito divulgar secretos de Estado. También  tipifica como delito que un funcionario  retenga información para ocultar irregularidades o incompetencia, o simplemente para evitar la vergüenza.

El ministro sudafricano de Seguridad del Estado, Siyabonga Cwele, dice que la ley no es sobre la regulación de los medios de comunicación o sobre encubrir la corrupción – sino sólo para proteger a los sudafricanos de los enemigos de fuera. Apunta que Sudáfrica ha sido objeto de “una creciente amenaza de espionaje”, porque un proyecto de ley anterior de 1982 no ofrece un marco de disuasión lo suficiente fuerte para los infractores.

“Los espías extranjeros siguen robando nuestra información confidencial con el fin de que sus países se aprovechen de los avances de Sudáfrica y de su gente”, dijo  Cwele en un comunicado en la página web del CNA.

Durante años, el CNA ha tenido relaciones antagónicas con la prensa activa en el país, que ha destapado numerosos escándalos de corrupción.

El mes pasado, el presidente Zuma se vio obligado a despedir a dos ministros del gabinete y a suspender al jefe de policía del país después de que el Defensor del Pueblo de Sudáfrica investigase los  extravagantes y cuestionables viajes de negocios inmobiliarios. Estas acusaciones surgieron por primera vez en informaciones de la prensa local.

El gobernante partido CNA se está moviendo en contra de la prensa, que  ve como un impedimento dominado por los blancos a la continuidad en el gobierno del partido. El CNA no valora los numerosos escándalos de corrupción destapados por la prensa en los 17 años desde el fin del apartheid ni ve a los medios de comunicación como una fuerza válida para responsabilizar al gobierno.

Con la nueva legislación y el reciente nombramiento del cuestionable, pero maleable responsable del Tribunal Supremo, Mogoeng Mogoeng se demuestra que el presidente Jacob Zuma parece querer desmontar, pieza por pieza, la trabajada democracia de Sudáfrica.