Martes, 21.11.2017 - 18:55 h
Profesor de la Universidad de Alcalá

Cataluña, el 'cuponazo' y la solidaridad entre autonomías

L
os presupuestos generales del Estado para 2018 quedan en el aire. El ministro Montoro anunció el martes que el Gobierno no aprobará el Proyecto de Ley en el plazo que marca la Constitución (“al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior” reza el art. 134.3). Tras haber anunciado que así lo haría, incluso en ausencia del Presidente, el mismo día se retrasaron sine die los presupuestos y se suspendió el viaje de Rajoy a la cumbre europea de Tallín. Si bien la prórroga presupuestaria está prevista en la Constitución y se ha aplicado en varias ocasiones -la última este mismo año- es la primera vez que un Gobierno en plenitud de funciones incumple el plazo de presentación. Todo ello revela que la inestabilidad política se agudiza ante la gravedad de la crisis institucional creada por los actuales dirigentes de la Generalitat de Cataluña.

Los vigentes presupuestos generales del Estado de 2017 ya afrontaron en su elaboración y aprobación notables dificultades. El Gobierno, cuyo Presidente fue investido el pasado 30 de octubre, necesitó cinco meses para aprobar el proyecto de ley. Y tras pactar con Ciudadanos, hubo de negociar muy generosamente con el PNV y con los dos diputados canarios. El acuerdo con el PNV fue costosísimo en términos económicos (1.400 millones para saldar las discrepancias de los 10 años anteriores y una nueva Ley de Cupo con efectos todavía indeterminados para el resto de España).

Se habló de “cuponazo” para un acuerdo que parecía de legislatura hace apenas unos meses, pero que ha quedado en suspenso a raíz del malestar causado en la sociedad vasca por la prohibición de los actos ilegales de la Generalitat. La incertidumbre presupuestaria que vivimos estos días se debe a la conexión de la política vasca con la situación política en Cataluña, que irradia dificultades al conjunto de España. Y no es casual, porque el descontento de gran parte de la sociedad catalana con el funcionamiento del Estado de las Autonomías encuentra, en parte, su origen en el tan favorable tratamiento financiero que han venido recibiendo los regímenes forales del País Vasco y de Navarra.

En septiembre de 2012, el entonces Presidente Mas planteó al Presidente Rajoy el llamado “pacto fiscal”, una imposible extensión del régimen vasco y navarro a Cataluña. Poco después de la obligada negativa, se iniciaría el “procés” ¿Hay solución para el problema de la asimetría financiera en nuestro país? La respuesta será positiva si se logra reducir la sobrefinanciación de los territorios forales respecto al territorio común. Esto contribuiría al mejor encaje de Cataluña.

El informe de la comisión de expertos para la reforma del modelo de financiación autonómica presentado el pasado 26 de julio contiene una propuesta en este sentido (pág. 80). Respetando el Concierto Vasco y el Convenio Navarro, en el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común se propone una aportación de las comunidades forales al fondo básico de financiación, que permite compartir parte de los ingresos con el fin de reducir las desigualdades territoriales. Las Comunidades aportan a ese fondo en función de su capacidad (i.e. de su riqueza relativa) y reciben en función de su necesidad para atender los servicios públicos transferidos.

De acuerdo con el Concierto económico, las Diputaciones vascas contribuyen cada año con el 6,24% de las cargas generales del Estado, en las que no se contempla la financiación a las comunidades de régimen común. Bastaría con incluir en la base de cálculo del Cupo lo que aporta el Estado al sistema de financiación para que la desigualdad territorial se corrigiera, al menos parcialmente. Con datos de la última liquidación del sistema común, estaríamos hablando de unos 525 millones de euros (unos 130 millones en el caso navarro, que paga el 1,6%).

Los acontecimientos que se viven estos días en Cataluña son de tal gravedad que hasta que se restablezca el orden constitucional no cabe plantear soluciones políticas. Por eso, el aplazamiento por unos meses de los presupuestos, por extraña maniobra que parezca, puede ser un acierto si permite una negociación presupuestaria sosegada, que incluya también vías de solución en los que una amplia mayoría de catalanes se puedan sentir cómoda e incluida.

El Gobierno y el PNV tienen ahora una oportunidad de ayudar a Cataluña a salir del atolladero, modificando el nuevo acuerdo de Cupo pactado el pasado 19 de julio, aún pendiente de tramitarse en el Parlamento. Se trataría de incorporar en esa Ley la aportación foral a la solidaridad con las Comunidades de régimen común, con un periodo transitorio si fuera necesario. Me temo que ni el Presidente Rajoy, ni el Lehendakari Urkullu están pensando en esto, pero el camino para fortalecer una España unida en su diversidad es reducir el privilegio foral, no acrecentarlo como se hizo en mayo pasado con el citado “cuponazo”.

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