¿Quién tiene razón, el juez Llarena o el ministro Montoro?

Salvo sorpresa de última hora, hoy se rechazarán las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El Gobierno ha salvado otra “bola de partido” en la agónica lucha por permanecer en su función, que no es gobernar, sino resistir. Se da la circunstancia de que el principal sostén parlamentario del Gobierno es también quien ejerce como líder de la oposición: Albert Rivera. Si tienen dudas, vean su posición en el asunto Cifuentes o, más recientemente, en el tema de las facturas del 1-O. Ciudadanos es quien ha solicitado la comparecencia del ministro Montoro en el Congreso para que explique sus chocantes afirmaciones de que la Generalitat no desvió dinero público para organizar el referéndum ilegal.

Ante el asombro de casi todo el mundo, mis amigos me preguntan: ¿Quién tiene razón, el juez Llarena o el ministro Montoro? Esto me pasa por presumir de saber algo de técnica presupuestaria y del gasto público. En adelante seré más modesto, porque es difícil entender qué ha sucedido. Por lo que se sabe, me inclinaría por la posición del ministro de Hacienda. Si lo aseguran con tanta contundencia, será que los responsables del ministerio han verificado que todos los gastos de la Generalitat, desde que fueron intervenidos en julio y septiembre de 2017 por el Gobierno central, han sido conformes a la legalidad. Y el referéndum era un acto ilegal, por lo que no ha habido dinero público para financiarlo.

El mecanismo de supervisión aplicado incluía, entre otros, certificaciones semanales de la intervención general de la Generalitat (órgano cuya titular dependía del entonces vicepresidente Junqueras). Como es sabido, una persona que actúa como interventora se juega algo más que su puesto si miente en lo que firma. Sin embargo, el juez Llarena dispone de informes que aseguran que sí se ha pagado con dinero público hasta 1,9 millones de euros. Los medios de comunicación se han hecho eco de todo ello.

Terció en la polémica el ministro de Justicia, defendiendo que Hacienda dispone de un mecanismo de control riguroso de las cuentas de la Generalitat de manera que “ese sistema está garantizando que no se desvíen fondos”. Trató de cerrar el asunto el propio presidente Rajoy el pasado martes, señalando que “no hay discrepancia: cada uno velamos por el cumplimiento de la ley". Aunque antes parecía alejarse de su ministro al matizar: "Los jueces están viendo si se han falseado las facturas o hay facturas que no se pasaron por la intervención".

El Tribunal Supremo y el Ministerio de Hacienda podrían tener ambos razón si se han emitido facturas falsas, engañando así tanto los controles de la propia Generalitat como los establecidos por el ministerio. O si multitud de gastos se inflaron –pongamos que un 3%- para que sean las empresas privadas quienes financiaran con ese margen gastos ilegales. Esto requeriría la connivencia de las empresas y de varios funcionarios. Todo es posible.

De momento no sabemos qué resultará de esta diferencia entre dos instituciones básicas del Estado. Quienes defienden las posiciones independentistas sospechan que no hay fundamento para la acusación de malversación de fondos públicos, un delito de consecuencias graves para personas que se dedican a la política. Y entre los que acusan al Gobierno de incapacidad política frente a la crisis que se vive en Cataluña, se han generado nuevos argumentos: la inoportunidad de Cristóbal Montoro al reivindicarse en este momento y la falta de coordinación de los diferentes ministros. La pregunta que cabe hacerse es qué sucederá si dentro de unas semanas o meses se demuestra que uno de los poderes del Estado erró.

Si el juez Llarena tuviera que modificar su acusación, las consecuencias políticas tanto en Cataluña como en el conjunto de España podrían ser catastróficas. Y no digamos en relación con la imagen internacional de nuestro país. Si, en cambio, resulta que quien fue engañado son los funcionarios de hacienda con su ministro a la cabeza, estaremos ante una nueva crisis, gravísima, del actual Gobierno, que solo podría superarse con la dimisión del Sr. Montoro. Me dirán que si no dimitió cuando el Tribunal Constitucional anuló su amnistía fiscal, no va a ser un juez instructor del Tribunal Supremo quien le haga tambalearse.

Es un asunto de extrema gravedad. Confiemos que España lo supere de la mejor manera posible. Si así ocurre, nos vendrá muy bien a los profesores de economía pública para explicar a los estudiantes que la contabilidad, la gestión presupuestaria, los controles de legalidad, economía y eficacia son conceptos reales como la vida misma y merecen estudiarse en profundidad. Pero al Gobierno de la nación me temo que se le avecina un grave incendio que, nuevamente, pillaría al jefe de los bomberos distraído, mirando a otro lado.