Presupuestos para 2018: yo invito, tú pagas

Entre 2010 y 2015 las reformas impositivas aprobadas por el Parlamento de la Nación recaudaron 152.288 millones de euros adicionales. Con ello el Estado obtuvo 153.034 millones más ¿Cómo? ¿El Estado recaudó 737 millones más de lo que pagamos los ciudadanos? Me dirán que no puede ser, pero así ha sido. El esfuerzo de los contribuyentes con los impuestos que trajo la crisis afluyó en su totalidad a la Administración central. De paso, en aplicación interesada de las leyes, se detrajeron esos 737 millones a las Comunidades autónomas de régimen común. Las comunidades forales se quedaron con toda la recaudación impositiva y, por si fuera poco, recibieron los nuevos impuestos creados en ese período.

El resultado que acabo de citar es fruto de la investigación de los profesores Granell y Fuenmayor, presentado la semana pasada en un seminario del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. El principal motivo del fenómeno descrito es que la legislación atribuye a la administración que sube (o baja) los impuestos, el aumento (o merma) de recaudación correspondiente. Es un mecanismo para garantizar la responsabilidad fiscal de cada nivel, lo que es imprescindible en países políticamente descentralizados como el nuestro. Así, cada vez que el gobierno central ha elevado el IVA y los restantes impuestos indirectos, ha minorado los recursos autonómicos en aquella parte que se considera fruto de la medida. Por ejemplo, con la subida del IVA del 18% al 21%, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012, dado que las comunidades de régimen común obtienen el 50% de la recaudación de IVA en su territorio, se descontaron del fondo de suficiencia 4.778 millones de euros, que iban a recaudar de más gracias a la decisión del gobierno central. En teoría, si los cálculos son correctos, las subidas de los impuestos indirectos resultan neutrales para las CCAA.

Dadas las dificultades que atravesaban entonces los gobiernos regionales, bien podría haberse modificado la Ley para evitar tal descuento. Pero no se quiso, lo que ha permitido al gobierno central y a los territorios forales disponer de mayor holgura presupuestaria durante la crisis. En consecuencia, los recortes de gasto se centrifugaron en su mayor parte, protegiendo las pensiones y los demás servicios del Estado central. Podría pensarse que fue necesario hacerlo así por la dureza de la crisis, y que una vez superada, esas prácticas quedaron atrás. Pues no exactamente. Ahora el gobierno anuncia una bajada del IRPF –impuesto que comparte con las CCAA de régimen común- pero en lugar de asignar la totalidad de la pérdida recaudatoria a la parte estatal, la van a soportar a medias. Yo invito, tú pagas.

Veamos. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 se han incluido rebajas en el IRPF que generarán ahorros de 2.208 millones anuales para más de cuatro millones de contribuyentes, según anunció el Ministerio de Hacienda la semana pasada. Se trata de una reducción en los rendimientos del trabajo y varios “cheques” por discapacidad, natalidad y guarderías. Pues bien, la reducción para quienes perciban menos de 16.825 euros de su trabajo -límite que se elevará desde los 14.450 euros en vigor- costará al erario público unos 1.545 millones/año. Por la técnica tributaria que se ha elegido, esa cantidad mermará las bases imponibles sobre las que se aplica la tarifa estatal y autonómica del impuesto. Por tanto, siendo la tarifa autonómica aproximadamente la mitad, las autonomías van a perder unos 750 millones anuales.

De todos modos, quizá no haya que alarmarse en exceso porque los Presupuestos de 2018 podrían ser rechazados por el Congreso de los Diputados. Y tampoco deben alegrarse demasiado los beneficiarios si se aprueban, porque los efectos de la citada rebaja impositiva no se producirán hasta 2019: los contribuyentes no lo notarán hasta que hagan su declaración de IRPF en la primavera del año que viene.

Imagino que cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los consejeros y las consejeras de hacienda de las CCAA de régimen común reclamarán al gobierno que se les compense por esta medida. Si no se atendiera su petición, será importante destacarlo para que los ciudadanos sepan, la próxima vez que voten, que las rebajas fiscales de las que presume el gobierno central se hacen en detrimento de los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales y otros encomendados a las Comunidades Autónomas.