Los efectos de una crisis institucional generalizada

La situación que estamos viviendo es, ciertamente, una situación inédita en la vida pública democrática de España. Realmente nos estamos colocando en un momento en el que cuesta analizar la situación de forma objetiva. La primera tentación de la que hay que huir es la de culpabilizar en exclusiva a un grupo social o a un agente del mismo orden. No es determinante saber si fue primero el huevo o la gallina. Lo relevante es el efecto sobre las instituciones o el conjunto del anclaje constitucional.

Después de lo que estamos viviendo a los ciudadanos les va a costar mucho diferenciar la actuación de los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo General del Poder Judicial o los magistrados que ocupen cargos judiciales de la extracción de procedencia. Este problema es de la máxima gravedad porque está proyectando sobre el funcionamiento de las instituciones un problema que es, en sí mismo, más grave que el propio de los métodos utilizados para desbloquear las situaciones en las que llevamos atascados como sociedad en los últimos años.

El problema central es la credibilidad de las instituciones concebidas con tanto desparpajo y lo que va a costarnos creer en la sinceridad de los planteamientos y de su actuación. Lo que está en juego es el futuro, la legitimidad del ejercicio y de funcionamiento de instituciones que son imprescindibles para la validación democrática de un Estado.

Estamos, sin embargo, en un momento en el que todo parece dar igual. Da igual como se articule la sustitución del Tribunal constitucional, del Consejo General o quien dirija RTVE o cualquier otra institución en la que hemos puesto la defensa de intereses colectivos. Sin embargo, no da igual. Del funcionamiento correcto de estas instituciones depende el modelo de sociedad, de Estado, el grado de consolidación de la democracia y, en suma, nuestro modelo de convivencia.

La cuestión relevante es que esta crisis se ha generalizado. El papel del legislativo en este periodo ha sido meramente instrumental. Su actuación en las nuevas leyes, en la falta de rigor, de precisión y de proyección futura, introduce en los agentes sociales una profunda incertidumbre sobre la regulación jurídica, la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones sociales. La última referencia de legislar pensando más en el pasado que el futuro, como ha ocurrido en el Código Penal, es algo que deberíamos repensar cuando no de cuestionar abiertamente. Pésimo esquema en un momento de crisis económica y social y con una enorme necesidad de proyectar seguridad sobre los agentes económicos.

La organización judicial y las instituciones de control quedan, igualmente, afectadas por una falta de generosidad política y por un deseo de resolver a cualquier precio las propias posiciones, conduce a proyectar un halo de falta de objetividad y de imparcialidad que es lo menos deseable para un poder del Estado. El esquema o la duda no debería, en ningún caso, proyectarse sobre los jueces y magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional. Sin embargo, también, esto lo hemos enturbiado pretextando que las decisiones que no gustan son el fruto de la falta de preparación de los jueces. No cabe ni siquiera pensar que exista un criterio diferente, que las posiciones interpretativas no son unánimes. Es la falta de preparación como parte del reproche personal. Dar el paso a que todo sea personal sin que pueda ser, simplemente, diferente, es algo que daña la sociedad, que la polariza y que nos está llevando a entender que todo tiene que ser uniforme y correcto en los términos que se proyectan desde el poder. Esta posición nos empequeñece como sociedad y nos hace perder la perspectiva.

La crisis institucional generalizada nos está haciendo perder la perspectiva. La legitimidad democrática es la base del sistema, pero no permite su ejercicio al margen del Texto Constitucional ni, en general, en condiciones que permitan situarse por encima de cualquier otro poder. Los poderes institucionales están conformados en los términos que la sociedad considero al aprobar la Constitución y la invocación de la legitimidad política como patente de exclusión del papel de cada uno, no es un ejercicio democrático de poder, por más que esté obtenido de forma legítima.

El momento es malo para pensar, para pedir mesura, reflexión o cualquier otro elemento que no forme parte de la contienda diaria. Sin embargo, lo que más preocupa no es lo que ahora pasa, sino lo que queda. Recuperar la normalidad institucional, la credibilidad y la función constitucional de todo lo que ahora estamos alterando es una labor que llevará años y que exigirá pedagogía y compromiso generoso en recuperar las claves de relación social.