La justicia en el cadalso... con Iglesias y Sánchez a lo suyo

Octubre de 2018. Terremoto. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en un fallo de consecuencias impredecibles, rectifica la jurisprudencia sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que hasta ese momento se cargaba a los clientes a la hora de adquirir una vivienda. ¿Consecuencia? Los bancos del Ibex se desploman en bolsa. El mismo día de autos se dejan casi 5.000 millones, ya que tendrán que sufragar ellos ese coste. En apenas 24 horas, como si un tsunami hubiera golpeado a la justicia española, el Alto Tribunal decide congelar la resolución “por su enorme repercusión económica y social”. Un argumento que daría en sí mismo para tratados de derecho. Ya entrado noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en pleno, escenifica una rectificación en toda regla y corrige la primera decisión de la Sala Tercera: pagan los clientes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no deja pasar la ocasión de abrazarse al populismo más básico y lanza un real-decreto: “Queremos que nunca más los españoles paguen este impuesto y que lo pague el sector financiero”. La imagen de la justicia sufre un revés de proporciones bíblicas, en tanto ‘aliado’ de la banca y el ‘establishment’.

Cuando el golpe reputacional parecía suavizarse, esta semana la posición del abogado general de la UE sobre el IRPH vuelve a suponer un auténtico mazado sobre el Tribunal Supremo. Aunque el escrito es muy abierto y los bancos pueden agarrarse a que no se considera directamente nulo o abusivo el índice, lo cierto es que su tesis abre la puerta a una oleada de reclamaciones al plantear que debe estudiarse cada caso y si cada cliente fue suficientemente informado sobre las implicaciones de asumir el ‘indicador maldito’. Y ahí es donde vuelve a perder paso y patina el Alto Tribunal, como bien se exponía en estas mismas páginas. No en vano, su jurisprudencia era hasta ahora bien clara después de que en diciembre de 2016 dictara sentencia desfavorable para los afectados por este índice, en un pronunciamiento que contó con votos particulares de peso y que siempre ha estado bajo la lupa. En suma, y en menos de un año, dos golpes en la línea de flotación del organismo y de la propia justicia, además en temas que pisan calle al afectar a muchos consumidores.

En este punto, no es ocioso revisar algunas cifras. Por ejemplo, sorprende sobremanera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sacara pecho el pasado viernes por los guarismos que arrojan los juzgados especializados -o de cláusulas abusivas- que entraron en vigor el 1 de junio de 2017. De acuerdo con su propio informe, el número de asuntos pendientes de resolución al finalizar el segundo trimestre del año era de 255.247. Por mucho que el volumen de casos se haya rebajado por primera vez en tasa intertrimestral -en apenas 6.000 procedimientos-, lo cierto es que aún se manejan cifras extraordinariamente altas que no avalan la autocomplacencia. Está por ver, igualmente, que los nuevos cambios de jurisprudencia no provoquen una nueva avalancha de reclamaciones que inunden esas instancias, cuyos medios deben ser cubiertos por unas comunidades autónomas que siguen dependiendo de un presupuesto diseñado por un Cristóbal Montoro que desde hace meses debe ver con asombro la parálisis política en que está inmerso el país desde su retiro de El Escorial. Dicho sea de paso, tampoco habla demasiado bien de las prácticas del sector bancario que un 96,5% de las sentencias fueron estimatorias en el segundo trimestre, en línea con los datos observados en los dos últimos años. La brecha entre la normativa financiera y la que protege al consumidor es salvaje.

Tampoco avalan a la justicia española los datos europeos sobre resolución de litigios. De acuerdo con el ranking europeo que difunde anualmente la Comisión Europea, los tribunales españoles están a la cola del continente en cuanto al tiempo que emplean en resolver pleitos “civiles o comerciales” -según la denominación comunitaria-, véase más de 300 días en primera instancia y unos 600 para darles carpetazo definitivo. Con datos de 2017 -últimos comparables disponibles- solo Italia nos gana en ‘pasividad’, con una cifra que se sitúa en los 1.300 días. Únicamente en los casos de corrupción y lavado de dinero, el número de días también roza los 600… aunque solo en primer instancia. Con el agravante de que la mera imputación supone para muchos ejecutivos una muerte civil que les impide participar en consejos o acceder a cargos relevantes durante años, en lo que es otra forma de castigo profesional -muchas veces hipócrita- más allá del penal si finalmente procede. “Esperando que salga lo mío para seguir adelante”, suele escucharse con asiduidad entre el Palace y el Villamagna entre conspicuos ejecutivos afectados por la disparatada litigiosidad que afecta al mundo financiero y que desde el 15-M ha llegado para quedarse.

La puntilla a este este mar de fondo la da el parón que desde 2015 vive la política española, dedicada desde entonces con antológico acierto a copiar el magma que ha dinamitado la escena italiana durante décadas. Los mensajes transmitidos hace apenas días en la apertura del año judicial no pueden ser más reveladores sobre la necesidad de un imposible cierre de filas en torno a la institución. Por ejemplo, no es casualidad que entre bambalinas no se hablara de otra cosa que de la sentencia sobre el ‘procés’ catalán, a punto de ser alumbrada, y que el magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, estuviera en boca de todos. Difícil encontrar un episodio con más potencial desestabilizador. Tampoco es casual que el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, centrara su discurso en recordar que el organismo vio expirar su mandato en diciembre y, desde entonces, no se ha producido movimiento alguno para la renovación de los vocales.

Una grieta que “puede contribuir al descrédito del propio órgano de los jueces”, arreció el propio Lesmes en un aviso a navegantes que los políticos a los que fue dirigido no parecen asimilar a la vista de la pueril actitud mostrada en las últimas semanas por quienes tienen la obligación de llegar a acuerdos y, por el contrario, parecen obcecados en convertir a España en una permanente montaña rusa electoral. Entre aprendices de brujo cegados por el cálculo matemático a la luz de los sondeos y contumaces políticos con anteojeras, el camino hacia el cadalso de instituciones clave como la justicia parece cuidadosamente asfaltado. Será interesante ver qué y quiénes quedan en pie cuando dejen de sonar los disparos, se disipe la humareda de los Winchester y el pueblo salga de la cantina. Desde luego, la tarea para el elegido será ingente. Basta con comprobar el vacío de leyes aprobadas y reformas acometidas en estos años que aguardan a la recesión económica que viene -sí, hay un mundo fuera-. Lástima que la política se haya convertido en una partida de Risk.