España y los servicios de inteligencia 3.0

Recientemente hemos conocido que el Centro Nacional de Inteligencia tiene previsto contratar a centenares de agentes para afrontar los nuevos desafíos que una actualidad política cambiante e incierta, tanto en España como en el mundo, imponen a los Estados occidentales.

El objetivo de esta acción no es otro que reforzar los instrumentos orgánicos fundamentales de los que se están sirviendo las democracias para sobrevivir en este escenario geoestratégico tan complicado con el que nos está recibiendo el primer cuarto del siglo XXI, y que no son otros que los servicios de inteligencia.

Puede sorprender que en una época de restricción de gasto público vayan a destinarse recursos económicos y humanos tan importantes para un sector que no goza de un reconocimiento mediático e institucional proporcional a esta inversión, pero en este caso, las zanahorias del Ministro Montoro están más que justificadas.

Los servicios de inteligencia han sufrido una evolución desconocida, pero sin embargo ha resultado de todo punto exitosa al acompasar el ritmo que la seguridad del Estado requiere con el tempo de una democracia exigente, tanto en el respeto a los derechos de los ciudadanos que la componen, como de lealtad al resto de países que formamos la Unión Europea y, en general, con el conjunto de nuestros aliados.

En un primer momento, amparado bajo las siglas de SECED, Servicio Central de Documentación, dependiente de la por entonces Presidencia del Gobierno de Carrero Blanco, su misión fundamental se basaba en labores de contrainteligencia y lucha anti subversiva contra todo aquello que atentara contra la dictadura.

En este sentido surge la conformación de un servicio secreto centrado en los riesgos que el régimen debía afrontar con las repercusiones de un mayo del 68 imperante en Europa y una España encerrada en su propio laberinto. El advenimiento de la democracia era ya una realidad y el régimen trataba de contar con un instrumento capaz de al menos poder ser consciente de esta situación. Es lo que conocemos por inteligencia 1.0. Un servicio secreto basado en el interior de la nación, opaco y que únicamente respondía ante los mismos actores políticos que lo habían creado.

Ya en democracia, aunque todavía incipiente, en 1977 se constituye el Centro Superior de Información de la Defensa, el más conocido como CESID, que reconfiguró sus funciones pasando a asumir las propias de un servicio secreto pero avanzando, al igual que lo hacía nuestra democracia, para convertirse en un auténtico servicio de información 2.0. Era la superación de un servicio destinado al Gobierno para servir al Estado en su conjunto y, por lo tanto, a los ciudadanos. Aunque en su inicio únicamente respondiera ante él, lo cierto es que su misión no era otra más que advertir de las amenazas, de cualquier tipo, que pudieran poner en peligro la existencia y normal funcionamiento del Estado.

En su carrera por convertirse en un servicio de inteligencia moderno, el CESID se vuelve a reinventar en 2002 en el actual Centro Nacional de Inteligencia. Es el paso 3.0 ante el que adquiere los requisitos ineludibles para operar en un Estado plenamente democrático y por lo tanto debe someterse, como cualquier otra institución del Estado, al ordenamiento jurídico, con un control judicial previo a sus actuaciones siempre que sus actividades afecten a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española.

Sin duda la misión y aportaciones del servicio de inteligencia son esenciales para el Estado. Tanto para garantizar su propia existencia como para convertirse en un instrumento de incalculable valor en nuestras relaciones con nuestros aliados.

Es por ello por lo que nuestra Estrategia de Seguridad Nacional le otorga un papel clave ante las amenazas y desafíos para la seguridad nacional. Con respecto a la lucha contra el terrorismo internacional, su labor de prevención, información y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha hecho patente en las innumerables detenciones que se han producido en nuestro territorio en los últimos años. La dimensión internacional se plasma en el apoyo sobre el terreno a nuestras tropas e intereses desplegados por las zonas más conflictivas del planeta.

Los conflictos armados tampoco les son ajenos. La ampliación de los escenarios bélicos tradicionales, tierra, mar y aire, también se han transformado, surgiendo el ciberespacio, como un campo de batalla más, a menudo más peligroso, y que supondrá la principal acción del servicio de inteligencia durante los próximos años, tanto en su vertiente externa como interna, especialmente en el campo de la desinformación o fake news.

El tráfico ilícito de personas, la piratería o el crimen son otros aspectos también reconocidos en la Estrategia de Seguridad Nacional ante los que el CNI deberá responder.

En este sentido, el papel que la institución puede aportar a nuestros aliados es fundamental, ofreciendo una respuesta completa al aportar la experiencia en la lucha contra el terrorismo etarra, sus éxitos contra el terrorismo yihadista y en una dimensión más política, en las iniciativas internacionales, especialmente en el caso de la UE.

Un aspecto más controvertido, puesto que puede suponer solapamiento con otros servicios de inteligencia dependientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es el crimen organizado. Es aquí cuando surge la duda sobre si el Centro debe o no actuar. Aun contando con una inestimable presencia y fuerza sobre el terreno, y siendo capaz de poner a disposición de las autoridades nacionales su savoir faire, la delgada línea que separa su actuación de su inacción se ve condicionada por la existencia de una amenaza real e integral con el Estado, especialmente en su vertiente económica.

Es en este aspecto, el económico, es donde mayor recorrido tiene la inteligencia 3.0. Los avances en materia de telecomunicaciones y de uso masivo de información hacen que el ciberespionaje sea una materia de uso común entre individuos, organizaciones e incluso países terceros para acceder al conocimiento e inteligencia económica de nuestras empresas e instituciones. La misma Estrategia Nacional ya reconoce un incremento brutal de las “agresiones” procedentes de servicios de inteligencia extranjeros contra intereses españoles.

Este es el ámbito sobre el que girará de manera radical la actuación del servicio de inteligencia 3.0, siendo necesario mejorar las capacidades, tanto tecnológicas como humanas y de inteligencia para alcanzar su fin.

Ante este panorama, la incorporación de 600 nuevos agentes al CNI puede resultar incluso escaso para todas las funciones que se incluyen en sus nuevos cometidos. España ha ofrecido y ofrece un ejemplo en la gestión de los riesgos que afronta la comunidad internacional, y nuestro servicio de inteligencia también debe ofrecer una herramienta flexible y capaz de aportar respuestas ante las incertidumbres que nos depara un mundo cada vez más incierto, interconectado e inestable.