Hacia un concepto integral de seguridad energética

El último ataque informático dirigido al principal gestor del sistema de suministro de crudo de la costa Este de los Estados Unidos ha puesto de manifiesto la fragilidad de uno de los bienes esenciales de la Seguridad Nacional: la seguridad energética.

En el pasado, la Seguridad Nacional se concebía como una potestad dirigida a permitir al Estado actuar de tal manera que pudiera reaccionar contra toda aquella entidad o persona que atentase contra él. Citando al célebre internacionalista del Siglo XVIII, Emer de Vattel, el Estado podría utilizar "todo cuanto necesite para evitar un peligro inminente, y para alejar las causas capaces de originar su ruina". Posteriormente, el concepto de Seguridad Nacional ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pero sin olvidar el aspecto fundamental de Vattel: proteger a la Nación.

Si en la Guerra Fría su alcance se limitaba a la protección física del Estado, las altas instituciones o la integridad territorial, con posterioridad se fue extendiendo a los ciudadanos o incluso a aspectos ajenos a esa concepción clásica. Nos embarcamos en otras dimensiones del Estado, como la política, la economía, la salud, la educación, la ecología o el medio ambiente. Un claro ejemplo lo encontramos en la evolución de las Estrategias de Seguridad Nacional que, desde 2013, marcan las prioridades geopolíticas del Gobierno español.

La seguridad energética siempre ha estado entre las cuestiones privilegiadas de la Seguridad Nacional. Ha gozado de un apartado propio dentro de las líneas de acción estratégicas y ha sido protagonista de la Estrategia monográfica de 2015, cuyas claves son la consecución de tres objetivos: la diversificación de fuentes de energía, la garantía de la seguridad del transporte y abastecimiento y el impulso de la sostenibilidad energética.

La seguridad energética fue definida en 2015 como "la acción del Estado orientada a garantizar el suministro de energía de manera sostenible económica y medioambientalmente, a través del abastecimiento exterior y la generación de fuentes autóctonas, en el marco de los compromisos internacionales asumidos". Cada una de las palabras de esta enunciación podría tener un tratamiento independiente, pero el ataque sufrido por el principal oleoducto de la costa Este de los EEUU ha puesto sobre la mesa el carácter estratégico del transporte de combustible.

Sin él, la libertad, ese concepto tan manido política y económicamente, también está en cuestión al impedir el libre desplazamiento por el territorio nacional o la entrada y salida de vuelos con origen o destino en la mayor potencia del mundo.

Es el segundo de estos aspectos, el de la seguridad del transporte, el que se ha visto amenazado en su integridad en EEUU. La combinación de un ataque a la ciberseguridad de la red ha puesto en tela de juicio las infraestructuras físicas de transporte de crudo americano, poniendo en riesgo, al menos durante unos días, la seguridad de suministro en un país con más de 300 millones de habitantes.

Lejos de suponer una anécdota, la experiencia estadounidense supone un cambio sustancial en el modelo de seguridad energética español. En el pasado, la energía suponía el bien jurídico y económico a proteger, pero, ya en 2021, las conexiones y las redes de transporte son las que pasan a ser las auténticas "materias primas estratégicas", imprescindibles para hacer posible que un litro de gasolina circule sin riesgo desde La Coruña a Murcia.

Junto a las materias primas estrategias, otro de los conceptos superados es el de independencia energética. La actual configuración del mix energético -no solo español - impide ser independiente en sentido estricto. La necesidad de importar bienes de equipo y materiales esenciales para la fabricación de paneles solares, chips o cualesquiera otros componentes necesarios para garantizar la sostenibilidad técnica del sistema, provoca que sea necesario abandonar el deseo de independencia para abrazar la interdependencia energética, en especial ante la ausencia -e inviabilidad- de una autonomía estratégica integral. La capacidad de interconexión entre bloques energéticos pasa así a considerarse como uno de los principales valores estratégicos, como debería ser el caso de la interconexión de doble vuelta España–Francia, o la existente entre el Norte de África y Marruecos. Esto sí convertiría a España en un auténtico ‘hub’ renovable, imprescindible tanto en la gestionabilidad del sistema francés como en el sistema de respaldo del Norte africano.

La Estrategia de Seguridad Energética necesita una actualización que parta de reconocer el paso de gigante dado en 2015. La adopción de una definición común y concreta, dirigida a garantizar el suministro de energía de manera sostenible a través del abastecimiento exterior y la promoción de fuentes autóctonas, fue un éxito, pero también debemos aprender de los acontecimientos sucedidos en EEUU e incluir todos los aspectos relativos a la seguridad física o virtual del sistema, al menos garantizando la seguridad de las infraestructuras energéticas nacionales.