La irresistible ascensión de nuestro Salvador

Aunque se ignora su posible afición al billar, don Salvador Illa es el rey del rebote y la carambola. Cuando fue nombrado Ministro de Sanidad, nadie pensó que iba a ser decisivo en el Gobierno de Sánchez. Su aspecto de oficinista no le delata como el rey del mambo, pero lo cierto es que la declaración del estado de alarma le ha convertido en "rex legibus solutus". El rey es la ley. España es una extraña monarquía absoluta. La monarquía parlamentaria es una institución trasnochada. En la España del COVID-19 quien viste el armiño y simboliza al Estado no es don Felipe VI sino el Ministro de Sanidad.

En una ocasión anterior ya tuve la oportunidad de referirme al nuevo e inesperado ganador del combate de boxeo en que se ha convertido la política española. Gracias a su mánager Pedro Sánchez, Salvador Illa es el gran tenor de la Moncloa tras la declaración del estado de alarma. No obstante mi primera intervención, sucesos posteriores me obligan a volver al lugar del crimen. Está en juego el sistema de fuentes del Derecho. Está en peligro el principio de jerarquía normativa que garantiza la Constitución (artículo 9).

En la primera edición (ejemplar núm. 115) del BOE del 25 de abril se publicó la Resolución de 22 de abril del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación de la autorización de la prórroga del estado de alarma (hasta el 9 de mayo) solicitada por el Gobierno. Prácticamente, la única novedad respecto a la situación anterior es el permiso otorgado a los menores de 14 años para, acompañados de “un adulto responsable”, salir del domicilio con la finalidad de realizar, exclusivamente, los desplazamientos autorizados a los adultos (asistir al centro de trabajo, comprar en el supermercado, realizar operaciones en una entidad financiera…). También en el mismo ejemplar se publicó el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma. Como no podía ser de otra forma, el Gobierno se ajusta literalmente a la autorización explícita del Congreso en relación con las salidas del domicilio de los menores de 14 años.

Unas horas después, con premeditación y alevosía, el BOE publicaba en su segunda edición (ejemplar 116) una Orden del Ministro de Sanidad que presentaba, con el desparpajo habitual de los que hacen trampas en el póker, una enmienda a la totalidad no solo al acuerdo del Consejo de Ministros sino, lo que resulta mucho más grave, a la Resolución del Congreso de los Diputados. ¡Illa contra la soberanía nacional! Como perrito faldero del Presidente Sánchez, el Ministro Illa le daba un giro de 180º a los desplazamientos de los menores de 14 años y limitaba con un rigor mucho más bondadoso y sensato las salidas de los chavales a cielo abierto. Fue una treta muy chusca del adlátere del señorito.

Como es lógico, los padres se colocaron, sin ninguna reserva mental, del lado de Illa. Yo, materialmente, también me incorporaría a sus filas. No tengo hijos menores de 14 años pero padezco el síndrome de Peter Pan. Me niego a crecer. En cualquier caso, los padres han seguido la máxima de Albert Camus: "Entre la justicia y mi madre, prefiero a mi madre".

Sin embargo, una sociedad bien ordenada desprecia la justicia del cadí. Cualquier población civilizada que no viva a orillas del Orinoco (Ortega) necesita una organización interna basada en una planta institucional. Y sus instituciones exigen reglas jurídicas para relacionarse entre sí y, como es natural, también con los ciudadanos. Los hombres civilizados, por encima de una supuesta justicia natural, necesitamos certeza y seguridad jurídica. E, igualmente, una distribución de los poderes institucionales establecida con claridad. Lo que, a su vez, reclama, dentro de la estructura de los poderes ejecutivo y legislativo, la garantía del principio de jerarquía normativa. Imaginen que el Ministro de Sanidad, en vez de abrir la mano con las salidas de los menores, los hubiera encarcelado en un calabozo más lóbrego y estrecho que el construido por el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados. Seguro que, en este caso, los padres blasfemarían contra nuestro Salvador. No hay nada más asqueroso que la arbitrariedad. El cadí, según sienta frío o calor, un día puede condenarte a muerte y otro invitarte a su tienda para degustar un platillo de baqlawas con té a la menta.

Lo peor que ha hecho el bondadoso y servil Salvador Illa no sido saltar por encima del principio de jerarquía en el orden administrativo. Cualquier alumno de primero de Derecho sabe que un Decreto del Gobierno es superior a una Orden Ministerial. Esta última puede desarrollar o aclarar el contenido de un Decreto, pero no tiene capacidad constitucional para despreciarlo o desobedecer sus mandatos. Pero eso es lo de menos. La mayor barbaridad del nuevo Alarico ha sido puentear al poder legislativo y al Congreso de los Diputados, que no solo debe autorizar la declaración del estado de alarma sino también, si así lo desea, modificar su contenido cuando el Gobierno solicite del Congreso su prórroga. La intervención del Congreso traslada la cuestión del principio de jerarquía normativa más allá de un simple conflicto interno entre órganos del poder ejecutivo.

Antes del Covid-19, sólo en una ocasión se ha declarado el estado de alarma en nuestro país. Fue en el año 2010, ante "la emergencia aérea" causada por los controladores de los aeropuertos. Los controladores acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa, en reivindicación de sus supuestos derechos. La jurisdicción les cerró la puerta y entonces solicitaron el amparo del Tribunal Constitucional (TC). El máximo intérprete de la Constitución también les dijo que 'nanay'.

El TC (STC 83/2016, FJ 9) afirma: "El acto de autorización parlamentaria de la prórroga legal del estado de alarma o el de la declaración y prórroga del de excepción, que no son meros actos de carácter autorizatorio, pues tienen un contenido normativo o regulador, así como el acto parlamentario de declaración del estado de sitio son, todos ellos, decisiones con rango o valor de ley, expresión del ejercicio de una competencia constitucionalmente conferida a la Cámara Baja ex. art. 116 CE, en aras de la protección, en los respectivos estados de emergencia, de los derechos y libertades de los ciudadanos".

En la misma Sentencia (FJ 10) se dice: "El acuerdo gubernamental, aunque tiene la forma de decreto, puede desplazar a todas las leyes vigentes. Tiene un valor normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes. Todo esto es predicable del acto inicial y de las prórrogas del estado de alarma. Con mayor razón las prórrogas: su contenido es el autorizado por la Cámara".

Espero que el Gobierno de Pedro Sánchez no diga que el TC hace trampas, que le ha puesto la zancadilla y que es un malicioso autor de bulos. El caso es que don Salvador Illa ha escalado a la cumbre del poder siendo la sombra del Presidente del Gobierno. Primero ha desalojado de sus escaños a los diputados del Congreso y, poco después, se ha autonombrado Presidente del TC. Sin embargo, don Salvador no tiene límites. Ahora juega al tute con su Majestad Felipe VI y ha abandonado su hábito de padre franciscano.

Pero no creo que el espíritu de Illa esté podrido. Don Salvador es el mayordomo de su señorito, es cierto, pero es católico practicante, lo que le garantiza la absolución de sus graves pecados. Además, le encantan la escudella y arrancar las malas hierbas del huerto familiar. En el fondo, aunque sea la voz de su amo, no parece una mala persona. Cuando esta pesadilla ceda el paso a "una" nueva normalidad, me apetecería ser su confesor. Le daría mi bendición y después le invitaría a tomar una gaseosa de mandarina. Y, antes de despedirnos, le daría el carnet del Club de los Nomófilos.