La sentencia del caso Bankia se ha convertido en objeto de estudio para muchos letrados y juristas que están inmersos (como acusación o defensa) en procesos similares de delitos económicos contra empresas y directivos, en los que la Fiscalía Anticorrupción dirige las pesquisas durante la instrucción a la espera de llegar a juicio oral y formular sus acusaciones. Los fiscales que están al frente de causas parecidas, como la del Banco de Valencia, el caso Popular, el Patrimonio de Rato o algunas de las piezas del caso Villarejo en las que hay inmersas empresas del Ibex 35, tendrán grabadas a fuego las palabras del tribunal del caso Bankia al recriminar a su colega por haber alargado una causa durante más de cinco años de instrucción, agravar sus acusaciones sobre la marcha con “inconcreciones y vaguedades”, y plantear unas premisas “cuya veracidad está huérfana de pruebas”.
Resulta curioso que la crisis financiera que sufrió España entre 2008 y 2014, agravada a mediados de ese periodo, sea uno de los “hechos probados” de la sentencia, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de una época en la que el derrumbe del negocio inmobiliario echó abajo todos los castillos de naipes de multitud de empresas y personas, con el drama social que eso supone, hasta el punto de que muchos empresarios que se equivocaban en sus decisiones, no solo tenían que afrontar la pérdida patrimonial que eso suponía, sino una condena social y una demanda penal por las consecuencias. De alguna manera, la sentencia de Bankia pone las cosas en su sitio y refrenda el viejo dicho de que “quien juega y pierde, paga y calla”, pero no le meten en la cárcel por ello a no ser que haya cometido un flagrante delito al hacer alguna de las dos cosas.
El problema es que el periplo de hasta ocho años entre la acusación y la absolución se ha llevado por delante la vida profesional de muchos de los 34 implicados en el caso Bankia, algunos de los cuáles han pasado de tomar decisiones trascendentales para todos los españoles al olvido social y empresarial más absoluto. En este tipo de situaciones, una justicia tan tardía no despliega de forma total todos los efectos subsanadores que se le suponen ni sirve para paliar la pena de telediario que ha perseguido a los implicados durante tanto tiempo.
Es evidente que no existe un paralelismo total entre el caso Bankia y las más de 25 piezas que tiene abiertas el caso Villarejo, pero a la actuación de los fiscales Anticorrupción se les presupone el máximo grado de pulcritud a la hora instruir la causa, en aras de que puedan probar todas sus acusaciones si se llega a sentar en el banquillo a los investigados. Aunque sea el juez el que decida siempre sobre todo lo que se le presenta delante, las sospechas sobre cualquiera de las actuaciones de los fiscales no son buen augurio para el tribunal que finalmente deberá analizar los hechos y las pruebas, y determinar si sirven para sustentar las actuaciones, como ha ocurrido en Bankia.
En este macroproceso también hay empresas importantes implicadas y ejecutivos que se juegan su carrera profesional y personal, aunque no sean unas cuentas y una salida a bolsa lo que se juzgue, sino las actuaciones más que sospechosas de un comisario-empresario que supo ‘vender’ sus favores muy caros a una parte de la cúpula empresarial del país. Es más, los sumarios del caso Kitchen y de los papeles de Bárcenas apuntan que a Villarejo lo podía contratar hasta el propio Gobierno de turno para cubrir sus intereses políticos o partidistas.
Es una gran responsabilidad que la instrucción de todos estos casos se haga de la forma más pulcra y recta posible y los supuestos delitos queden bien fundamentados. Claro que la primera duda ha saltado ya en algunos casos, como el de Iberdrola o BBVA y el posible delito de cohecho que se les achaca: si a Villarejo le podía contratar como empresario hasta el Ministerio del Interior, aunque a la vez fuera policía, ¿por qué no lo podían contratar las empresas de forma legal y transparente? Como deja claro la sentencia de Bankia, serán quienes acusan de cohecho los que deberán aportar las pruebas y los hechos que demuestren que pudo existir ese delito… a riesgo de llevarse una reprimenda. Sin el delito de cohecho claro, hay piezas del caso Villarejo que pueden hacer mucho daño innecesario a demasiada gente durante mucho tiempo, como ha ocurrido con el caso Bankia.
