Cuando menos se espera salta la liebre. Estaban los empresarios tan a gusto, disfrutando de la inercia económica que brinda la parálisis de un Gobierno indefinido en funciones y han tenido que ser los inefables supervisores de la CNMC, siempre los mismos, quienes rompan la calma chicha anunciando una tempestad, con rayos y culebras, en medio del más poderoso a la par que regulado sector energético. Para más inri todo el revuelo se ha producido justo cuando Pedro Sánchez trata de elevarse a las alturas como el mayor ecologista del Reino, superando incluso en el alarde a su ínclito predecesor Zapatero porque éste último no hacía más que presumir de políticas medioambientales pero al mismo tiempo se iba a celebrar el comienzo del curso político a las minas de Rodiezmo.
Encabezado esta vez por Francisco Reynés, el ‘lobby eléctrico’ ha saltado como una pantera contra los planteamientos del organismo regulador. El presidente de Naturgy ha recurrido a esa amenaza de libro que es la suspensión de las inversiones no sin antes incitar a los grandes fondos de inversión extranjeros como arietes de una protesta a la que después, y tras unos primeros días de reflexión, se ha sumado también el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla. Las empresas públicas son más cuidadosas a la hora de emitir gritos huracanados contra decisiones institucionales, pero la presión de los inversores en bolsa y la caída continua de las cotizaciones obliga también a los empresarios más politizados a presentar armas ante una batalla que se promete especialmente intensa a la vuelta del verano.
Para entonces el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, será algo así como el ‘pato cojo’ de la regulación energética puesto que su cargo al frente de la autoridad de mercados y competencia vence el próximo 10 de septiembre. Aún el en supuesto de que fructifique la investidura de esta próxima semana, mucho va a tener que correr Pedro Sánchez y su eventual Gobierno de coalición con Podemos para remover de arriba a abajo la estructura de mando del 'Supervisor mayor del Reino'. En otras palabras, los promotores del hachazo de 1.000 millones de euros que amenaza a las empresas eléctricas y gasistas estarán de paso en sus cargos oficiales a la hora de ejecutar la sentencia de marras porque, no se olvide, que a día de hoy lo que está sobre la mesa es una circular sometida a consulta pública y en la que aún queda mucha tela que cortar.
Al margen del dramatismo que puedan ponerle unos y otros damnificados, el conflicto ha empezado a adquirir tintes rocambolescos, hasta el punto de que el propio Marín Quemada ha tenido que pedir árnica a la ministra de Economía, Nadia Calviño, para que prorrogue hasta fin de año el traslado del director de la CNMC en materia energética a la oficina comercial de España en Tokio. Fernando Hernández Jiménez-Casquet, principal responsable de la propuesta de la discordia, lleva desde el mes de marzo haciendo las maletas para marcharse a Japón, toda vez que el Gobierno tuvo a bien premiar su papeleta de solicitud en la conocida lotería de los ‘tecos’, o lo que es igual el reparto de cargos institucionales restringido exclusivamente a técnicos comerciales y economistas del Estado.
El cambio de aires está previsto para octubre y cabe incluso la posibilidad de que el gran azote de las eléctricas obtenga el premio gordo al que también se postula como presidente de la Agencia de Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER), con sede en Liubliana (Eslovenia). Sea como fuere, está claro que el padre de la criatura, asesor ministerial que fue en tiempos de la gran reforma energética llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, se encuentra en expectativa de destino pero con el futuro profesional a salvo, de modo que la única pretensión ahora es dejar su impronta como empleado del año en la CNMC. No es de extrañar que los calores estivales hayan atacado a los agentes del mercado, temerosos de que el cambio climático arrecie en contra de sus golosas cuentas de resultados; las de sus empresas y las suyas propias.
El capitalismo montaraz de las empresas reguladas
Al fin y al cabo, con independencia de que Marín Quemada termine afeitando los cuernos del morlaco una vez que se pase el bochorno veraniego, lo que subyace detrás del golpe que la CNMC quiere propiciar al estado de situación del sector energético es la enorme paradoja de esas multimillonarias y recurrentes retribuciones que se embolsan los altos ejecutivos y consejeros de las empresas reguladas. Dicho de otra manera, con la ayuda del vecino mató mi padre un cochino, lo que en versión macroeconómica podría traducirse como que gran parte de los inconmensurables salarios y generosos dividendos pagados por muchas de las sociedades cotizadas del sector no podrían justificarse ni de lejos si no fuera por las subvenciones que apoquina cada año el Estado para compensar los costes de la actividad pública que desarrollan estas compañías.
La CNMC ha puesto el dedo en la llaga de ese capitalismo montaraz asimilado después de una selecta metamorfosis que convierte a entidades de naturaleza privada en concesionarios de un servicio público financiado primero por los contribuyentes y pagado después por los usuarios. Los llamados sectores regulados pueblan en nuestro país el mapa corporativo a la vez que cobran lustre como partícipes de la aristocracia empresarial reunida en torno al Ibex 35. Una dualidad que afecta a todo el sector energético en España y que es tan singular como la que podría derivarse, y de hecho se deriva, de un organismo regulador de control en el que participa con todos los galones el marido de la propia ministra de Transición Ecológica. No en vano, Mariano Bacigalupo es uno de los consejeros de la CNMC con mayor predicamento en los mismos asuntos energéticos que luego ha de ventilar Teresa Ribera desde su espléndida cartera gubernamental. Ni Kafka en sus mayores momentos de inspiración podría haber ideado tamaño disparate.
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