Inflación y política fiscal

Los precios de las materias primas han caído con fuerza en el último mes. Los inversores sobre reaccionaron en marzo, tras la invasión de Ucrania, y ahora comienzan a descontar recesión mundial. La producción industrial mundial cayó un 3,5% en marzo y abril. Mientras en los países desarrollados su producción industrial se ha estancado, en China se ha frenado un 10%, por los efectos de su confinamiento, y ha arrastrado al resto de países asiáticos que se caen un 7%.

Los precios de los metales han caído ya por debajo de hace un año y los de los alimentos, incluido el trigo y el maíz principales exportaciones ucranianas, están por debajo de niveles anteriores a la invasión. Incluso el precio del petróleo y el gas en EEUU han caído con fuerza y cotizan a sus niveles de enero. Sin embargo, el corte de suministro de gas desde Rusia a Alemania ha encendido las alarmas y el precio del gas en Europa se ha disparado de nuevo a los 180€/MWh cerca de máximos. En España el precio ha pasado de 80 euros a 160 en el último mes. Eso tiene un impacto muy intenso sobre los precios de la electricidad. Han repuntado hasta 400€/MWh y lo más preocupante es que los futuros dentro de un año en Francia y Alemania siguen próximos a ese nivel.

Zelenski parece que comienza a prepararse para negociar un alto el fuego, cediendo territorio a Rusia a cambio de dinero de los países de la OTAN. Ya han estimado que necesitarán 750.000 millones de euros. Esa cantidad es una barbaridad y seguramente será mucho más baja, pero todos empiezan a asumir que Putin está ganando la guerra. Para Europa es determinante que la guerra acabe cuanto antes para evitar un intensa recesión en el próximo invierno. Para África principal receptor de exportaciones de alimentos de Rusia y Ucrania también. Para el resto del mundo el impacto económico derivado de la guerra empieza a ser determinante.

Los bancos centrales ya han centrado su foco en contener la inflación, especialmente en EEUU con la tasa de paro próxima al 3%. El problema es que ahora la deuda mundial sobre el PIB es el doble que en los años setenta, en la anterior crisis del petróleo. La duda ahora es si estamos ante una crisis energética que provoca estanflación o ante otra crisis financiera como en 2008. Recordemos que en 2008 el petróleo comenzó el año por debajo de 100$/barril, subió hasta 150 dólares en julio y se desplomó por debajo de 50 dólares en septiembre.

La restricción de crédito mundial ya se ha activado y está afectado especialmente a los mercados de bonos corporativos. Las emisiones de bonos sin grado de inversión en el primer semestre de este año han sido inferiores a las de 2020 en pleno confinamiento por la pandemia. Eso ayuda a explicar parte de la fuerte caída de las bolsas, especialmente en EEUU y especialmente en empresas tecnológicas que habían basado su crecimiento en la emisión de esos bonos. En España, el mercado de bonos para empresas prácticamente se ha cerrado.

El BCE forzado a empezar ya a subir tipos para frenar el desplome del euro.

En los mercados de deuda pública, los bancos centrales han finalizado sus compras y ya se notan los efectos. El bono a 10 años en EEUU ha subido hasta el 3%, mientras su homólogo alemán sigue próximo al 1,3%. Esa diferencia tan amplia explica que los inversores mundiales prefieran concentrar sus inversiones en dólares y que el euro cotice ya próximo a la paridad, algo que no sucedía desde hace veinte años. Esto encarece las importaciones europeas y presiona al alza sobre la inflación. Por lo tanto, fuerza al BCE a empezar ya a subir tipos para frenar el desplome del euro.

En este escenario, la política fiscal debe dejar de ser inflacionista. Cuando el estado baja los impuestos o aumenta el gasto, mete más dinero en circulación y eso presiona al alza el consumo y la inversión y facilita que las empresas suban los precios. Y si sube los impuestos o recorta el gasto ayuda a reducir la inflación pero aumenta el desempleo. Entre 2010 y 2012, sin inflación, para reducir el déficit el estado tuvo que subir los impuestos y recortar gastos, especialmente tras el rescate de 2012. Ahora la inflación sube la recaudación por IVA y la subida de salarios aumenta la del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social y basta con contener el gasto para que el déficit se reduzca y contribuir a frenar la inflación.

Es lo que están haciendo los gobiernos, tanto el central como la comunidades autónomas. Entre enero y abril de este año, los ingresos públicos aumentaron un 11% con respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, los gastos han caído un 2%, sin extraordinarios habría aumentado tan sólo un 2%. Seguramente es un problema de incapacidad de gastar más pero la realidad es que el déficit público en España de 27.000 millones en el primer cuatrimestre de 2021 a 8.000 millones en 2022. Los datos de empleo mantuvieron su dinamismo en el segundo trimestre y la recaudación en julio crecerá con fuerza y el déficit del año está prácticamente hecho.

Esta reducción es estructural y nos ayuda a cumplir los hitos que exigían nuestros socios europeos para seguir recibiendo fondos europeos. Y ayuda a contener la inflación que está empobreciendo aún más al 30% de españoles que estaba en riesgo de pobreza en 2021. Muchos de esos españoles están en paro y no estaban sentados la pasada semana en la mesa de la negociación del pacto de rentas. Los sindicatos quieren subir salarios lo mismo que el IPC, la patronal quiere aumentar los márgenes de las empresas y el Gobierno quiere subir las pensiones un 8% en noviembre. Pero todo eso aumentaría la inflación y haría mucho más pobres a los pobres que nunca se pueden ir de vacaciones y no disfrutan el verano, como recomendó el líder de UGT.

La reducción del déficit también es una excelente señal para los inversores internacionales que compran cada semana nuestra deuda pública. El déficit este año seguirá próximo a los 60.000 millones y además hay que renovar todos los vencimientos de deuda que financiaron déficit anteriores. Sin ese dinero el estado no podría pagar las pensiones ni el sueldo de los funcionarios y tendría que pedir otro rescate internacional, como hizo en 2012. España debería comunicar esta reducción en los principales centros financieros y separarse lo más posible de Italia, el gran elefante blanco en la habitación de la deuda europea.

La paradoja es que lo más progresistas en este escenario para proteger a los más pobres y los más perjudicados por la inflación es reducir el déficit. Qué además permite margen para programas de apoyo a esas clases más desfavorecidas. Pero la izquierda cree que reducir el déficit es conspirar contra los trabajadores y la derecha cree que es una traición contra las contribuyentes que podrían pagar menos impuestos. Yo prefiero estar del lado de los más pobres y de los que nos financian el pago de nuestras pensiones la sanidad, la educación y la dependencia.