Nadie se fía de nadie, y en concreto nadie se fía de Pedro Sánchez; aquel presidente que según él mismo dice, no miente, sólo cambia de opinión cuando la ocasión lo merece. Quizá ahí surja el punto álgido de la desconfianza. Para solucionar este desengaño entre los políticos españoles nada mejor que poner un mediador o negociador que arbitre los posibles contenciosos entre las partes. Todo empezó con Carles Puigdemont, líder de Junts en Waterloo, que exigió un árbitro, un verificador, para alcanzar un final lo menos escandaloso posible. Luego vinieron los de ERC que no quieren ser menos y exigen igual trato que Junts, y luciendo la misma desconfianza con Pedro Sánchez, pero un poco menos de acritud ya que son verdaderos progres.
Pero he aquí, que de repente al Partido Popular se le enciende la bombilla, y sin querer parecerse a Junts o ERC decide aplacar su desconfianza y desacuerdos con Sánchez -que no son pocos- exigiendo un intermediario o verificador para solucionar el gran lío del CGPJ. En esta ocasión el elegido para resolver la crisis y encontrar la solución no es un tal señor Galindo que viene de allende los mares, sino que el experto está en Bruselas, y además es el árbitro de árbitros, el que garantiza la legalidad y la lógica institucional dentro del sistema y del funcionamiento político español: es decir, la propia Unión Europea será la encargada de conseguir -ya veremos si lo logra- el acuerdo entre PSOE y PP para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
El desacuerdo que hay montado con el CGPJ es considerable. Tan considerable que hasta el Rey ha tenido que poner sus palabras al servicio de la causa mayor; en pocas palabras y según Felipe VI: hay que defender y proteger la Constitución, pero también conservar la identidad que la define, establecida como un pacto de todos para alcanzar un propósito deseado y compartido. Es en estas palabras donde se ve la carencia de la política española, y se confirma en la necesidad de buscar apoyo en un tercero para poder renovar el CGPJ.
Lo de pedir un árbitro europeo es como un grito de auxilio que desde España se le hace a Europa -¡Socorro, que me estoy ahogando en mi propia negligencia y no logro ponerme de acuerdo con mi rival ideológico!-, en concreto se le exige a la Unión Europea, institución supranacional que vela por los intereses democráticos del continente, que nos lancen un flotador porque los políticos españoles se están hundiendo y nos quieren arrastrar a todos. Esta grave situación refleja no sólo la falta de confianza entre los políticos, que sin duda existe, sino el egoísmo propio de los líderes partidistas que son incapaces de encontrar soluciones para un proyecto colectivo que haga posible el funcionamiento razonable de la democracia, sin empeñarse en anteponer su desdeñable actitud cainita por encima de la concordia, que no es una palabra china, sino latina y significa “acuerdo o armonía entre personas”.
Un acuerdo y una armonía que obligan a unir más que a desunir. Guste o no, hay que reconocer que Pedro Sánchez es el hombre que más ha desplegado y promocionado el “bloquismo” radical entre la izquierda y la derecha. En su estrategia diseñada desde Moncloa forma parte la idea de que hay que polarizar a la sociedad más que unirla. Que la radicalización y los muros son provechosos para los objetivos electorales de la extrema izquierda, aunque no lo sean para llegar a acuerdos con la derecha. Y la verdad es que Sánchez practica esta división allá donde va, incluso en Bruselas.
Hace quince días, habló en el Parlamento europeo para hacer una valoración sobre el semestre de la presidencia española de la UE, y aprovechó la ocasión para arremeter contra el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, al que le espetó que su apoyo al PP equivalía a darlo en su país a quienes en la Alemania de hoy propusiesen instalar placas conmemorativas en las plazas y calles con los nombres de los líderes del III Reich. Como siempre el frentismo y los subterfugios de Sánchez tratan de confundir a la opinión pública, aplicando sobre todo estrategias de propaganda.
Es cierto que Manfred Weber no se mordió la lengua y acusó a Sánchez de no conforme con dividir España ahora quería “dividir a Europa”, y añadió: “Es un principio básico de la democracia decir la verdad a la gente antes de las elecciones", y le recordó haber prometido no dar una amnistía por inconstitucional y después de los comicios acordarla por puro interés. Lo que busca Núñez Feijóo y Sánchez no es enzarzarse en nuevas polémicas, sino trascender las diferencias y encontrar un punto de acuerdo que pueda desbloquear, renovar o, al menos, refrescar el CGPJ.
Una de las ventajas de este acuerdo PP con PSOE es que la Justicia europea apoya y pide encarecidamente, así lo hizo el comisario Didier Reynders en su visita a Madrid, llegar a un acuerdo satisfactorio para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. A pesar de que todo parece estar a favor del acuerdo, sin embargo, tengo yo mis dudas de que estas componendas o “pasteleos” humanos tengan una buena solución. En el fondo, soy más partidario de que el destino elija a los “mejores”. Es decir, del procedimiento de elección por insaculación, que viene del latín “in” y “sacculum”, y consiste en poner en un saco, bolsa o cántaro unas bolas o cédulas para un sorteo que decidirá quién es el elegido para el cargo.
Lo malo de las elecciones por urnas en este siglo XXI es que los puestos están vistos como prebendas o mamandurrias, en lugar de que los cargos estén considerados como verdaderas cargas que exigen rectitud y honestidad. En la antigua Atenas las elecciones eran calificadas como antidemocráticas, ya que los comicios privilegiaban las diferencias entre los candidatos, unos por riqueza, otros por educación o familia. El sufragio por voto se aplicaba principalmente para elegir puestos para expertos, como generales del ejercito, o condenar a muerte a los enemigos de la polis. Sin embargo, evitaban usar las elecciones para escoger a magistrados o funcionarios del gobierno.
Para los atenienses el mejor sistema de elección era la mencionada insaculación, que garantizaba que todos los candidatos estuvieran en igualdad de condiciones. La “diosa” fortuna era la encargada de adjudicar la elección de un magistrado u otro, o de un tesorero, para los comités de gobierno o jurados. El azar se consideraba como un elemento vital de la democracia, y todos los ciudadanos aptos tenían la oportunidad de participar. Sorprende hoy día saber que los elegidos en aquellos tiempos para posiciones de poder eran sometidos a un examen para evitar así a funcionarios incompetentes. El principio fundamental que les movía a este proceso de designación aleatorio estaba en la firme creencia, hoy día olvidada, de que el “poder corrompe”, o como dijo siglos más tarde, en 1887, Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
