El mercado eléctrico necesita ser reformado, no abandonado

Cuando en 2021 la factura eléctrica empezó la escalada de precios la inmensa mayoría de los usuarios empezaron a saber acerca de la existencia del mercado diario y de que era ahí donde, hora a hora, se establecía el precio de la luz. En España el PVPC, que abonan millones de consumidores, estaba mucho más vinculado ese mercado que en otros países, por lo que aquella volatilidad de precios en el mercado diario se trasladó, para mal, directamente a las facturas de los consumidores de esa tarifa pública.

Hoy los precios, aun siendo altos, han dejado de ser el centro de la polémica y el foco está puesto en dos objetivos muy concretos: impulsar la independencia energética europea tras la crisis creada por la guerra en Ucrania y poner límites a un posible regreso de la volatilidad de los precios. Para conseguirlo desde Europa se está estudiando una reforma del mercado eléctrico que, entre otras medidas, busca fomentar que la energía se contrate más a medio plazo y no tanto en el mercado diario, de forma que el recibo de la luz de los consumidores no esté sometido a tales enormes vaivenes, que rompen las economías familiares y dificultan la actividad industrial y empresarial.

Contratar a largo plazo no es ninguna novedad; las comercializadoras independientes, como Feníe Energía, lo venimos haciendo desde siempre, comprando en el mercado de futuros para así cubrir los riesgos y poder ofrecer un precio fijo anual a nuestros clientes. Precisamente por eso conocemos bien los problemas de los mercados organizados de energía, que los tienen.

El primer problema de los mercados de futuros es que sus exigencias de garantías a vendedores y compradores, sin duda necesarias para asegurar un funcionamiento adecuado y evitar la especulación, se disparan cuando hay volatilidad de precios y lo hacen hasta el punto de poner en peligro de quiebra a tanto a vendedores como a compradores a largo plazo, incapaces de conseguir la liquidez que soporte unos margin calls estratosféricos.

Como consecuencia, en aquel momento de enorme volatilidad muchas empresas tuvieron que abandonar los mercados organizados de futuros que, consiguientemente, perdieron liquidez y profundidad mientras los actores energéticos se cubrían cerrando acuerdos PPAs privados, en los que las garantías se acuerdan entre las partes y son mucho menores que las requeridas por la regulación financiera de los mercados organizados.

La tentación, a la que Europa no es ajena, es abandonar los mercados organizados e incentivar los PPAs privados o los CFDs públicos. Como si sustituyéramos la lonja por acuerdos privados entre pescadores y pescaderías, en donde los poderosos podrán abusar a sus anchas, dañando la competencia. Más aún cuando en el sector de la energía hay muchas empresas pequeñas y otras que son dominantes y que actúan a la vez en ambos lados del mostrador: como pescadores y como pescaderías.

Los PPAs son acuerdos privados y no se rigen bajo unas cámaras organizadas, ni hay un régimen sancionador que impida operar en el mercado si alguien rompe el contrato, de forma que si los precios se desploman resultará más rentable romper el contrato y asumir las garantías que mantenerlas. Podríamos encontrarnos entonces con miles de contenciosos y, a la postre, con afección a los consumidores finales y con la quiebra de muchas comercializadoras.

Los CFD son acuerdos a largo plazo donde el Estado garantiza una remuneración adecuada. Su objetivo es favorecer la inversión masiva en nuevas renovables bajando el riesgo de mercado. Si, como los actores más poderosos pretenden, los CFDs con nuevos operadores no afectasen a los PPAs ya firmados, el coste de incentivar las renovables recaería solo sobre los consumidores que no tuvieran firmado un PPA. Ocurriría algo muy similar a lo que ha pasado estos dos últimos años: la aparición de clientes de primera y de segunda categoría: los primeros con PPAs firmados y los otros, que serían los únicos que pagarían los costes de la transición energética.

Si se permite la integración vertical de grupos y la exclusividad de venta intragrupo (lo de los pescadores que también son pescateros) se corre el riesgo de que el resto de las empresas sean expulsadas del mercado en el que no podrían competir de ninguna forma.

Por eso concluyo que son necesarias más reformas en los mercados organizados de energía pero no caer en la tentación de abandonarlos, porque eso dejaría el mercado energético a expensas de contratos privados poco transparentes, que se negocian en su mayoría entre los gigantes del oligopolio eléctrico. Por el contrario, hay que obligar a que los actores dominantes participen en un porcentaje de su generación en estos mercados de futuros para dar a estos transparencia y profundidad. Y, por supuesto, es necesario distinguir entre intermediarios o traders de mercado, generadores, comercializadoras y consumidores. No pueden ser las mismas las garantías de pago de quien compra la energía a largo plazo para luego consumirla que las de alguien que compra la energía a futuro únicamente para venderla cuando este más cara. Además, si finalmente la energía se va a entregar, estas garantías no deberían producir los “margin calls” ni fluctuar con los precios de mercado. En definitiva, los mercados de energía europeos deben evolucionar en sus condiciones y obligaciones para distinguir entre operaciones especulativas y operaciones de compra real de energía.

Estamos en un momento de evidente riesgo para la libre competencia y para los consumidores del que nuestros responsables políticos deberían ser muy conscientes y actuar; para empezar, escuchando al sector, no solamente a las grandes compañías sino también a las que sostenemos el mercado y la libre competencia.