Querido lector, no sé si se ha enterado, pero en estas 72 horas se ha montado un gran revuelo en nuestro país ante el posible bloqueo de Telegram por parte de un auto del juez Pedraz. A pesar de mi pasión por la tecnología, soy consciente de que este tema solo interesa a un sector reducido de la sociedad española. Un vistazo a los medios y a Twitter revela opiniones encontradas. El debate público se ha polarizado, uniendo inesperadamente a ideologías opuestas. Muchos ven estas acciones como propias de regímenes autoritarios, no de democracias liberales, aunque en mi opinión el problema principal radica en la piratería en Telegram, más que en la vigilancia estatal. Además, es notable la falta de conocimientos tecnológicos entre profesionales del derecho en España, mostrando una gran desconexión con la era digital.
Directo al grano: en España, Telegram cuenta con unos 8 millones de usuarios, incluyéndome. El juez Pedraz ordenó bloquear la plataforma el viernes 22, debido a la frustración de la justicia española con Telegram por ignorar sus órdenes. Como libertario que soy inicialmente me alarmó esta noticia, pues no deseo que mi país siga el camino de naciones como Cuba, Corea del Norte o China, donde Telegram está prohibido. Esto me llevó a reflexionar sobre las opiniones de reconocidos pensadores libertarios, con quienes me identifico.
Friedrich Hayek habría visto el bloqueo de Telegram como un avance hacia el autoritarismo, al restringir libertades individuales y controlar la información, aunque se argumenta que las aplicaciones deben acatar la ley local como cualquier otro negocio. Murray Rothbard y Ayn Rand habrían defendido la operación libre de Telegram basándose en el derecho de propiedad y la libertad de comunicación, respectivamente. Sin embargo, la controversia radica en que el cumplimiento de Telegram con las leyes españolas podría evitar restricciones, equilibrando así entre libertad de expresión y la responsabilidad legal.
El único problema es que Hayek, Rothbard y Rand no vivieron esta época de disrupción tecnológica y sobre todo del debate sobre los derechos de autor. En mi opinión antes de lanzarnos a teorías sobre estados policiales deberíamos observar algo más mundano en este caso. ¿Cuánto dinero mueve la industria audiovisual en nuestro país? ¿Cuántos puestos de trabajo genera? Según la 24ª edición del informe 'Entertainment and Media Outlook 2023-2027 España', elaborado por PwC, concluye que los ingresos del sector en nuestro país crecerán un 4,6% hasta 2027, hasta alcanzar los 35.011 millones de euros. El gasto de los consumidores ha disminuido en las OTT (Movistar+, Netflix o Prime Video por ejemplo), y la publicidad ha emergido como soporte clave para el crecimiento del sector OTT en España, que ha triplicado su tamaño desde 2019 con plataformas como Netflix y Prime Video. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha indicado que el impacto de la piratería supuso un perjuicio al sector cultural digital de 2.271 millones. Estamos hablando de aproximadamente que la piratería se come cada año el 6% de los ingresos de la industria, eso es mucho dinero y muchos puestos de trabajo. Aunque como suscriptor de Movistar+ me metan publicidad cuando quieren, aunque su reproductor sea de los peores del mercado, aunque su experiencia de usuario sea lamentable, aunque el precio es anormalmente alto … eso no es un eximente para que yo piratee.
Telegram ha encontrado su lugar en un segmento de mercado desatendido, y no precisamente en el ámbito de los servicios de mensajería. Aunque hay numerosas opciones para enviar mensajes de forma privada, faltaba una plataforma implicada en la distribución de contenido con derechos de autor, la venta de drogas ilegales y la comunicación entre grupos terroristas, actividades de las cuales tanto los grupos implicados como la propia plataforma obtienen beneficios. Un aspecto crítico es la falta de colaboración de esta plataforma con la justicia para identificar a usuarios involucrados en actividades ilícitas. A diferencia de Telegram, si se detectan actos ilegales en WhatsApp, esta empresa, propiedad de Meta, coopera con la justicia española proporcionando la identificación requerida de los usuarios. Esta situación fue destacada por el juez Pedraz, quien apuntó que "todas las plataformas excepto Telegram" cumplen con las solicitudes de información por parte de las autoridades judiciales españolas.
Con esta decisión pagamos justos por pecadores, se nos ha querido bloquear una plataforma a muchos españoles por parte del juez, pero principalmente porque Telegram se niega a nombrar a un representante legal en nuestro país, y por ende a identificar a usuarios que cometan presuntamente ilícitos. Algunos lo verán como un estado policial, una dictadura o ideas del Gobierno actual dentro de su plan político. Yo como libertario y contrario en general a las políticas de este Gobierno, siendo objetivo, no veo en este caso conexión con las políticas del gobierno en cuanto al ataque sistemático a las libertades en España. Con este auto el debate es sobre si Telegram y otras plataformas pueden seguir impunes, y emprendedores y a empresarios que no tenemos ese volumen de usuarios nos aplican las leyes de forma inflexible al no tener esa capacidad de echarle un pulso al Estado de Derecho.
