El engaño del 10-N y el problema del fondo de las pensiones

Cuartas elecciones en cuatro años. Cuarta campaña electoral  y la patata caliente de las pensiones sigue pasando de partido en partido hasta la siguiente cita con las urnas. Las pensiones públicas se han convertido en mercancía otra vez a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Suponen un gasto público de 4.876 euros por segundo y siguen siendo la eterna asignatura pendiente porque no son viables en su diseño actual.

España aguantaba a pulmón la escalada de sus pensiones cada año, aunque el incremento del gasto a mayor velocidad que el ingreso ha terminado por romper la rueda. Parece que seguirá girando con la inercia, pero hay un palo dentro. El préstamo de casi 14.000 millones de euros que la Seguridad Social (SS) recibió del Estado este año no será el último, tampoco el primero. Entre 2017 y 2019, la deuda de SS con el Tesoro Público se ha triplicado hasta los 50.000 millones de euros y seguirá creciendo hasta la quiebra si nadie hace nada.

Ningún partido, esté en el gobierno o no, se atreve a apagar la música ni a retirar la bebida de esta fiesta. Alguien debería hacerlo porque es la evidencia más clara que de que el sistema está agotado, no da más de sí y debe ser reformado con urgencia. No lo verán en los telediarios, que diría el tertuliano de bar. Las que sí se asomarán a sus pantallas, radios y periódicos serán las ofertas electorales para seducir a los 8,9 millones de pensionistas como si se tratara de un mercadillo. Son uno de cada cuatro votos del censo. 

Promesas de indexación al IPC, pagas más altas o cambios en la edad de jubilación serán los lugares comunes en los que se encontrarán los candidatos Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Santiago Abascal, Íñigo Errejón, Pedro Sánchez y también el presidente en funciones, alter-ego de este último.  Sin embargo, el lugar de encuentro que deben tener por el bien de sus votantes de distinto signo es la reforma de las pensiones.

Pagarlas contra la deuda supone una mala gestión y, ‘de facto’, rompe el famoso contrato de honor social que une a los actuales cotizantes con sus pensionista. La letra pequeña de dicho contrato dice que estos últimos cotizaron durante décadas para tener derecho a esa pensión, pero el endeudamiento para pagar pensiones implica que los actuales y futuros cotizantes verán hipotecadas su pagas futuras por el compromiso con las pensiones actuales.

En 2019 se han presupuestado 153.800 millones de euros como gasto en pensiones, un 6,4% más que en 2018, un 45% más que hace una década y el doble que en 2005. En menos de cinco años, a este ritmo, se alcanzarán los 200.000 millones anuales pero la sostenibilidad del sistema depende, ahora mismo, de hacer los presupuestos. No solo es necesario un cambio en la generación de ingresos y derechos de pensión, sino también en la filosofía de gestión, su profesionalización e independencia del poder político. Hay ejemplos de soluciones y casos de éxito cuyas fórmulas no son mágicas: solo hace falta voluntad.

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Sobran los motivos para hacerlo, por ejemplo, para evitar el 'incesto financiero' de la Seguridad Social y el Tesoro, que invierte todo el dinero del fondo de reserva, la llamada ‘hucha de las pensiones’, en deuda pública del Tesoro (su prestamista) y de otros estados europeos. Sin embargo, ahora mismo ha dejado de ser un fondo de inversión para convertirse en un gigapréstamo… del 5% del PIB. No ha habido bolsa ni activos inmobiliarios u otro tipo de inversiones como hacen otros países con los fondos equivalentes. Noruega, Japón, Holanda, Corea, Francia, Sudáfrica, Dinamarca o Canadá tienen los suyos. ¿Por qué España no ha sido capaz de crear un instrumento que salvaguarde las pensiones?

Estos días ha estado mirando a España el fondo de pensiones CPPIB de Canadá, que gestiona el dinero de 20 millones de pensionistas canadienses. Su misión es ayudar a la sostenibilidad de las pensiones del país norteamericano con una fórmula simple: independencia, profesionalización y diversificación. Por ejemplo, se ha convertido en uno de los principales ‘sponsors’ del crecimiento vertiginoso por Europa de la ‘teleco’ española Cellnex, con una inversión que supera los 700 millones.

Es solo una pequeña parte de sus 270.000 millones de euros en activos por todo el mundo diversificados y foco en el largo plazo: bolsa, infraestructuras, capital riesgo o el ladrillo representan el 80% de su dinero; la deuda pública, el 10%. Se creó en 1997 tras un pacto de estado porque el sistema de pensiones de Canadá era insostenible. ¿Les suena?

Otro buen ejemplo de fondo de inversión que ayuda a pagar las pensiones es el fondo soberano de Noruega. También se creó en los años 90 fruto de un pacto político y se nutría originalmente de las divisas que genera la exportación de petróleo y gas. Hoy genera por sí mismo tanto o más que el propio ‘oro negro’. El 70% de sus activos (más de 900.000 millones de euros) están en bolsa o propiedades inmobiliarias que le generan rentas. Todos sus inversiones están fuera del país.

Es accionista, por ejemplo, de más de 80 empresas españolas y uno de los grandes inversores del Tesoro Público. Es independiente del gobierno de turno y el banco central del país, como en Canadá, vela por ello. Siempre que se buscan referencias sobre el funcionamiento de las pensiones de otros países, muy pocos se fijan en la gestión y en la manera de hacer. Es la primera piedra a poner.