Dilema para un otoño de ajustes: cambio de enfoque o naufragio

El tiempo parece haberse detenido, pero el miedo a un mal otoño es palpable. Hay temor a una nueva ola de la Covid-19 porque puede derribar una economía cuarteada, que tiene todas las carencias al aire. A la espera de los fondos comunitarios para la reconstrucción y de sus condiciones, el ajuste es inevitable. Impuestos, pensiones, recortes salariales y despidos van a marcar la vuelta del verano más extraño e incierto en décadas. En ese caldo viscoso, los ejecutivos de las grandes empresas aprovechan todas las ocasiones y todos los foros para reclamar “seguridad jurídica” para la inversión, “reglas claras” y, de paso, ayudas públicas. Ni una palabra sobre cambiar el modelo productivo o aprovechar la ocasión para implicar más al conjunto de la sociedad y a los empleados en la buena marcha de las empresas.

El desastre económico de los últimos meses, cauterizado a duras penas por las medidas del Gobierno, ha mostrado la realidad de un país en el que cada uno va a lo suyo, pero pelea por el mismo maná: el del Estado. Los fabricantes de coches reclaman planes con dinero público para renovar el parque automovilístico; las grandes constructoras piden más obra pública y proyectos de colaboración público-privados; las petroleras, un nuevo marco regulatorio que asegure la transformación del negocio y la seguridad de las inversiones; y todos en general, menos impuestos y sellar con lacre sagrado la reforma laboral de 2012.

Repensar el futuro

Hay poco interés por repensar el futuro. A lo más que se llega es a proponer remiendos para los huecos que han quedado más en evidencia tras el primer paso del tsunami pandémico: excesiva dependencia de los servicios; un mercado laboral precario; un sistema fiscal ineficiente y un tejido industrial débil. En las grandes compañías, las demandas de seguridad jurídica y cautela en la regulación ocultan, a menudo, la necesidad de asegurar el reparto de beneficios a los grandes fondos de inversión. "El gran problema de la empresa moderna” aseguró el economista John Kenneth Galbraith “es la separación que se ha producido entre la propiedad y la gestión. Eso ha beneficiado a los directivos, que se han enriquecido a costa de los accionistas y de los intereses de la empresa”. La pandemia no ha cambiado en nada el análisis.

Los recortes salariales pueden ser una vía de mayor participación en la empresa

Si la economía española aspira a entrar en la era digital y apostar por un nuevo modelo productivo necesita nuevas ideas y también nuevos ejecutivos que las impulsen. Los empresarios más veteranos, aunque no solo ellos, tienen dificultades para entender que el verdadero capital de una empresa no son las acciones sino la suma del factor trabajo con la red de proveedores, los socios y quienes están dispuestos a compartir tecnología, ideas y estrategias. Todavía prima el compadreo, el reparto de beneficios y asegurar los bonus. Hay aversión al riesgo; solo se invierte cuando hay una red que internaliza los beneficios cuando hay negocio y socializa las pérdidas si se fracasa.

O cambia el enfoque o el país se va al garete. De los cerca de 1,9 billones de euros en ayudas estatales que la Comisión Europea ha validado para las empresas europeas, el 52% las adoptó Alemania, seguida de Francia (17%) e Italia (14%). Las ayudas de España rondan el 2% del total. Por resumir: las empresas alemanas podrán competir con ventaja y agravarán la desindustrialización de los países del Sur. Hay propuestas para evitarlo, como convertir los recortes salariales más que probables en una vía de mayor participación en la empresa, constituir un fondo soberano para invertir en los sectores que se consideren más amenazados o compensar la subida de tipos en el impuesto de sociedades con desgravaciones por reinversión. Es momento de proponer y no sólo de reclamar un nicho calentito bajo el paraguas del Estado.

Medios de producción

En la Constitución Española que tantos defienden y pocos conocen hay un artículo, el 129.2, que establece cómo los poderes públicos deben promover “eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentar mediante una legislación adecuada las Sociedades Cooperativas”. También establecerán, continúa el artículo “los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. No es el manifiesto comunista. Ya hace años que el Parlamento Europeo se pronunció a favor de los Planes de Participación Accionarial de Trabajadores (Employee Stock Ownership Plans), iniciados en EE UU en los 70 y que se extendieron con éxito, especialmente entre las pymes, a Reino Unido, Irlanda, Australia y Canadá.

España dispone de una buena legislación de economía social, pero tiene carencias

La marea que se adivina en el próximo otoño-invierno es una ocasión para adoptar nuevas fórmulas y escuchar nuevas voces. En 2009, la Academia Sueca concedió el Nóbel de Economía a dos economistas -Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson- por sus trabajos para promover la responsabilidad de las empresas ante la sociedad y no solo ante sus accionistas. En España esas ideas no han calado. Manda el corto plazo y la rentabilidad a toda costa –mejor si la asegura el Estado-. España dispone de una legislación sobre economía social relevante. Pero como otros países del sur de Europa, (Italia, Portugal y Grecia) carece de cualquier tipo de legislación participativa sobre el trabajo. Quizá ha llegado el momento de remediarlo.

Ideas nuevas no faltan, pero el debate es desigual. El tiempo se acaba porque el ajuste es inminente. Lo más probable es que, al final, los grupos con más capacidad de influencia y de presión, impongan las ideas que justifican sus intereses. No serán, probablemente, las ideas que convienen al conjunto del país, pero serán las que se han convertido en dominantes. Las reglas, eso sí, habrán quedado claras. Una vez más.