"En 2012 se rescató a los bancos, ahora toca rescatar a las familias". La frase es del vicepresidente segundo Pablo Iglesias pero ha sido repetida con insistencia por diferentes miembros del Gobierno a lo largo de la crisis de la Covid-19 para subrayar el diferente enfoque de su gestión respecto a lo que sucedió en la crisis de hace una década, con los célebres recortes, la no menos célebre austeridad y el millonario rescate al sector financiero. El Gobierno se ha cuidado mucho en esta ocasión de no adoptar ni una sola medida de ayuda directa a la banca - más protegida, además, en este trance por las ingentes inyecciones de liquidez del BCE a la economía - pero también ha tenido la prevención de modular todas las medidas de apoyo a las familias y a las empresas de forma coordinada con el Banco de España para garantizar el menor perjuicio posible a las entidades financieras, según han confirmado a La Información fuentes conocedoras de estos contactos.
Según estas mismas fuentes, esa coordinación no ha alcanzado únicamente a lo más evidente, como puede ser el ajuste fino de las condiciones de la línea de financiación del ICO con aval del Estado, sino que también se ha extendido a algunas de las medidas más emblemáticas del denominado 'escudo social' que afectaban de forma directa a las entidades, como las moratorias para el pago de las hipotecas o de las cuotas de créditos al consumo, cuyas condiciones se han definido también con la participación del Banco de España. El celo del Gobierno y el Banco de España en este empeño ha sido tal que en algún caso hasta han dificultado el acceso normal a esas moratorias de los colectivos potenciales beneficiarios de las mismas, como se puso de manifiesto en los primeros compases de la crisis.
La intermediación del Banco de España también fue decisiva en la negociación con el Gobierno sobre la línea de financiación del ICO para que éste elevara la cobertura inicial que tenía prevista - en el entorno del 50%-60% - hasta el 80% en el caso de las pymes y el 70% en el caso de las grandes empresas. No hay que olvidar que este instrumento protege de forma considerable a las entidades que han ofrecido la financiación ante la eventualidad de que los receptores no puedan devolver la misma más adelante por el deterioro de su situación.
Desde el supervisor se aplaude también, en este sentido, no sólo la ampliación en 40.000 millones de euros de la línea ICO sino también la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de 10.000 millones de euros, desde la perspectiva de que en la medida en que el Estado estabilice las finanzas de empresas de gran tamaño la probabilidad de quiebra de las mismas y, por tanto, la exposición de la banca ante esa eventualidad quedará notablemente reducida.
La consideración de esa 'dimensión financiera' en las medidas puestas en marcha por el Gobierno para contener el impacto de la crisis de la Covid-19 ha actuado como una suerte de 'escudo invisible' para el sector, que no sólo ha minimizado el riesgo de impago de sus clientes - y por tanto la crecida de los fallidos en sus balances - sino que también ha servido para mantener en funcionamiento el circuito financiero. Veteranos del área económica del Gobierno y del Banco de España no olvidan como la asfixia de los circuitos financieros en la crisis de hace una década fue el principal desencadenante de las turbulencias que zarandearon los mercados durante meses.
Las cautelas introducidas en las medidas aprobadas por el Gobierno no han sido los únicos componentes de ese escudo. El BCE también ha adoptado medidas regulatorias para aliviar el estrés sobre los balances de las entidades bancarias del euro, como la moratoria en la aplicación de las provisiones que los bancos se habrían visto obligadas a dotar por el deslizamiento accidental de determinados créditos a una escala superior en la clasificación de riesgos del Banco de España, por el esperable incremento de los impagos.
También el gobernador del Banco de España ha hecho uso del 'forward guidance' o modelación de las expectativas de los agentes, tan propio del lenguaje de los banqueros centrales, para trasladar a las entidades financieras sin necesidad de adoptar medida ni emitir circular alguna que desde el supervisor no se les va a exigir la reconstrucción de los colchones de capital que consuman en esta crisis de forma precipitada con el objetivo de evitar que un exceso de prudencia retraiga el crédito y perjudique la economía real. "Las entidades deben tener la certeza de que la eventual reconstrucción de esos colchones de capital se llevará a cabo de una manera gradual y, siempre, una vez que hayamos superado la crisis y los mercados financieros hayan vuelto a una situación de normalidad".
Fuentes internas del Banco de España aseguran que los directivos de la institución han sido especialmente insistentes en sus contactos con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos en poner de manifiesto que el principal riesgo de esta pandemia es que la crisis económica - aparentemente pasajera - terminara derivando en una crisis financiera, con unos efectos mucho más permanente y devastadores. Estas mismas fuentes señalan que tanto el gobernador, Pablo Hernández de Cos, como el resto de los ejecutivos de la institución han alentado una respuesta lo más contundente posible por parte del Gobierno tanto en el aseguramiento de las rentas de los trabajadores 'hibernados' por el parón económico como en la garantía de la liquidez de las empresas. "En la medida en que el Estado garantice las rentas de empresas y hogares, el problema de morosidad para la banca estará bajo control", explican estas fuentes.
La principal preocupación del supervisor es que se dispare la morosidad. En su último informe anual, el Banco de España dedicaba uno de los recuadros a esta circunstancia, recordando el rápido deterioro que experimentó esa ratio durante la anterior crisis. La ratio de morosidad en el crédito a los hogares se situaba al cierre de 2019 en el 4,2% y el supervisor entiende que los colchones de capital de las entidades financieras alcanzar para soportar un repunte temporal de la tasa de morosidad hasta el 13%. A partir de ese umbral empezarían los problemas.
No es el escenario central en el que se mueve el supervisor a día de hoy. "Es esperable que este segmento sufra un impacto relativamente elevado y temprano en su calidad crediticia como consecuencia de la crisis del Covid-19. En cambio, en la medida en que la actual crisis se acabe confirmando como un episodio fundamentalmente temporal, cabe esperar que el aumento de la tasa de mora de los préstamos hipotecarios de los hogares se mantenga contenido". La reflexión que se hace en el Banco de España es que el perfil de los créditos hipotecarios - el principal flanco de amenaza para la estabilidad del sector financiero - es hoy mucho más sólido que el que existía en la crisis porque los que sobrevivieron a 2009 están a prueba de crisis y los que se concedieron después se concedieron con más prudencia.
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