La energía y todo lo que rodea al término ha adquirido un gran peso en la política. Siempre ha sido un asunto importante, estratégico. Pero sólo los buenos conocedores de los meandros del poder y de la empresa sabían hasta qué punto. En frase de un exministro, socialista por más señas, el de la energía es uno de los pocos sectores en los que las convulsiones pueden poner y quitar Gobiernos. De alguna forma, tenía razón. Las negociaciones fracasadas del PSOE y de Unidas Podemos para formar una coalición han devuelto al primer plano una de las herramientas políticas más clásicas: el recibo de la luz.
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho del recibo una de las banderas de su acción política. Lo hizo en la negociación de los presupuestos del pasado otoño y lo ha vuelto a hacer en las últimas negociaciones con el PSOE de Pedro Sánchez. Iglesias, según sus propias palabras quiere “un Gobierno valiente que se siente con las eléctricas y ponga fin de una vez a una dinámica de oligopolio que tiene que pagar la gente, que ve cómo se sube sistemáticamente la factura de la luz”. Fácil de decir, difícil de hacer.
Lo de usar el recibo de la luz como herramienta política no es nuevo. Rodrigo Rato lo aplicó en el Gobierno de Aznar allá por el año 2002. Sobre el papel, limitó al 2% las subidas de la luz. Pero permitió a las compañías anotar los incrementos por encima de ese porcentaje. Una forma de embalsar deuda y crear déficit que puso contra las cuerdas al sistema eléctrico. Todavía lo pagamos. Las maniobras de Rato mostraron lo difícil que es meter mano en el recibo sin provocar un estropicio. Lo que no significa que haya que renunciar a hacerlo.
Regulación favorable
Las empresas energéticas han disfrutado de una regulación favorable durante años. Algo que ha contribuido a engordar sus beneficios y a proyectarse al exterior. No lo dice sólo Unidas Podemos. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) detectó en 2017 que las compañías eléctricas registraban rentabilidades crecientes e injustificadas. El organismo ha propuesto recortes en la retribución de las compañías y ha levantado una marea que suena cada día en los pasillos de la sede del organismo en la calle madrileña de Alcalá.
La marea va a continuar porque a las empresas les resulta muy difícil renunciar a fórmulas pactadas con el Gobierno de turno que aseguraban sus ingresos. Como cargar en la parte fija del recibo de sus clientes la retribución por mantener sus redes de transporte y de distribución, incluso de algunas ya amortizadas. Es un negocio seguro que los nuevos actores del sector energético -autoconsumidores y empresas fotovoltaicas- han empezado a cuestionar. La CNMC tiene previsto publicar la próxima semana una nueva propuesta de circular con la metodología a aplicar en el recibo de la luz de 2020. Tiene asegurada la polémica porque es imposible que contente a todas las partes.
Más allá de la pugna política y del postureo, es necesario revisar el sistema que determina la factura eléctrica. El sistema actual tiene fecha de caducidad. Las directivas europeas son incompatibles con la complejidad normativa del mercado eléctrico español que ha convertido el recibo de la luz en una especie de olla donde cabe y ha cabido de todo, desde las subvenciones a las energías limpias, a la financiación de las autonomías. El sistema eléctrico se liberalizó a partir de 1997. Pero ni la apariencia de más competencia, ni la vigilancia de los supervisores ha logrado contener la factura. Ahí, los Iglesias de turno tienen razón.
En 2014, tras varios episodios de manipulación del mercado, el Gobierno del PP, con el exministro José Manuel Soria encargado de energía, transformó la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR) -el recibo del mercado regulado- en el PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). En teoría era un sistema más favorable para el consumidor reacio a contratar con las empresas eléctricas en el mercado libre. Un año antes, el Ministerio había subido la parte fija de la factura eléctrica para asegurar los pagos a las empresas. El cambio al PVPC no sirvió para bajar la factura. El bono social para los consumidores más desfavorecidos tampoco solucionó gran cosa.
Al contrario, la publicidad y las campañas agresivas de captación de clientes puerta a puerta -prohibidas el pasado año- han trasvasado cada vez más clientes al mercado liberalizado. Hay 17 millones de clientes con contratos particulares y 11 millones acogidos al PVPC. El dominio del mercado, tanto del libre como del regulado, es de las grandes compañías. Las “tarifas planas” y los descuentos enmascaran la factura final y las subidas para el consumidor de a pie. Y el PVPC no ha evitado la escalada de los precios. Hay que actuar. Con determinación, pero sacando el recibo de la luz que pagamos todos los ciudadanos de la batalla partidista. Porque ya se sabe quién carga las armas, incluidas las políticas.
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