Martes, 21.11.2017 - 22:20 h

El TC será el brazo ejecutor del Gobierno para aplacar la Ley de Referéndum

El equipo de Rajoy tiene todo preparado para actuar nada más tramitarse la Ley de Referéndum en el Parlament. La respuesta dependerá de lo que hagan los independentistas.

Dos opciones sobre la mesa: recurso ante el TC y anulación de la norma. También se contempla un incidente de ejecución de sentencia y querellas contra altos cargos del Govern.

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Máxima alerta entre los miembros del Gobierno y los altos cargos de la judicatura ante la inminente tramitación en el Parlament de Cataluña de la anunciada Ley de Referéndum. Rajoy ha repetido una y otra vez que no habrá consulta, pero no ha desvelado cómo va a intentar evitarla. En este momento, sobre la mesa del presidente se encuentran dos opciones para tumbar la ley catalana que permitiría la desconexión exprés. "Actuaremos dependiendo de lo que ellos aprueben", explican a Lainformacion.com fuentes de Moncloa.

Una de las posibilidades podría salir este mismo miércoles del Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará en Moncloa por la tarde. Si se da el visto bueno a la Ley de Referéndum, el procedimiento que seguiría el Gobierno pasaría por solicitar un informe preceptivo al Consejo de Estado para, a continuación, presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que, si lo admite a trámite, suspendería cautelarmente la Ley de Referéndum (artículo 161.2 de la Constitución). La suspensión debería ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Otra opción que están manejando en Moncloa pasaría por que el Tribunal Constitucional actúe de oficio y se convierta en el auténtico brazo ejecutor del Gobierno. La ley lo permite desde 2015. Ese año, el Gobierno del PP que contaba con mayoría absoluta reformó la Ley Orgánica del TC para establecer que "si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes".

Es decir, el propio TC podría entender que la Ley de Referéndum catalán incumple el auto que anulaba la famosa Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, y que suponía el inicio a la hoja de ruta independentista. Así, anularía a iniciativa propia la citada Ley y, además, podría iniciar la vía penal, tal y como se contempla en la misma reforma de la Ley Orgánica del TC: "En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas". Este escenario es contemplado por el Gobierno, indican fuentes de Moncloa.Multas coercitivas, suspensión de funciones y responsabilidad penal

En definitiva, el Tribunal Constitucional podría actuar de oficio y llegar a imponer las siguientes medidas si "apreciase incumplimiento total o parcial de su resolución": multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares, suspensión de funciones, ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales e, incluso, deducir testimonio para exigirles responsabilidad penal. Así se contempla en la reforma de su Ley Orgánica.

Este mecanismo ya ha sido utilizado por el TC con anterioridad. Cuando Carme Forcadell, presidenta del Parlament, permitió que se votarán las conclusiones de la llamada comisión de estudio del proceso constituyente, el Constitucional puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y el Ministerio público acabó querellándose contra Forcadell. Esta misma vía, por tanto, podría repetirse en los próximos días contra Puigdemont, Junqueras y demás cargos del Govern y del Parlament.

El pistoletazo de salida para toda este serie de actuaciones por parte del Gobierno o del Tribunal Constitucional lo dará el Parlament. Su presidenta aún no ha dado pistas, aunque no se descarta que este mismo miércoles 16 se modifique a última hora el orden del día para incluir la Ley de Referéndum entre los asuntos a tratar. En ese caso, del mismo Consejo de Ministros extraordinario de por la tarde saldría el preceptivo recurso. 

Este mismo 16 están citados en la sede del Constitucional los magistrados para resolver el recurso de súplica que presentó la Generalitat contra la resolución del 31 de julio que suspendía el artículo 135.2 del nuevo reglamento del Parlament, el que habilita la tramitación de leyes a través del mecanismo de lectura única a petición del partido impulsor de la misma. Así, los jueces del Tribunal interrumpirán sus vacaciones y quedarán localizados para que, en caso de ser requeridos, puedan debatir y redactar su resolución sobre la Ley de Referéndum. Fuentes del Constitucional indican que el texto podría salir del Tribunal a finales de esta misma semana y descartan que lo hagan público este mismo día 16: "Sería muy precipitado".

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