Consecuencias del desafío independentista

Hacienda mantiene el 155 económico
y seguirá controlando gastos al Govern 

La Intervención General de la Generalitat deberá comunicar al menos una vez al mes su propuesta de pagos a los acreedores de los servicios básicos

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

El escenario postelectoral sigue revuelto en Cataluña y con el horizonte político lleno de nubarrones, el Ministerio de Hacienda ha decidido mantener de momento en vigor los efectos del Artículo 155 económico, es decir, que Cristóbal Montoro seguirá controlando las cuentas de la Generalitat. Así lo ha decidido la Comisión Delgada para Asuntos Económicos.

El acuerdo, adoptado el 21 de diciembre por esta Comisión y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, se debe a que el próximo día 31 quedará sin efecto la resolución por la que se declaraba la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de la Generalitat para 2017, que entró en vigor en septiembre.

Si durante estos meses la Intervención General de la Generalitat debía acreditar que cada gasto realizado cumplía con la legislación vigente y no se destinaba a actividades ilegales, ahora Hacienda adopta estas mismas prevenciones en aplicación del artículo 155 de la Constitución, todo ello a la espera de que se forme el nuevo gobierno catalán surgido de las elecciones del 21 de diciembre.

Así pues, el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos precisa que la Intervención General de la Generalitat deberá, "al menos, mensualmente, comunicar a la secretaría general de financiación autonómica y local del Ministerio de Hacienda (...) una relación de propuestas de pago a favor de acreedores" con los que la Generalitat tiene obligaciones pendientes de pago. Estas propuestas priorizarán los servicios públicos fundamentales o los prioritarios.

El secretario de Estado de Hacienda podrá, de forma "excepcional", autorizar transferir fondos a la Generalitat con cargo a las entregas a cuenta del sistema de financiación.

Desde la publicación del acuerdo, "los órganos de contratación y los interventores que fiscalicen las actuaciones administrativas dirigidas a la entrega de bienes o prestación de servicios" a Cataluña deberán remitir al Ministerio de Hacienda "una declaración responsable" que acredite que estos bienes o servicios "no tienen relación con la financiación de ninguna actividad ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales".

Asimismo, las operaciones de endeudamiento de la Generalitat precisarán autorización del Consejo de Ministros, añade el acuerdo publicado hoy en el BOE.

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