Todo al margen del Estado español

La DUI activa un Banco de Cataluña y la recaudación de impuestos y cotizaciones

La propuesta de independencia que ha presentado Junts pel Sí y la CUP incluye varias medidas económicas para poner en marcha la república catalana.

Comparecencia del president de la Generalitat Carles Puigdemont
Comparecencia del president de la Generalitat Carles Puigdemont / EFE

El Pleno del Parlament ha aprobado pedirle al Govern que proclame la República Independiente de Cataluña. Con 70 votos a favor, 10 en contra, 2 en blanco y 53 abstenciones, incluyendo las del PP, PSC y C's que han optado por abandonar el hemiciclo, la cámara ha sacado adelante la propuesta de JxSí y la CUP para "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República".

La aprobación supone la puesta en marcha de un completo sistema financiero en Cataluña. Además de la creación de una república catalana en forma de "estado independiente", el grupo parlamentario que sostiene al Govern plantea la creación de un Banco Central propio y una serie de instituciones para gestionar los impuestos al margen del Estado español.

En el texto de diez páginas remitido a la Mesa del Parlament, JxSí y la CUP instan a que el Govern ponga en marcha la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, ya aprobada en el Parlament y anulada por el Tribunal Constitucional, y que plantea el nacimiento del "Banco de Cataluña, con las funciones de banco central, que ha de velar por la estabilidad del sistema financiero". Asimismo, proponen la "creación de un banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva".

En materia tributaria, la propuesta de independencia de JxS propone "adoptar las medidas necesarias para el ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral" estableciendo "los periodos de traspaso entre administraciones necesarios para un adecuado servicio público". Plantean, en definitiva, la puesta en marcha de un sistema de recaudación al margen del Estado español.

En materia reguladora, los independentistas instan a promover todas las medidas necesarias para la creación de las autoridades en esta materia. Asimismo, plantean abrir un periodo de negociaciones con el Estado español para que la nueva república catalana que proponen asuma los "derechos y obligaciones de carácter económico y financiero" que ahora ostenta el Reino de España. En estas negociaciones se abordaría una propuesta de "reparto de activos y pasivos entre el Reino de España y la República de Cataluña".

En materia administrativa, la propuesta de independencia plantea que los funcionarios y personal del Estado español pasen a integrarse en la administración general de Cataluña, en la administración local de Cataluña, en las universidades catalanas, en la administración de justicia y en la administración institucional del estado de Cataluña.

El documento presentado por JxSí y la CUP activa, en definitiva, la declaración de independencia que los diputados de ambos partidos firmaron el 10 de octubre en una sala del Parlament, una declaración que nunca entró en vigor porque el presidente catalán, Carles Puigdemont, la dejó en suspenso. Reclama, además, al Ejecutivo catalán "declarar el inicio y apertura del proceso constituyente".

Apenas una hora después de sus presentación, los letrados del Parlament han rechazado su tramitación. Esta circunstancia ya se produjo con motivo de la llegada a la cámara de las Leyes de Transitoriedad y de Referéndum, pero a los independentistas no les importó su dictamen. La Mesa, por su parte, ha admitido a trámite la resolución.

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