El Gobierno aprueba la limitación de los aforamientos al ejercicio del cargo

El Gobierno ha aprobado la propuesta de reforma constitucional para limitar los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores al ejercicio del cargo, con la modificación de los artículos 71.3 y 102 de la Carta Magna. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que, pese a que es cuantitativamente pequeña -solo afecta a dos artículos constitucionales-, políticamente es "muy importante", porque se circunscribe "estrictamente a las funciones del cargo". Además "acota que el aforamiento se produce en el tiempo estricto en el que se está en el ejercicio del cargo", ha destacado.

Calvo ha resaltado que la propuesta de reforma cuenta con el aval del Consejo de Estado y ha avanzado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, realizará en los próximos días una ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios para buscar apoyos de cara a su tramitación parlamentaria.

Mira también

Soraya se estrena en el Consejo de Estado con la eliminación de los aforamientos

El Gobierno ha querido aprobar este anteproyecto de ley en el último Consejo de Ministros antes de que, el próximo jueves, se conmemore el 40 aniversario de la Constitución y con el objetivo de que la legislación española en materia de aforamientos se homologue con el resto de países europeos, ha dicho Calvo. "Es una extraordinaria decisión que justamente en el aniversario de los 40 años modifica la Constitución para seguir dándole fortaleza a nuestro sistema y tranquilidad a los ciudadanos", ha concluido la vicepresidenta.

El anteproyecto aprobado por el Ejecutivo, que ahora debe pasar a consulta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tiene un artículo único que afecta a los artículos 73 y 102 de la Constitución, e incluye tres disposiciones para su entrada en vigor y adecuación de las normas.

La reforma requiere del apoyo de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que necesita del apoyo del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara alta. La previsión del Gobierno es que una vez aprobada la reforma, todo el resto de modificaciones legales que supone se solucionen en un año. Por lo que respecta a la advertencia de Podemos de que cualquier cambio en la Carta Magna debe implicar un referéndum en el que los ciudadanos se pronuncien también sobre la inviolabilidad del rey, Calvo ha reconocido que el Gobierno "no puede ni debe" decirle que no lo solicite.

La consulta se tiene que convocar si lo solicita un diez por ciento de los diputados del Congreso (35), por lo que la formación morada tiene suficientes, tal y como ha recordado la vicepresidenta, así que si Podemos requiere hacer un referéndum el Gobierno verá "qué encaje tiene" porque es un "requisito legal" que hay que cumplir. Así, ha insistido en que lo importante para el Gobierno es que la reforma constitucional para restringir los aforamientos "llegue a buen puerto" y va a poner "todo su empeño" para conseguirlo.

En lo que se refiere a extender esta reforma a las comunidades autónomas, Calvo ha indicado que no es competencia del Ejecutivo sino de los Parlamentos autonómicos, pero ha destacado que ahora se marca "un listón de ética muy alto" que tendrá que conllevar una "revisión y armonización" para todo el sistema político. "No podemos imponer lo que tengan que hacer los parlamentos autónomicos. Pero evidentemente el Gobierno pone el listón de ética y que va a provocar un nivel una armonización de los parlamentos autónomicos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha considerado que la tramitación por el Consejo de Ministros de la eliminación de los aforamientos en caso de delitos cometidos fuera del ejercicio del cargo político es una "estafa" y un "engaño" que "pretende blindar a los corruptos".

Ha recordado que Ciudadanos consiguió que por primera vez en democracia se aprobara una moción en el Parlamento español para suprimir "todos los aforamientos para que los políticos tengan que ir al juez de primera instancia, sin privilegios, y especialmente si es un caso de corrupción". "Lo que aprueba hoy el Gobierno de España es una estafa a la ilusión de los españoles, que creían que por fin se iban a suprimir los aforamientos", ha denunciado Rivera, quien cree que la propuesta del PSOE es un "engaño" que pretende "blindar a los corruptos y que sigan siendo aforados".

Ha acusado a PSOE y PP de "mangonear y repartirse los jueces para luego tener privilegios" y ha lamentado que con el planteamiento del Gobierno "se hable solo de uno o dos por ciento de casos que afectan a la vida privada de los diputados". "Ese no es el problema. El problema principal de España es que hay gente que sabe que cuando comete un delito de corrupción va a ir aforado a un tribunal concreto y su partido se va a encargar de poner y quitar jueces en ese tribunal", ha censurado Rivera, que ha anunciado que Ciudadanos no va a apoyar esta medida.

Hay algunas autonomías que ya han eliminado los aforamientos de sus políticos. Es el caso de Canarias, por ejemplo, que en la reciente reforma de su Estatuto ha terminado por completo con el aforamiento de los miembros del Ejecutivo y parlamentarios autonómicos, incluso para los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En el mismo sentido se están tramitando en la actualidad las reformas de los Estatutos de Cantabria y Murcia.

Una disposición transitoria precisará que la reforma se aplicará a los procesos iniciados "con posterioridad a su entrada en vigor" y una disposición adicional señala que en el plazo máximo de un año se deberán aprobar las disposiciones legales necesarias para regular el régimen procesal de los aforamientos.

En su informe, el Consejo de Estado apuesta por acotar también y en el mismo sentido que para el Gobierno, el fuero de los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus vocales, del Tribunal Constitucional, de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, del presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia.

También el aforamiento del fiscal general del Estado, fiscales de Sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo. Como en el caso de los cargos públicos autonómicos, el Consejo de Estado considera que no tendría sentido que tuvieran un nivel mayor de protección que los políticos a los que se refiere expresamente la Constitución.

Una vez que el texto llegue a las Cortes, el Ejecutivo ve posible tramitar la propuesta en tan sólo 60 días y ha asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida -y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención- es obligado proceder a esa consulta.