El juez Pablo Llarena no está solo. Magistrados del Tribunal Supremo respaldan la labor del instructor al frente de la causa sobre la deriva independentista de Cataluña tras la demanda civil presentada por Carles Puigdemont en Bélgica por un presunto delito contra el honor.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que los magistrados del alto tribunal muestran su apoyo y adhesión al juez después de conocerse la inexactitud en la traducción al francés del contenido del discurso que el jurista pronunció en febrero en Oviedo y que motivó la presentación de la acción civil.
La defensa del expresidente catalán está convencida de que se trata de un "error" de traducción que no afecta al conjunto de la demanda interpuesta contra Pablo Llarena, a quien acusan de falta de imparcialidad por insinuar durante una conferencia que en España no existen presos políticos. Según el letrado Gonzalo Boye, no es más que una "cortina de humo" aunque rectificará ante el tribunal belga, tal y como ha confirmado a La Información.
La alteración del mensaje en cuestión se produce en la parte en francés de la demanda, según la cual el juez dio por hecho en su comparecencia que los acusados cometieron delitos recogidos en el Código Penal, cuando en realidad, el magistrado sí respetó la presunción de inocencia de los exmiembros del Govern.
"Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en el Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados", dijo en su comparecencia.
No cometió prevaricación
Fuentes jurídicas apuntan que, incluso habiéndose pronunciado en los términos que recoge la traducción, no se le puede atribuir reproche alguno al tratarse del juez instructor y puesto que son unas afirmaciones ya recogidas en los autos emitidos a lo largo de la investigación, que arrancó en noviembre del año pasado. Cosa bien distinta sería que estas expresiones se les atribuyeran a los magistrados de la Sala de lo Penal que juzgarán a los 25 procesados en la causa.
Las mismas fuentes explican que la alteración en el significado de las palabras de Llarena, en caso de que tuvieran una intención manifiesta por parte de Puigdemont, podría suponer la comisión de delito de estafa procesal, recogido en el artículo 250.1 del Código Penal, aunque en este caso no se produce puesto que no hay ánimo de lucro en la demanda, que pide una indemnización simbólica de un euro.
Con todo, la acción contra el juez también ha provocado la reacción de los vocales conservadores del Consejo Fiscal que ven en este movimiento un "ataque intolerable" no solo al juez instructor sino al sistema jurídico español. Por este motivo piden al Ministerio de Justicia que les aporte toda la documentación relativa a esta causa que, dicen, trasciende los límites de una demanda estrictamente personal.
Se refieren los fiscales a los dos informes de la Abogacía del Estado favorables a que el Gobierno asuma la defensa de Llarena en Bélgica y que motivaron, junto con la insistencia de jueces y magistrados, la actuación de los servicios jurídicos del Estado a favor del juez en esta causa.
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