18 De noviembre de 1976. Encaje de bolillos: las Cortes se suicidan

Paco Torralbo

Madrid, 21 mar.- Poco más de cuatro meses después de su toma de posesión, Suárez logró que las Cortes del franquismo aprobasen la ley de Reforma Política, el certificado de defunción del régimen que ellas mismas representaban.

La tarea exigía una especial habilidad política. El nuevo presidente del Gobierno tuvo que convencer a la clase política franquista de que el cambio de régimen no implicaría ningún tipo de represalia y de que, aún más, en la nueva situación seguiría habiendo un futuro político para ellos.

La ley ya había provocado, al pasar por el Consejo de Ministros un mes antes, la dimisión del vicepresidente, el general Fernando de Santiago, que fue sustituido por un hombre crucial en los gobiernos de Suárez: el entonces jefe del estado Mayor de la Defensa, general Manuel Gutiérrez Mellado, que llegaría a encarnar la imagen del militar demócrata en el imaginario de los españoles.

La ley, que suponía la celebración de elecciones democráticas, fue ratificada al mes siguiente en referéndum con una alta participación (77,7 por ciento) y un apoyo masivo (94,1 por ciento de voto afirmativo).

Mientras, Suárez seguía con sus contactos discretos con la oposición democrática, aún ilegal. Se entrevistaba con la llamada "comisión de los nueve", para intercambiar ideas sobre cómo hacer la transición.

Se trataba de conseguir que los partidos políticos participasen en las elecciones parlamentarias que el Gobierno pretendía convocar; a cambio, Suárez debía garantizar que ningún partido sería excluido.

El problema se produjo con el PCE, para el que se proponía su presentación como independientes.

Los militares se habían manifestado muy claramente en este punto: pasen los socialistas y nacionalistas moderados, pero los comunistas no pueden ser legales.

Pero el PCE era, en aquellos años, "el partido", el grupo que, con mucha diferencia, tenía más capacidad de movilización en la calle.

El primer contacto de Suárez con el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, se produjo el 28 de febrero de 1977, en un chalet que tenía en Aravaca Pedro Mario Armero. En esa reunión, según Carrillo, el presidente del Gobierno decidió definitivamente legalizar el PCE.

Para entonces, el PSOE ya aparecía ante la opinión pública como un partido legal, sin serlo.

En diciembre de 1976, se celebró en Madrid, con permiso del Gobierno, el XXVII Congreso del PSOE, que reeligió a Felipe González como secretario general.

Era otra imagen gráfica de que la democratización del país iba en serio.