Hace casi dos semanas, Esquerra Republicana se abstuvo durante la votación de la proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso para ajustar el impuesto al nuevo escenario que plantea la inflación.
El Gobierno de coalición vuelve a poner de manifiesto la división en sus filas, después de que la formación morada y el ministro de Consumo se haya desmarcado del voto en contra de Izquierda Unida.
Según la Guardia Urbana, han sido unas 150.000 las personas que han asistido a la manifestación, la cifra más baja de la última década, al margen de los dos años de pandemia, la organización lo cifra en 700.000.
Además de las anunciadas ausencias del presidente catalán, Pere Aragonès, y los consellers de ERC, a la manifestación tampoco asisten ni Oriol Junqueras, ni Marta Vilalta, ni otros dirigentes de peso.
Mientras tanto, JxCat y ERC han protagonizado un nuevo rifirrafe público, por el diálogo con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, en la víspera de la fiesta catalana del 11 de septiembre.
Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, la ministra de Hacienda ha dicho que "se ha hecho un esfuerzo muy importante para dialogar con Cataluña y mantener el espíritu constructivo".
La presidenta del Parlament insiste en su inocencia: "No puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido ningún perjuicio para la administración"
Esta martes tampoco se ha logrado la admisión definitiva de la Ley de 'solo sí es sí', después de que una enmienda de Junts se aprobase con el apoyo del PP, ERC, Cs, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros.
El Senado informa de que se trasladará la enmienda al Congreso de los Diputados para que se valore en conjunto, aunque no tiene previstas nuevas sesiones parlamentarias hasta el próximo mes de septiembre.
El secretario general de la formación, Jordi Turull, ha advertido al PSOE "que se busquen otro socorrista, porque ya conocemos a Pedro Sánchez, que para salvar la Moncloa es capaz de ahogar a Cataluña".
Han respaldado el decreto ley ERC, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Coalición Canaria, Teruel Existe, el PRC y Compromís. El PP, Ciudadanos, Junts, la CUP, BNG y Foro Asturias se han abstenido.
La portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, ha declarado que "no ve condiciones" para conversar con el Ejecutivo porque este no ha mostrado un cambio tras el caso Pegasus y pide una reunión de presidentes.
La sala que dictó la sentencia que impone un 25% de las clases en castellano eleva una petición para que las partes implicadas en la causa evalúen posibles infracciones a la Constitución y el Estatuto catalán.
La norma ha salido adelante con el apoyo del Gobierno y sus socios de investidura, mientas Ciudadanos, PP, Vox, Ciudadanos y Junts se han abstenido. No ha contado con ningún voto en contra.
Según el juez, los indicios en este procedimiento, "evidenciarían" que utilizó sus funciones como directora de la ILC dictando "resoluciones injustas" para adjudicar 18 contratos menores.
La cámara alta ha enviado al BOE la ley para su publicación y entrada en vigor, a pesar de que la votación ha resultado por tres veces consecutivas con 126 votos a favor, 126 en contra y 4 abstenciones.
Según cualquier manual de economía política, Cataluña debería ser de derechas y Andalucía de izquierdas pues los ricos son conservadores, y la gente bien situada cree en la libre empresa y critica los impuestos.
La Generalitat y JxCat se querellaron contra el exlíder del PP por injurias, columnas e incitación al odio. El alto tribunal se declara no competente al decaer su condición de aforado, tras dejar su escaño en abril.
El líder del Ejecutivo admite que existe un problema político en Cataluña e insta a reunirse para que todas las formaciones den su opinión y se pueda volver a recuperar "esa confianza quebrada".
Los grupos parlamentarios buscan hacer frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija impartir una cuarta parte de las clases en esta lengua.
El pronunciamiento anula un auto anterior que desestimaba medidas cautelares tanto al expresidente de la Generalitat como a sus exconsellers, Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres con escaño como eurodiputados.
La Ley Audiovisual, que marca porcentajes mínimos a las plataformas en producción europea, española y lenguas cooficiales, así como a cine de mujeres, ha superado hoy un nuevo trámite en el Congreso.
Han dedicado la mayor parte del tiempo del encuentro, que ha durado hora y cuarto, a hablar del espionaje, así como de la "situación judicial" del expresident y del "resto de los exiliados" tras el referéndum del 1-O.
El Ministerio de Irene Montero sospecha que puede haber un acuerdo entre el PSOE y el PP que impida el consenso y ponga en riesgo la ley del solo el 'sí es sí'.
La decisión cumple con la resolución parlamentaria de llevar a los tribunales los posibles 'pinchazos' a los móviles de más de 60 independentistas, iniciativa respaldada por PSC-Units, ERC, JxCat, CUP y comunes.
Página 1 de 10