Los territorios a los que les pueden afectar las medidas de regulación del alquiler que planea el Gobierno empiezan a conocerse. La primera pista está recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, en el que se definen por primera vez las zonas tensionadas para acceder a un arrendamiento. Las ciudades afectadas están en cinco provincias (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga) y en los archipiélagos balear y canario, que ya están consideradas como "ámbitos especialmente tensionados". Esto supone que cuentan con una oferta insuficiente de vivienda a precios asequibles para atender la demanda existente. Por lo que se pone en el foco a siete ámbitos de cara a la futura intervención del mercado que se incluirá en la Ley de Vivienda.
Los que serán 'puntos calientes' aparecen en el Libro Rojo de las nuevas cuentas públicas, que fueron desveladas por el Ministerio de Hacienda este miércoles. En el desglose de lo que le corresponde al Ministerio de Transportes, que es el que posee las competencias de vivienda, es donde se ha dejado constancia del análisis preliminar de las zonas tensionadas. En concreto, las señaladas son Madrid y su área metropolitana, formada por otros 28 municipios; Barcelona y las mismas localidades de su entorno, que se amplían a 36; también ocurre lo mismo en Valencia, al afectar tanto a la capital de la Comunitat como a 44 pueblos alejados a un máximo de 20 kilómetros. Además, están las andaluzas Sevilla y Málaga, junto a Baleares y Canarias de manera íntegra.
Este análisis se produce en el marco del rebautizado Plan de Viviendas para el alquiler asequible, antes conocido como Plan 20.000 viviendas. Una apuesta por "el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales" cuando existan situaciones de ingresos limitados. Esto ha implicado ese estudio de las zonas tensionadas, para lo que se han utilizados datos como la evolución de las operaciones de compraventa, los precios en compra y en alquiler o la situación económica de los hogares. "Se ha realizado una identificación de los ámbitos territoriales en los que existe un mayor desajuste entre la evolución de los precios de la vivienda y las posibilidades de acceder a una atendiendo a las características locales del mercado del alquiler", expone el documento de los PGE.
Primeras inyecciones para la oferta de alquiler
Entre las novedades de los PGE que se vinculan a este Plan futuro destacan dos subvenciones para la promoción de viviendas en alquiler asequible o social. Ambas supondrán un gasto público de 26,64 millones de euros. Una de ellas es para el Ayuntamiento de Barcelona, que deberá impulsar estas políticas con los 11,74 millones de euros que se le transferirán. La otra se reparte entre distintas entidades locales, y llega a los 13,89 millones. Las que recibirán el dinero serán el Área Metropolitana de Barcelona (5,39 millones), los Ayuntamientos de Sevilla (4 millones) e Ibiza (1 millón) y los Consell Insular de Mallorca y Menorca, con 3 millones y 500.000 euros respectivamente.
Tanto para lo presupuestado ahora como para el futuro, para la construcción de las nuevas promociones con la que aumentar la oferta de alquiler se utilizará el suelo que está bajo el poder de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES). El proceso continuará siendo de subvenciones nominativas para las autonomías y los ayuntamientos que lo soliciten para lanzar promociones en esos terrenos de titularidad pública. La financiación que recibirán las administraciones beneficiarias contemplará el coste del suelo, la urbanización, la posibilidad de colaboración público-privada y los recursos complementarios requeridos para llevar a cabo el estudio de viabilidad del proyecto.
Esta política por el arrendamiento a precios más bajos se incluirá en la estrategia estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que está siendo elaborada por el departamento que lidera la ministra Raquel Sánchez. Dicho plan se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros tras haber superado el trámite de información pública. En este será donde se incluya un límite máximo de alquiler de 600 euros para poder acceder a distintas ayudas. Estas se destinarán a distintos colectivos que trascenderán a los jóvenes, como las víctimas de violencia de género. También será el que aglutine todas las medidas de esta materia, ya sean de compra o de alquiler a precios más asequibles.
Los algo más de 26 millones iniciales son solo el anticipo de un plan para el que aún no existe un presupuesto determinado. La elaboración del Real Decreto que está pergeñando Transportes y las negociaciones entre distintos ministerios serán los que determinen el coste final de este fomento del alquiler. El Gobierno ya anticipa que su intención es que la ejecución de lo que aporte para este fin se complete al 100%. "En caso de un incremento de la dotación existiría capacidad para ejecutarlo", añade en el documento de los Presupuestos.
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