El Gobierno crea un fondo de alquiler social y paraliza los desahucios a los más débiles

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley de protección ante los desahucios para los colectivos más desfavorecidos. "Es una primera fase de medidas", ha señalado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

De hecho, esta norma se ciñe a dos medidas, que se pondrán en marcha de manera inmediata, y que el Gobierno define como de carácter "humanitario" para frenar el embargo a las familias con menos recursos.

La primera consiste en la paralización durante dos años de los alzamientos de una serie de colectivos: los que no superen los 19.200 euros anuales y que además cumplan una serie de requisitos, como ser familia numerosa, tener hijos menores de tres años o personas en dependencia a cargo, que estén en paro y sin prestación por desempleo o que sean víctimas de supuestos de violencia de género.

Además, se impone al Gobierno la obligación de crear un Fondo Social de Viviendas dirigido al alquiler para personas que ha perdido su vivienda y a precios bajos.

Lo importante de este decreto ley es que "nadie se vaya de su casa", ha añadido el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien también ha señalado que estas medidas no afectan a la actual normativa de ejecución hipotecaria, ya que lo que se concede es una moratoria de dos años.

"Durante dos años, sin coste, podrán continuar en su vivienda", ha insistido el ministro. La vicepresidenta ha añadido que, además, pasado este periodo, contarán como medida de continuidad con el alquiler social que también pondrá en marcha el Gobierno.

Estas medidas entrarán en vigor al día siguiente de que el real decreto hoy aprobado sea publicado en el BOE, por tanto, podría ser a partir de este mismo sábado, ya que lo habitual es que estas normas se publiquen en el BOE al día siguiente de ser aprobadas en el Consejo de Ministros.

Además, ha asegurado que tanto en esta medida, como en cualquier otra, "se está en contacto con las autoridades europeas", ha dicho en relación a la advertencia de Bruselas de que cualquier cambio en la normativa hipotecaria deberá ser consensuado con ella.

Respecto a las fallidas negociaciones entre Gobierno y PSOE para consensuar las medidas antidesahucios, la vicepresidenta ha dicho que "no podemos admitir demoras" y, por eso, ha tomado medidas sin haber conseguido llegar a un acuerdo.

No obstante, ha añadido que ahora se abre un periodo de debate parlamentario que permitirá debatir mejoras con todos los grupos. Además, ha recordado al grupo socialista que gobernó hasta hace muy poco y no tomó medidas, con lo cual, debe ser sensible a las dificultades que hay a la hora de modificar las normativas relacionadas con el sistema hipotecario y los desahucios.

Banco Malo

El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el cuerpo legal que dará forma al denominado banco malo y que contará con suelos, promociones, viviendas y créditos.

Guindos ha renocido que una de las consecuencias de esta sociedad será la dinamización del mercado inmobiliario, ya que los activos que se inyecten al banco malo lo harán con un ajuste medio del 50% (aunque en el caso de los activos adjudicados, donde se enmarcan las viviendas, este recorte será del 63%).

"Estoy convencido de que los bancos no se quieren quedar con las casas en garantía, su negocio es captar depósitos y dar crédito", ha dicho Guindos en defensa del sistema financiero.

Además, ha recordado que, a pesar del drama social que suponen los desahucios, éstos son la gran excepción, ya que la morosidad hipotecaria apenas ronda el 3%. De hecho, el gran problema inmobiliario de la banca no ha estado en las viviendas, sino en el crédito promotor.

"La situación de mora hipotecaria en España es baja y va a seguir siendo baja", ha insistido el ministro de Economía.

Código de buenas prácticas

El Consejo de Ministros también ha acordado que la banca eleve los supuestos en los que no aplicará desahucios, según el código de buenas prácticas que firmó la mayoría del sector. Éste contempla la dación en pago.

No obstante, Guindos ha señalado que, a pesar de la popularidad de esta medida, debe verse como la última opción, ya que el afectado pierde su casa y de lo que se trata es de evitar que las familias pierdan sus viviendas y se queden en la calle.

Además, ha recordado que la normativa española ya reconoce la dación en pago, el problema es que este tipo de hipotecas son más caras. Si se populariza esta fórmula, o se va hacia una reforma en la que se proteja en exceso al deudor, la banca será más reacia a conceder créditos y los encarecerán, ha señalado el ministro de Economía.

Respecto a cuál será la fuente de viviendas que utilizará el Gobierno para crear su fondo de alquiler social, Guindos ha recordado que "el Gobierno tiene una serie de activos adjudicados a través del FROB" y que en España hay 700.000 casas vacías.

El Ejecutivo también ha señalado que quiere mejorar las estadísitcas de ejecución de viviendas, porque no es lo mismo ejecuciones de primeras viviendas que de apartamentos en las playas o de locales comerciales.