Soria autoriza los sondeos de Repsol en Canarias pero la vía judicial no se ha agotado

Se llaman Sandía, Chirimoya y Zanahoria, son los "poco descriptivos nombres" de los tres sondeos autorizados según publica hoy en Boletín Oficial del Estado (BOE) frente a las costas de Canarias. Concretamente se realizarán dos sondeos, más uno sujeto a los resultados de los dos anteriores. Investigarán si hay hidrocarburos en la cuenca atlántica de Canarias, a unos 50-60 kilómetros de la costa, frente a Fuerteventura y Lanzarote.

Según ha explicado el ministro de Industria, Energía y Medioambiente, José Manuel Soria, si el resultado es positivo, "se abrirá una segunda fase que consistiría en la autorización para la explotación, que sería mucho más larga que la de la prospección".Las ONGs recurrirán ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

En 2012, el Consejo de Ministros aprobó la autorización de estas prospecciones, a pesar del rechazo de las organizaciones ecologistas y el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma. El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo avaló ese decreto aunque estipuló que sí debería existir una autorización específica para cada sondeo.

Por eso y en lo que se refiere a ésta primera autorización publicada por el BOE, el Gobierno Canario ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar de la autorización. Las ONGs ecologistas también han anunciado que recurrirán de nuevo a los tribunales para anular la autorización. Como han explicado a este medio desde Ecologistas en Acción, con la sentencia del Supremo del pasado mes de junio, "no se ha agotado la vía judicial". Industria ha realizado tres autorizaciones específicas y al ser considerado como un acto administrativo nuevo, se puede recurrir. Los abogados estudian ahora la vía a elegir. Hay dos alternativas, la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La petrolera, por su parte, tiene previsto comenzar los trabajos en breve, tal como anunció hace unos días su presidente, "en el último trimestre del año" y poder conocer los primeros resultados para enero de 2015.Detención de los trabajos si se produce un terremoto de más de 4,5 grados

La resolución conocida hoy, y firmada el pasado 11 de agosto, por el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, contempla catorce condiciones:

-La compañía deberá instalar sistemas de control de la sismicidad tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, para controlar si se produce cualquier movimiento en el subsuelo como consecuencia de las perforaciones, en un radio de 20 kilómetros alrededor del sondeo.

-Las perforaciones deberán detenerse si se produce un terremoto natural de una intensidad mayor a 4,5 en la escala de Richter en un radio de 75 kilómetros.

-Que, en el plazo de seis meses desde la terminación de cada sondeo, se remitan informes técnicos acerca del desarrollo de los trabajos. Deberá también comunicar con al menos una semana de antelación, el inicio y término de los trabajos.

- Repsol deberá constituir un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros y una garantía financiera por 20 millones. Son 60 millones en total, una cifra que el Cabildo de Fuerteventuraha calificado de "ridícula", porque "supone únicamente un 0,4% de los daños que causó el hundimiento de un solo barco (en relación al Prestige)". Desde el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) se estima de "prácticamente nulo" el riesgo por vertido de petróleo por los sondeos.

-En caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o el medio ambiente, Repsol deberá detener inmediatamente las operaciones.

-El operador estará obligado a facilitar los medios para que se pueda acceder a la realización de inspecciones y deberá informar a distintas autoridades, incluida la Capitanía Marítima, de las fechas de inicio y fin de los distintos trabajos.

-El Ministerio de Industria se reserva el derecho a realizar las pruebas que estime convenientes y podrá dejar sin efecto la resolución publicada ante el incumplimiento de las condiciones establecidas.Se aprobaría un impuesto para beneficiar a la zona

El ministro hoy, no ha dado cifras. En anteriores ocasiones ha llegado a cifrar en 400 millones los beneficios anuales que supondría para los territorios, la explotación petrolífera. Sin embargo sí ha reiterado que Canarias disfrutaría de una actividad económica adicional por ingresos fiscales.

Soria, de origen canario, ha asegurado a la agencia Europa Press, que se ploantearían los cambios necesarios para que las islas recibieran ingresos del petróleo. Se tomaría el ejemplo de países como Italia, donde "se grava con el 8% el valor de la producción extraída".