500 días de gestión económica de Rajoy: ¿qué ha hecho y qué le queda por hacer?

500 días dan para mucho. A Mariano Rajoy le han alcanzado para darse cuenta de que una crisis como ésta no se remonta sólo a golpe de reforma, para tantear el abismo del rescate europeo o para revisar sus alianzas en el gran teatro europeo, pero también para experimentar el alivio que supone que los mercados te aparten de su punto de mira.

"Hemos evitado el crack de España", dice el presidente para defender su gestión. Éste es el balance de sus medidas económicas después de sus primeros 500 días de gestión:

Garantizar la estabilidad presupuestaria

Fue la línea central de actuación del Gobierno en el arranque de la legislatura. En apenas seis meses, el Ejecutivo promulgó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria; aprobó un ajuste de 17.800 millones de euros en los Presupuestos de 2012 e impulsó un ajuste extra de más de 18.000 millones en las cuentas de las comunidades autónomas.

Todo este esfuerzo no fue suficiente y en julio lanzó un nuevo ajuste, con medidas como la supresión de la paga de Navidad de todos los funcionarios del país o la subida del IVA del 18% al 21%.

Tanta subida de impuestos y tanto ajuste del gasto no ha servido, sin embargo, para que España alcance el exigente objetivo de déficit que Bruselas le planteó para 2012: 6,3% del PIB.

La parte buena es que el 6,98% en que finalmente se cerró el ejercicio mejoró las previsiones de los analistas y parece haber convencido a los mercados del compromiso de España con el rigor contable.

La parte mala es que este sobreesfuerzo prolongará al menos dos trimestres más la profunda recesión española y ha ayudado a que se desborden las previsiones más pesimistas de subida del paro.

Sanear el sector financiero

Cuando Mariano Rajoy aterrizó en Moncloa, el Gobierno llevaba casi dos años probando sin éxito diferentes fórmulas para recuperar la confianza de mercados, analistas y socios en la banca española.

Luis de Guindos trazó un plan en cuatro fases que, no sin problemas y no sin ayudas, parece haber configurado al menos una hoja de ruta creíble para el futuro de la banca.

Primero, obligó a la banca a reconocer y provisionar en condiciones todos los activos de riesgo en sus balances. Después, encargó a dos auditores externos, Roland Berger y Oliver Wyman, la evaluación de las necesidades de capital que tendría la banca española en el peor de los escenarios imaginables.

Con esta información en la mano se fue a Bruselas a negociar una línea de ayuda financiera de más de 100.000 millones de euros para diluir cualquier sombra de duda sobre la viabilidad del sistema financiero español. Y, como último paso, aisló los activos más tóxicos de sus balances en un banco malo, la sociedad Sareb.

El proceso, que se ha saldado con la nacionalización de cuatro entidades (Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) parece haber disipado las dudas sobre el sector financiero y lo que queda por analizar es si el coste asumido por las arcas públicas no habrá sido demasiado alto.

Reformas estructurales

Es posible que la reforma laboral sea la única que pueda ser calificada como tal. Existe la coincidencia general de que se trata de la reforma más profunda de la normativa laboral en los últimos treinta años y argumentos no faltan a juzgar por su alcance: contratos, formación, coste del despido, ERE, negociación colectiva...

Valorar su impacto es difícil, ya que las cifras del mercado laboral están condicionadas por la situación económica. Los expertos coinciden en que provocó un repunte temporal de los despidos en un primer momento; que ha favorecido las suspensiones o modificaciones de contrato por delante de las extinciones en los ERE; y en que, eso sí, ha bloqueado la negociación colectiva, dejando a cuatro millones de trabajadores al borde de quedarse sin convenio.

Los estímulos a la creación de empleo han sido más bien tímidos. Se ha acabado con la política de bonificaciones de contratos y a cambio se ha impulsado una estrategia de empleo joven, que se sustenta en la reducción del coste de emprender y en el abaratamiento de la contratación de los jóvenes recién salidos de la universidad o la formación profesional. Desde Moncloa se admite que se ve difícil que se cree empleo de forma relevante en esta legislatura.

La reforma de las pensiones es un camino a medio recorrer. Se ha actuado en el ajuste fino, restricciones a la jubilación anticipada o incentivos a la permanencia en el empleo más allá de los 65 años, pero queda pendiente la gran reforma que garantice la viabilidad de un sistema que desde hace dos años está en números rojos y que ya ha obligado a tirar de la hucha de las pensiones.

La reforma de las Administraciones Públicas es otra de las cuentas pendientes. El Gobierno ha lanzado una reforma local, que la Federación de Municipios ha enmendado en 24 de los 28 artículos que contiene; y ha creado un grupo de trabajo para identificar dónde se puede actuar para mejorar el funcionamiento de la Administración Central.

Hacienda admite problemas para suprimir la red estatal de entes públicos y las comunidades autónomas sólo han sido capaces de echar el cierre a un tercio de las empresas públicas que se comprometieron a eliminar.

Las reformas sectoriales en el ámbito energético, ferroviario o de gestión aérea no terminan de salir adelante y algo similar sucede con las reformas para mejorar el funcionamiento de la economía: la Ley de Emprendedores se iba a aprobar antes del verano, después en el primer trimestre de 2013 y ahora "en las próximas semanas"; y la creación del regulador único, las medidas de apoyo a la innovación o los incentivos a la internacionalización están en espera.

Lo más importante: ¿y para qué va a servir todo esto? Pues según las nuevas previsiones publicadas hace unos días por el Gobierno, para bien poco. España llegará al final de la legislatura en 2016 con el objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB cumplido, pero con un crecimiento anémico del 0,9% (la frontera para empezar a crear empleo se sitúa en el 1%) y una tasa de paro por encima del 25%.