El Gobierno contempla un plazo de 20 años para soltar todo el lastre inmobiliario de la banca

Los bancos malos apenas son la punta del iceberg. Aunque algunos quieren ver en estas sociedades el pinchazo definitivo de la burbuja inmobiliaria española, la realidad es que todavía queda por delante una larga trayectoria por el desierto.

Tanta, que el Gobierno estima un escenario de hasta 20 años para dar salida a todos los suelos, promociones y pisos que se ha adjudicado la banca.

Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que estas negras perspectivas son el motivo de que sólo se obligue a los recién creados bancos malos a tener que desprenderse de un 5% de sus activos cada año.

Basta con dividir el 100% de los activos que conformará cada banco malo, entre el 5% que deberán vender, como mínimo, cada ejercicio, para que resulte el citado cálculo de 20 años.

Aunque es cierto que esta cifra es la mínima, es decir, que cada sociedad podrá vender más si quiere y puede, también es cierto que este umbral se ha puesto bajo el convencimiento de que la economía española tardará unas dos décadas en conseguir absorber todo el exceso inmobiliario del pasado.

Aquí debe recordarse que los activos que se inyectarán al banco malo son los que se han tenido que quedar las entidades por los impagos o canjes, es decir, no son las joyas de la corona.

Además, en esta bolsa se encuentran una gran cantidad de suelos y todos los expertos llevan tiempo advirtiendo de que éstos tardarán mucho tiempo en poder hacerse líquidos. Opiniones que ahora confirma el propio Ministerio de Economía con su previsión de 20 años.

Banco con ayudas públicas

No obstante, este listón mínimo del 5% sólo es de obligado cumplimiento para aquellas entidades que hayan recibido dinero del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

Por el momento, se encuentran bajo esta consideración Bankia, Banco de Valencia, CatalunyaCaixa, Novagalicia, BMN y UnicajaDuero.

En los casos de CAM, Unnim y Banca Cívica, al haber sido adquiridas, respectivamente, por Sabadell, BBVA y CaixaBank, el dinero público será devuelto por el Fondo de Garantía de Depósitos en las dos primeras, y por la propia entidad catalana, en la tercera.

Sin embargo, las nuevas provisiones que ha impuesto la última reforma financiera, que exige una cobertura del 30% sobre los activos sanos, frente al 7% anterior, amenaza con arrastrar a un buen puñado de entidades a pérdidas, y a otras tantas a tener que pedir ayuda pública, lo que conllevará que también deberán someterse al calendario de desinversión de activos.

Los bancos deberán presentar sus planes de saneamiento antes del 11 de junio -plazo que se amplía hasta el 30 del mismo mes para las entidades en proceso de fusión- y, si éstos conllevan un incumplimiento de los ratios de solvencia exigidos, deberán explicar cómo van a poder recuperarlos en un plazo de cinco meses.

Estos planes deberán ser autorizados o modificados por el Banco de España en un plazo de 15 días. Y aquí es donde el Gobierno se ha guardado el as en la manga para convertirse en accionista de gran parte de la banca española, porque aquellas entidades que recurran al FROB para recuperar los niveles de capital exigidos, se enfrentan a ver como sólo se les dará entrando en su accionariado.

Suma y sigue, porque Hacienda podrá vetar el banco malo en aquellas entidades controladas por el FROB y contará con un plazo de diez días para tomar la decisión de echarlos atrás.

Alcance del agujero inmobiliario

Al cierre de 2011, la banca española tenía una exposición inmobiliaria de 308.000 millones de euros, de los cuales 184.000 millones correspondían a activos tóxicos (dudosos, subestándar y adjudicados), de los que 50.000 millones deben ser provisionados.

Los sanos, es decir, los que están al corriente de pago, ascienden a 123.000 y, con las nuevas coberturas, contarán con unas provisiones de 30.000 millones.

Los activos que se trasladen a los bancos malos incluirán estos saneamientos, lo que puede interpretarse como que, de media, estos activos pasarán a las nuevas sociedades con un descuento medio del 45%.

No obstante, esta rebaja amenaza con ser insuficiente, ya que los fondos que se han interesado por adquirir parte de estos bancos malos están pidiendo descuentos de hasta el 70%.

Además, el Gobierno prevé abrir la puerta a inyectar dinero público en los bancos malos a través de un desarrollo reglamentario posterior.