Madrid, 26 dic.- El juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid ha enviado en los últimos días a las empresas de telecomunicaciones que dan servicio a Uber y a las compañías que gestionan sus pagos los oficios en los que les ordena que dejen de prestar servicios a la plataforma de transporte compartido.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, este tramite está previsto y da cumplimiento al auto del pasado 9 de diciembre por el que se ordenó cautelarmente la cesación y prohibición en todo el territorio nacional del sistema de Uber.
"No se trata en caso alguno de una nueva medida cautelar, sino de la ejecución de la que ya está en vigor", asegura el TSJ en una nota.
En el mencionado auto, el juez Andrés Sánchez Magro, además de prohibir la actividad a Uber, emplazaba a las empresas de telecomunicaciones y a las de pago electrónico para que suspendieran la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación la aplicación de transporte.
A raíz de esta decisión, en los días siguientes al auto desde el juzgado se han enviado a estas compañías los oficios en los que se les ordena a este tipo de empresas que se abstengan, de forma inmediata, de dar alojamiento a Uber o facilitar su contratación.
Según el auto del 9 de diciembre, entre las compañías de telecomunicaciones a las que se ha librado el requerimiento relativo a Uber están BT España, Colt, Euskaltel, Jazztel, Movistar, Ono, Orange, Telecable, Vodafone y Yacom.
En cuanto a las entidades de pago, el juzgado se ha dirigido a 4B, Servired, Euro 6000 y Visa.
El juzgado mercantil madrileño decidió suspender cautelarmente la actividad de Uber ante la existencia indiciaria de "conductas ilícitas" en el servicio de transporte de viajeros en Madrid y en otros puntos de España, "con la afección directa al servicio público impropio del taxi".
Además, justificaba su decisión de no escuchar a Uber por el "daño inmediato" que se está ocasionando a los taxistas y por el hecho de que está radicada en el refugio fiscal estadounidense de Delaware, con lo que le achaca una "deliberada vocación de opacidad".
La decisión del juzgado madrileño aceptó la petición de suspensión realizada por la Asociación Madrileña del Taxi.
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