El Govern renuncia a la ley de Hacienda y Seguridad Social propias antes del 1-O

El aplazamiento de la tramitación de la Ley de Referéndum en el Parlament de Cataluña ha obligado a los independentistas a modificar sus planes para desconectarse de España. De la batería de medidas legales que tenían previsto aprobar a lo largo de este mes de septiembre, algunas de ellas -de gran importancia para el proceso independentista- van a tener que retrasarse. En concreto, en el Govern dan por seguro que la Ley de Hacienda y la Ley de Seguridad Social no se van a poder aprobar antes del 1 de octubre. Ambos son dos textos que el independentismo había fijado como leyes básicas para la desconexión del Estado español.

La declaración aprobada el 9 de noviembre de 2015 en el Parlament establecía la redacción de tres leyes básicas para convertir a Cataluña en un país independiente: la Ley de Transitoriedad Jurídica, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Hacienda. Eran el trío de normas necesarias para poder ejecutar la secesión. Sin embargo, la hoja de ruta de Junts pel Sí y la CUP se está viendo trastocada por un calendario endiablado y un mes de septiembre de infarto. Así lo reconocen fuentes cercanas al presidente de la Generalitat, que aseguran que estas leyes quedarán pendientes para después del 1-O, fecha en la que está anunciada la consulta independentista.

Estas mismas fuentes afirman que la única ley que está ahora mismo sobre la mesa es la de Transitoriedad Jurídica. Existe un pulso entre JxS y la CUP: la segunda formación está presionando para que esta norma se apruebe en el Parlament a lo largo del mes de septiembre. El propio portavoz del grupo parlamentario de JxS, Lluís Corominas, afirmó hace una semana que aún no existe un acuerdo sobre el contenido de esta ley que servirá para establecer el "nuevo marco jurídico" si gana el sí en la consulta independentista. El texto podría presentarse en la cámara autonómica a lo largo de la próxima semana.

Las dos entidades soberanistas más destacadas, la ANC y Òmnium Cultural también han insistido en los últimos días en que la ley de transitoriedad jurídica tiene que aprobarse antes de la celebración del referéndum del 1-O. No han dicho nada, en cambio, sobre la de Hacienda y Seguridad Social propias. Para ambas plataformas, dar el visto bueno a la conocida como ley de desconexión exprés antes del referéndum es "clave".Dos leyes económicas envueltas en polémica

Las dos leyes económicas de una Cataluña independiente han ido avanzando en el Parlament a través de sendas ponencias. Así, la cámara autonómica aprobó a finales de julio la ley del Código Tributario, que sienta las bases de una futura Hacienda catalana que recaude todos los impuestos de la región de manera autónoma. 

Se trata de un primer embrión para disponer de una Agencia Tributaria propia, pero no es la propia Ley de Hacienda que anunciaron los independentistas en 2015. El órdago, por tanto, ha quedado reducido a esta medida de menor calado a la espera de si finalmente se aprueba una ley más ambiciosa. Además, el Consejo de Garantías Estaturias ha considerado que cuatro puntos de esta norma vulneran la Constitución, por lo que todo apunta a que este texto encallará en el TC.

Algo similar ha ocurrido con la Ley de Seguridad Social catalana, que ha avanzado a través de otra ponencia. Se anuncio la creación de una Agencia propia para gestionar los recursos de los catalanes, pero está por ver en qué queda finalmente. En el informe del Consejo Asesor para la Transición sobre una Seguridad Social catalana presentado en 2014 se recogía la creación de un ambicioso organismo con hasta 4.000 trabajadores.

Un dato llamativo de ese documento hacía referencia a que "el saldo (ingresos menos gastos) del sistema de la Seguridad Social en su totalidad es bastante diferente en Catalunya y en el resto de España. Así, mientras que en Catalunya la Seguridad Social tuvo siempre superávit desde 1997 hasta 2008, en el resto del Estado los superávits se produjeron únicamente entre 2003 y 2007, y por cuantías claramente inferiores. Por otra parte, los años en los que Catalunya ha registrado déficit (1995-1996 y 2009-2010), éste ha sido, en todos los casos, claramente inferior al registrado en el resto del Estado, donde en el 2009 el déficit de la Seguridad Social alcanzó los 21.967 millones de euros y los gastos de la Seguridad Social superaron los ingresos en un 21%, mientras que, en Catalunya, el déficit fue de 1.254 millones de euros y los gastos superaron los ingresos sólo en un 5%".

Y añadía: "Con respecto al 2010, año en que el déficit de la Seguridad Social continuó aumentando por el incremento del paro, en el resto del Estado los gastos superaron los ingresos en un 25% (y el déficit fue de 26.317 millones de euros) mientras que en Catalunya lo hicieron sólo en un 8,6% (y el déficit fue de 2.142 millones de euros)".