"Es evidente que el Gobierno pretende blindar, mediante una actuación arbitraria y contraria a la ley, la requisa y mantener el oprobio de las víctimas. Es importante reseñar que la ley mandata a la Generalitat ordenar y llevar a cabo el proceso de retorno y localización de los herederos de quienes fueron expoliados. A pesar de todo ello, existe en Cataluña la constatación de uso político del retorno de la documentación por parte del PSOE y el PP", sostiene la formación.
En concreto, la iniciativa ha sido registrada para su debate en la Comisión de Cultura, y recogida por Europa Press. En ella recuerda que el Gobierno debe devolver a la Generalitat los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que ya ha sido identificada y digitalizada, en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Cataluña de 2011 y 2013.
A su vez, reclama promover un encuentro con el Gobierno de Cataluña para establecer el procedimiento adecuado para hacer efectiva la devolución de la documentación incautada, además de proceder a la devolución de la documentación incautada requisada a los municipios.
"Hace más de 75 años de la partida de Barcelona del último tren con 35 toneladas de documentos requisados en Cataluña en dirección a Salamanca. (...) La devolución todavía no solamente no se ha llevado a cabo sino que todo apunta a que existe la voluntad política de entorpecer, una vez más, el desarrollo y cumplimiento de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, que así lo mandata", denuncia el republicano catalán.
SIN DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS DESDE 2011
De hecho, sostiene que la última entrega de documentación data del año 2011 y, desde entonces, y a pesar de los trabajos realizados por la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Cataluña, no se ha llevado a cabo "ninguna otra devolución".
Así, recuerda que el día 27 de febrero de 2013, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por 41 votos a favor y una abstención una Proposición no de Ley presentada por Esquerra Republicana de Cataluña sobre la devolución de la documentación del Archivo General de la Guerra Civil Española incautada en Cataluña.
"La razón que hizo posible este acuerdo tan mayoritario, que incluso ponía fecha para la culminación del proceso de retorno, radicaba en la aceptación por parte del Gobierno que de forma recurrente se comprometía en plazos que, posteriormente, no se cumplían", agrega.
Eritja se queja de que, a pesar que la ley fue aprobada en 2005, de que las tareas de digitalización de la documentación concluyeron en julio de 2013, de haberse celebrado ya en la última legislatura de gobierno del PP la convocatoria de la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Cataluña encargada del asunto, "han transcurrido 19 meses y no se han llevado a cabo los envíos".
Paralelamente, dice que en Cataluña "el inconcebible retraso" se ha ido intensificando porque muchos documentos no sólo pertenecen a instituciones, sino que también provienen de personas físicas, muchas de ellas en una edad muy avanzada.
PRESIONES DE LOS GOBIERNOS DEL PSOE Y PP
En este sentido, dice que ya se denunciaron las "presiones" que en su día recibió la Ministra de Cultura del PSOE González-Sinde, desde su mismo Gobierno, para que no ejecutara una parte del retorno de la documentación pocos meses antes de la celebración de las elecciones generales del mes de noviembre de 2011 ante el riesgo electoral que ello pudiera provocar.
"O las mismas declaraciones del Ministro de Cultura, José Ignacio Wert, reconociendo que no era buen momento el llevar a cabo el traslado ante la celebración de las elecciones europeas", apostilla.
Eso sí, señala que, con posterioridad, el Ministro manifestó a la prensa que tenía prevista la devolución de 238 cajas, 350 libros y otros elementos, una cantidad inferior a la reclamada por parte de la Generalitat consistente en 546 cajas, 4.139 libros, 259 carteles y otros documentos.
El Gobierno español aduce para no cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el mes de enero de 2013 que avalaba que la Generalitat percibiera la documentación para restituirla a sus propietarios lícitos, "que algunos de ellos ya no existen".
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