La consejera de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Susana Román, ha defendido este viernes la "legalidad" de la operación pese a las críticas de los dos principales grupos de la oposición en la Asamblea, el PSOE y la coalición Caballas, que han denunciado la "competencia desleal" que la sociedad pública hace al empresariado local "con el beneplácito del PP" y la "prevaricación" en la que podría incurrirse al encomendar obras que "exceden el objeto social medioambiental del grupo".
Según Román, la Ciudad Autónoma ha entablado contactos con Tragsa para estudiar la posibilidad de dejar en sus manos la construcción de dos puentes y la reforma de un polideportivo, entre otros "proyectos complejos a los que, por la exigencia de un determinado nivel de cualificación técnica, no podrían concurrir las empresas locales, que podrán beneficiarse de la subcontratación de hasta un 49 por ciento de las obras", presupuestadas en cerca de 29 millones para este ejercicio y en 114 hasta 2019.
El líder de la oposición Caballas, Mohamed Ali, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que Tragsa "no tiene ni un empleado" en la ciudad autónoma, que arrastra una de las tasas de paro más altas del país, y ha alertado de que "la verdadera voluntad del Gobierno de Vivas es dejar todo el Plan de Inversiones en manos de Tragsa por mero interés político y a costa de perjudicar a las arcas municipales, que perderán el ahorro que genera la competencia en una licitación, y de la economía y el empleo local".
La formación localista ha avanzado que si el Ejecutivo consuma sus planes judicializará el tema por un presunto caso de "prevaricación".
La diputada autonómica socialista Nuria Miaja ha censurado en una nota de prensa que el Gobierno del PP "se decanta por sostener al gigante financiero estatal de Tragsa en lugar de permitir que los proyectos salgan a licitación pública para permitir el acceso a ellos de empresarios ceutíes".
A su juicio, "el uso sistemático y abusivo de las encomiendas no sólo provoca graves implicaciones para la competencia, sino que supone, de facto, condiciones menos ventajosas para las Administraciones demandantes que las que se derivarían de una licitación pública".
Otras instituciones como el Ministerio de Educación ya han recurrido durante los últimos meses en Ceuta a Tragsa para ejecutar sin concurso público obras "igualmente alejadas de su objeto social medioambiental", a ojos de Ali, como la rehabilitación de la vieja Biblioteca Municipal como colegio o el acondicionamiento de la antigua sede de la UNED como Centro de Educación de Adultos.
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